Fue el 1 de junio cuando las primeras denuncias de filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) saltaron a los medios de comunicación. A partir de ahí, en las siguientes semanas se sucedieron informaciones que ampliaban la magnitud de la crisis. Aunque la primera versión oficial fue que no había “elementos objetivos” que demostraran las irregularidades -“esto no es Venezuela, hay que probar las acusaciones”, se ha llegado a decir-, lo cierto es que el consejero de Salud, Jon Darpón, presentó su dimisión al lehendakari, Iñigo Urkullu, extremo nunca antes confirmado. Por aquel entonces ni siquiera había una investigación de la Fiscalía.

El lehendakari no aceptó aquella renuncia. Ni esa vez ni en otras ocasiones a lo largo de los últimos meses en que Darpón se ha visto en la necesidad de tirar la toalla. Urkullu sólo ha accedido a un relevo para él traumático al frente de la cartera con mayor presupuesto de todo el Gobierno unos días antes de que la oposición en pleno (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) tuviese decidido solicitar la reprobación de Darpón en el Parlamento, donde estas tres formaciones superan por un escaño a los partidos que sustentan el Ejecutivo, PNV y PSE-EE. 

“El lehendakari tiene mi puesto a su disposición todos los días”, llegó a declarar ante los medios de comunicación el propio consejero en febrero, a los pocos días de que se conociera el informe de la Fiscalía que daba carta de naturaleza a las irregularidades y planteaba la apertura de una causa penal al entender que había indicios de delito. Quienes sí salieron antes que Darpón fueron la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica (noviembre), y el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto (enero). 

Darpón repitió en más de una ocasión que “Osakidetza es bastante más que una OPE”. “Estamos operando gente, atendiendo partos, … Decenas de miles de personas están siendo atendidas en este momento. No le quiero quitar valor al tema pero no hay ningún hecho probado”, llegó a comentar en una rueda de prensa. La realidad, sin embargo, es que las oposiciones han marcado su agenda en los últimos meses. El caso motivó una primera comparecencia extraordinaria en el Parlamento en pleno verano, que incluyó un 'mensaje' para los anestesistas denunciantes, así como otras más en los meses siguientes. 

Finalmente, la salida de Darpón se consumó a las 12.45 horas del jueves 14 de marzo, cuando el Departamento de Salud comunicó por escrito la “dimisión irrevocable” del consejero Jon Darpón y, lo más importante, que el lehendakari la había aceptado. En puridad, Darpón y Urkullu, juntos en el Gobierno desde finales de 2012, desde el principio, habían acordado esa decisión el jueves anterior, el 7 de marzo. Un día antes, la juez de Vitoria Yolanda Varona había admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía y decretado el inicio de la investigación penal. También era 'vox populi' que el PP se iba a sumar a EH Bildu y Elkarrekin Podemos para solicitar el cese del consejero por la crisis de las oposiciones.

De la mano, ambos habían buscado ya una sustituta para hacer sencilla la transición y garantizar la “continuidad” en las políticas de Salud. La elegida, Nekane Murga, era parte del equipo de Darpón y fue la interlocutora de la oposición en reuniones para tratar de mejorar el sistema de selección de personal de Osakidetza. Ni Urkullu ni Darpón ni Murga han respondido a preguntas de los periodistas en los últimos días para aclarar todos los extremos de lo ocurrido. Sin embargo, el PNV ha activado todos sus resortes para defender la “honestidad” de Darpón, un “valor añadido” que pierde la Administración. Incluso ha pasado a la ofensiva: “El cazador hoy es la presa de mañana”.

A la dimisión como consejero de Salud de Jon Darpón de finales de la pasada semana, motivada por las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), le ha seguido una batería de mensajes desde todas las portavocías del PNV. Andoni Ortuzar, Joseba Egibar, Luis Javier Tellería, Koldo Mediavilla, Mireia Zarate, María Eugenia Arrizabalaga o Josune Gorospe, con mayor o menor intensidad, con unas palabras o con otras, han coincidido en culpar de ello a la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), a los que les han acusado de haber acabado con la carrera de un gestor “intachable” sólo por intereses partidarios y de desgaste del PNV.

Titular tras titular, así ha transcurrido el puente festivo de San José. A las primeras de cambio, sin embargo, esas tres formaciones no han hecho uso de ese escaño de más con el que cuentan en el Parlamento Vasco frente a los de PNV y PSE-EE, los partidos de Gobierno. En la comisión de Salud de este miércoles, celebrada en medio de la resaca por los últimos acontecimientos, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP no han logrado un acuerdo para sacar adelante una resolución que, entre otros puntos, pedía suspender cautelarmente los resultados de las 11 de categorías médicas de la OPE de Osakidetza señaladas por la Fiscalía y en las que habría indicios de que se produjeron filtraciones a aspirantes muy concretos para beneficiarles. 

Ha sido el PP quien se ha desmarcado porque, en otro de los puntos, se aludía a que si se confirmaban judicialmente las anomalías y se optaba por la repetición de exámenes habría que valorar un cambio en los tribunales. Lo que para EH Bildu y Elkarrekin Podemos es una medida básica -“nuevos tribunales como único modo de preservar la imparcialidad”, en palabras de Cristina Macazaga- para el PP puede suscitar dudas de legalidad. “Nos parece prudente esperar”, ha contraargumentado la 'popular' Laura Garrido.

Esta falta de sintonía entre la oposición se repetirá de nuevo este jueves en el pleno de la Cámara. A pesar de la dimisión de Darpón, continúa en el orden del día una propuesta de EH Bildu para crear una comisión de investigación en torno a lo sucedido en la OPE del pasado año. Como cuando se planteó por vez primera esta posibilidad hace unos meses, EH Bildu y Elkarrekin Podemos no sumarán al PP. Este partido considera suficientes las dimisiones en el organigrama de Salud -además de Darpón han salido la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto- y que haya abierta una investigación judicial en torno a las filtraciones de exámenes. 

“Se ha abierto una importante crisis en el Gobierno. Esto no había pasado mucho. Bueno, no había pasado nunca. Esto no ha pasado antes. La dimisión [de Darpón] tiene que ser claramente un punto de inflexión en la gestión que se haga a partir de ahora. Se tiene que abrir una nueva etapa, un cambio radical”, ha explicado Garrido. Mientras, desde la bancada de EH Bildu Rebeka Ubera lamentaba: “Es una pena que en este tema no vayamos todos de la mano”.

No habrá comisión de investigación -salvo sorpresa mayúscula- pero ya esta en marcha desde este miércoles una ponencia para estudiar cambios en el modelo de oposiciones de Osakidetza. Algunas fuentes parlamentarias, incluso, interpretan que podría funcionar 'de facto' como una comisión de investigación y que podrían llegar a tener que comparecer en ella Darpón, Múgica o Soto. Por el momento, este grupo de trabajo presidido por Julen Bollain (Elkarrekin Podemos) se ha limitado a fijar la metodología de trabajo y a fijar que los partidos disponen hasta el 5 de abril para plantear los comparecientes que acudirán a la ponencia. Posteriormente, el legislativo quedará al ralentí por la doble cita con las urnas de abril y mayo y por la sucesión de puentes.

Sin mención a la OPE en la toma de posesión de Murga

Precisamente el ya exconsejero Darpón activó también una ronda de contactos con la oposición para introducir ajustes en la política de Recursos Humanos. Se da la circunstancia de que la interlocutora del equipo de Darpón era Nekane Murga, ahora promocionada a consejera de Salud. Precisamente este miércoles, a primera hora, se ha hecho oficial el relevo con un acto solemne en el palacio presidencial de Ajuria Enea en el que tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la propia Murga han evitado cualquier referencia a la crisis de la OPE.

Urkullu ha aprovechado la última aparición pública como consejero de Darpón para defender su “legado”, en el que se ha detenido para enumerar hasta diez hitos de su etapa al frente de Salud desde el año 2012. El lehendakari, en su alocución, levantaba por momentos la mirada del papel para observar a Darpón, ubicado a su izquierda. También ha remarcado la palabra “honestidad” para describir a su persona. Roto el protocolo, la primero que ha hecho Urkullu ha sido fundirse en un abrazo con quien ha sido uno de sus colaboradores más estrechos desde el inicio de su mandato. Murga, en su primer discurso como consejera de Salud, mayoritariamente pronunciado en castellano, también ha arrancado con un recuerdo a la “gran labor” de su antecesor. 

Murga ha posado con el resto de gabinete para la tradicional fotografía en las escalinatas de Ajuria Enea. Con ella se mantiene una tradición, la de contar con un facultativo al frente de la Sanidad vasca -ella es cardióloga-, y se rompe otra: por vez primera una mujer asumirá la cartera con más presupuesto de la Administración y hará que este gabinete sea el más femenino de la historia.

La titular interina del juzgado de Instrucción 2 de Vitoria, Yolanda Varona, firmó el pasado miércoles un auto que da inicio a la investigación del fraude en las oposiciones médicas del pasado año en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), tipificado inicialmente como un posible delito de “descubrimiento y revelación de secretos”. La primera medida acordada, según ha podido saber eldiarionorte.es, es la toma de declaración de tres imputados y de diez testigos. Las citaciones se pospondrán hasta la última semana de mayo, después, por lo tanto, de las elecciones municipales y forales -y también de las generales-. Asimismo, por el momento tampoco se despeja el futuro procesal de los tres altos cargos de Osakidetza señalados en la denuncia de la Fiscalía que dio origen al procedimiento judicial.

Como informó este periódico, el caso se residenció en Vitoria por haberse celebrado en la capital vasca las pruebas de las categorías médicas en las que se sospecha que se produjeron filtraciones para beneficiar a aspirantes muy concretos y por ser esta ciudad sede de los servicios centrales de Osakidetza. El sistema de reparto llevó el expediente a Instrucción 2, una sala cuya titular, Ana Jesús Zulueta, se halla temporalmente reforzando la Audiencia Provincial de Álava mientras se emite la sentencia del mayor caso de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel'.

La magistrada que ha iniciado las diligencias, que han recibido el código 301/2019, es su sustituta, Yolanda Varona. La juez emitió la pasada semana un auto muy breve en el que acuerda admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía -que investigó el caso durante meses y halló indicios claros de irregularidades en hasta once exámenes de la OPE- e “incoar diligencias previas”. No se recoge ninguna valoración sobre los hechos.

Como primeras medidas, la juez cita a declarar como imputados a los tres facultativos señalados por el ministerio fiscal como responsables directos de las irregularidades en las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo. También prevé recoger declaración a un total de diez testigos. A algunos de ellos se les informará que, como personas “ofendidas y perjudicadas”, podrían hacer uso de sus derechos procesales para personarse en el procedimiento. Todos los interrogatorios se producirán a finales de mayo, de manera que el arranque de esta investigación estará paralizado hasta después de la doble cita con las urnas y mientras el futuro político del consejero de Salud, Jon Darpón, continúa en el aire.

Por el momento, no se ha incluido en ninguna de las dos listas, ni en la de investigados ni en la de testigos, a los tres altos cargos de Osakidetza señalados por la Fiscalía como posibles responsables 'in vigilando' de las irregularidades en las oposiciones. Son Juan Carlos Soto, el ya exresponsable de Recursos Humanos, Andoni Arcelay, director de Asistencia Sanitaria, y Xabier Balerdi, 'número dos' de Soto. Según el ministerio fiscal, sobre ellos podrían pesar elementos incriminatorios pero era prudente determinar su estatus conforme se avanzara en la investigación.

En principio, el plazo ordinario de instrucción es de 6 meses. Si la causa se declarara compleja por su extensión y dificultad, se podría habilitar un plazo de hasta 18 meses.

El consejero de Salud, Jon Darpón, aunque dispuesto a seguir en el cargo, ha dejado en el aire su continuidad en el Gobierno vasco si la oposición en el Parlamento acuerda su reprobación por la crisis de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), en las que la Fiscalía aprecia indicios de delito, según ha trascendido esta semana. “Cuando se produzca, tomaremos las decisiones que entendamos. No sé lo que va a ocurrir. Cuando se apruebe, lo valoraremos”, ha respondido en una tensa rueda de prensa preguntado sobre la petición de dimisión de Elkarrekin Podemos y EH Bildu a la que podría sumarse el PP, formaciones que suman 38 de los 75 escaños de la Cámara.

“¿Se siente usted respaldado al 100% por el lehendakari? Yo trabajo para el Gobierno y para el país. Si no, no estaría hoy delante de ustedes. El lehendakari tiene mi puesto a su disposición todos los días”, ha preguntado y ha respondido el mismo Darpón,  médico de profesión y que ocupa el cargo desde que Iñigo Urkullu llegó a Ajuria Enea en la Navidad de 2012. Se da la circunstancia de que, por el momento, el Ejecutivo no contempla cambios, según manifestó el martes tras el Consejo de Gobierno el portavoz, Josu Erkoreka.

No obstante, Darpón ha insistido en que “no hay ningún hecho probado” que demuestre que se produjeron filtraciones de exámenes para beneficiar a aspirantes muy concretos en las categorías de las especialidades médicas. Incluso ha avalado la “solvencia profesional” de los tres facultativos cuya imputación por revelación de secretos -penada con cárcel e inhabilitación- propone la Fiscalía. Ha apelado a su “presunción de inocencia” y a que en un Estado de Derecho no se puede condenar a nadie sin pruebas.

Además, ha querido dejar claro que “Osakidetza es bastante más que una OPE”. “Estamos operando gente, atendiendo partos, … Decenas de miles de personas están siendo atendidas en este momento. No le quiero quitar valor al tema pero no hay ningún hecho probado”, ha querido enfatizar el titular de Salud, que ha visto como esta crisis se ha llevado por delante a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros.

Preguntado expresamente por su gestión en estos meses tras la proliferación de indicios de fraude, el consejero ha sido muy tajante: “Yo no he ocultado nunca nada. El consejero Jon Darpón no ha mentido en ningún momento”. Ha insistido en que desde que se tuvo conocimiento de las sospechas Osakidetza actuó y lo hizo con voluntad de transparencia y de llegar hasta el final.

Sin embargo, este periódico publicó que el responsable de Recursos Humanos, Soto, conoció antes de que el escándalo saliese a la luz pública adelantado por eldiarionorte.es y por la Cadena Ser que había sospechas de irregularidades en al menos una categoría, Cardiología. La documentación interna muestra que a finales de mayo se decidió no investigar cuando, una vez se conocieron públicamente estas denuncias, fue una de las categorías con mayores indicios de anomalías hasta el punto de que acabó suspendida por la propia Osakidetza.

Darpón ha sugerido que actuó cuando tuvo conocimiento de los hechos y no ha aclarado si Soto le dio cuenta de las reuniones y comunicaciones que motivó esa denuncia a lo largo de mayo e incluso antes de que se celebrara la OPE. En otro momento ha parecido rebajar a “comentarios” esas sospechas de filtraciones. 

Sin aclarar las medidas 

El consejero tampoco ha aclarado cuál será el futuro de los dos altos cargos señalados por la Fiscalía, además de Soto, que ya ha cesado, como responsables de la elaboración de la lista que Osakidetza envió al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y que fueron los autores reales de las pruebas teóricas de las oposiciones, aunque se publicitó que serían elaboradas por el propio IVAP. Ha recalcado que ni Xabier Balerdi ni Andoni Arcelay tienen la condición de imputados, aunque la investigación de la Fiscalía deja a criterio del juez instructor su condición porque pudieran existir elementos “incriminatorios” contra ellos.

En cuanto a los tres facultativos que sí serán procesados, dos de ellos son miembros de tribunales (Anestesia y Angiología) y esas categorías están paralizadas cautelarmente. La tercera, Digestivo, sigue su curso y está prevista la asignación de plazas sospechosas de haber sido obtenidas en algunos casos de manera irregular. “Si los servicios jurídicos determinan que no hay ningún problema para que continúe la fase de concurso, no le vemos ningún problema”, 

Si la crisis abierta en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) como consecuencia de las filtraciones de exámenes en las oposiciones de las especialidades médicas del pasado año fuese una partida de ajedrez, el 'rey' Jon Darpón ya habría perdido a su reina, la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, a algunos alfiles como Juan Carlos Soto, responsable de Recursos Humanos, y hasta peones, tales como el relevo en el equipo de Comunicación. Todos ellos han ido saliendo de sus puestos estos meses aunque la versión oficial es que no había “elementos objetivos” que confirmase la manipulación de la OPE.

Ahora, tras conocerse que la Fiscalía aprecia un delito de revelación de secretos al ver indicios de filtraciones en hasta 11 categorías y que apunta a la responsabilidad de varios miembros del equipo del consejero de Salud, el Gobierno vasco ha optado por jugar un enroque. A pesar de las peticiones reiteradas de la oposición y de los sindicatos de Osakidetza, el lehendakari, Iñigo Urkullu, continúa protegiendo al rey y en la inminente reforma de su gabinete, si no hay sorpresas, sólo saldrá el titular de Turismo, el socialista Alfredo Retortillo, candidato en Barakaldo.

Preguntado por un posible relevo en el Departamento de Salud, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha asegurado que “no tiene sentido”. “Todo lo contrario, habría que intentar que continuara en ese trabajo. Ha acreditado su voluntad de llegar hasta el fondo”, ha remarcado el portavoz sobre su colega. Darpón romperá su silencio tras el paso dado por el ministerio fiscal este miércoles en Vitoria en una rueda de prensa convocada a mediodía en la sede central de Osakidetza. Horas antes, hablará en los micrófonos de Radio Euskadi.

Darpón también ha recibido un capote desde el PSE-EE. Su secretaria general, Idoia Mendia, ha dicho que lo principal es que las OPE sean transparentes y ha defendido que Darpón ha dado todas las explicaciones, ha hecho su trabajo y ha pedido responsabilidades, informa Efe.

Reprobación y comisión de investigación

Entretanto, en el marco también de la precampaña de cara a las sucesivas citas electorales, los partidos de la oposición han elevado el tono. Elkarrekin Podemos y EH Bildu han anunciado ya iniciativas en el Parlamento Vasco para depurar responsabilidades por el fraude de la OPE. La portavoz 'morada' Cristina Macazaga, que ha hablado de “prácticas corruptas asentadas” en la Sanidad vasca, ha anunciado que elevará a la Cámara una propuesta para reprobar a Darpón. Y la abertzale Rebeka Ubera ha vuelto a registrar una iniciativa para crear una comisión de investigación parlamentaria como la que tuvo lugar hace dos décadas en torno al 'pucherazo' en la primera gran OPE del Servicio Vasco de Salud.

Ambas parlamentarias han interpelado directamente al PP. Juntos, los tres partidos suman 38 escaños por 37 de las formaciones que sustentan al Gobierno de Urkullu, PNV y PSE-EE. Hace unos meses, los 'populares' optaron finalmente por no secundar la apertura de una comisión de investigación y dar un voto de confianza a Darpón tras el cese de la directora de Osakidetza, María Jesús Múgica.

El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, ya ha dejado claro que habiendo una investigación judicial en marcha no ve necesaria una comisión parlamentaria -en el pasado los 'populares' defendieron lo contrario en asuntos como el 'caso Margüello' o el 'caso De Miguel'-, pero sí ha deslizado que Urkullu debería dejar caer la ficha de Darpón. Alonso, a pesar de las reiteradas preguntas de los periodistas, no ha llegado a verbalizar una petición nítida de cese o destitución, pero sus palabras sobre el “fin de un ciclo” o sobre la “agonía” que ha de acabarse tenían un claro mensaje latente. “Urkullu debe decidir si quiere seguir quemándose en este asunto y que Osakidetza siga bajo sospecha o si quiere terminar con esto”, ha zanjado Alonso, que fue ministro de Sanidad.

Los principales responsables no son cargos políticos

Al margen de la defensa de Darpón, las explicaciones del Gobierno en torno a la investigación de la Fiscalía son muy limitadas. Erkoreka ha repetido que el Ejecutivo no ha tenido una notificación “oficial” por parte de Carmen Adán y que sólo conoce el alcance de sus conclusiones por las informaciones aparecidas en los medios de comunicaciones. En todo caso, el portavoz ha reconocido que “sería grave” que los tribunales confirmasen la denuncia de la Fiscalía.

El consejero-portavoz ha querido rebajar el alcance del caso porque, según ha subrayado, la Fiscalía sólo es capaz de señalar a tres personas como presuntos responsables directos de las filtraciones -los jefes de servicio de Anestesia, Angiología y Digestivo- y ninguno de ellos es “responsable político” o “pertenece a la organización directiva” de Osakidetza. El ministerio fiscal alude también a la responsabilidad de Soto como director de Recursos Humanos y de otros dos altos cargos, su 'número dos', Xabier Balerdi, y el responsable de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay. Ellos facilitaron al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) la lista de personas que elaboraron los exámenes en las distintas categorías.

Una de las claves es que Salud presentó esta OPE como la de mayores garantías porque iba a ser un órgano externo como es el IVAP el encargado de hacer parte de las pruebas. Sin embargo, al no tener expertos médicos realmente esa labor recayó de nuevo en Osakidetza y, singularmente, en las personas elegidas por su dirección. La fiscal apunta a que el juez deberá determinar si Soto, Balerdi y Arcelay fueron meros testigos o tuvieron implicación directa en las filtraciones, también por su gestión posterior de las investigaciones a raíz de las denuncias.

Precisamente Erkoreka, como consejero de Gobernanza y Administración Pública, es el responsable político del IVAP. A preguntas de los periodistas ha reconocido que “no se puede garantizar al 100%” que se hayan cumplido los “compromisos de confidencialidad” exigibles en una oposición, aunque ha limitado a “tres personas” de “más de 1.200” que integraban los tribunales esas irregularidades.

Osakidetza “como un batzoki”

Entretanto, Elkarrekin Podemos ha puesto de manifiesto que en uno de los casos en que la Fiscalía da por probadas las filtraciones y apunta con nombre y apellidos al responsable de ellas, la especialidad médica de Digestivo, el proceso de la oposición continúa con normalidad y que se están adjudicando las plazas de un proceso trucado. “La Fiscalía ve claramente delito”, ha alertado Macazaga.

Se da la circunstancia de que este martes estaba convocada la mesa sectorial de Osakidetza, el foro que aglutina a la Administración con los sindicatos. El segundo punto del orden del día era precisamente la nueva OPE ya anunciada. LAB, según ha explicado en un comunicado, se ha levantado de la mesa al entender que se buscaba dar una “imagen de normalidad” pasando por alto las conclusiones de la Fiscalía. “Como si no ocurriera nada”, lamenta LAB, que sostiene que Osakidetza “no es un cortijo de nadie ni puede ser un batzoki”.

ESK, como LAB, fue una de las centrales que acudió a la Fiscalía a denunciar las irregularidades de la OPE. Los tres anestesistas que dieron el paso de destapar estas irregularidades, Roberto Sánchez, Marta Macho y Manoel Martínez, son afiliados de este pequeño sindicato, que reclama “el fin de este sistema corrupto y clientelar”. ESK ha pospuesto al jueves una rueda de prensa hasta conocer las primeras valoraciones de Darpón, mientras LAB mantiene su convocatoria para este miércoles.

Con las mismas pruebas sobre la mesa que llevaron al consejero de Salud, Jon Darpón, a repetir varias veces que no había “elementos objetivos” para hablar de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) -“Esto no es Venezuela. Hay que probar las acusaciones”, ha llegado a decir-, la Fiscalía y, en concreto, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha asestado un duro golpe al Gobierno vasco al ver indicios de un delito de revelación de secretos en hasta once exámenes. En tres de esos casos hay base, además, para poner ya nombre y apellidos a los responsables, los doctores César Augusto Valero, María Reyes Vega y José Luis Cabriada como responsables de las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo, respectivamente.

Concluye Adán que, dados los resultados y las declaraciones de numerosos testigos que han colaborado en la investigación, se puede determinar que la designación por parte de Osakidetza de las personas encargadas de elaborar las preguntas “funcionó correctamente en algunas especialidades” pero no así en otras, donde no se mantuvo la confidencialidad exigida. “[El sistema] Permitió a los designados y miembros del tribunal favorecer a determinados opositores en detrimento de los demás, proporcionándoles conocimiento del contenido del examen”, se puede leer tanto en el decreto del pasado 31 de enero con el que Adán ha cerrado esta investigación preliminar -el caso ha recibido el número de expediente 15/2018- como en la denuncia enviada el pasado 5 de febrero a un juzgado para que inicie formalmente un proceso penal en torno a la OPE.

Precisamente el Departamento de Salud publicitó esta OPE como la de la transparencia, ya que por vez primera parte del examen (en general, en las especialidades médicas hay una prueba teórica y de otra de casos clínicas prácticos) se iba a externalizar para garantizar la confidencialidad. Se comisionó para ello al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), con gran experiencia en estos procesos y que dispone de sistemas de seguridad que custodian bajo siete llaves los exámenes. Sin embargo, el IVAP no tiene en nómina personal especializado en materias muy técnicas como lo es una oposición médica y recurrió a profesionales propuestos nuevamente por la dirección de Osakidetza.

En muchos casos, los autores reales del examen eran miembros del tribunal y, como ha venido publicando este periódico, habitualmente hay coincidencia entre las notas más altas y los compañeros de trabajo de estos facultativos contratados por el IVAP. También en Neurocirugía, una de las especialidades en las que la Fiscalía no ha visto pruebas de irregularidades.

La lista del IVAP

¿Quién elaboró esa lista? La directora del IVAP, Maite Iruretagoyena, explicó en la Fiscalía que fueron el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, su 'número dos', Xabier Balerdi, y el responsable de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, los autores de ese listado. También declaró que nunca le avisaron de que esas personas eran, en buena medida, miembros de tribunales. No había control ni “criterios objetivos” para elegir a estas personas, incide la Fiscalía.

Adán ha decidido no solicitar en esta fase preliminar la imputación de Soto, Balerdi y Arcelay, pero entiende que han de declarar y que el juzgado de instrucción, a la luz de sus explicaciones, deberá decidir su situación procesal (ocurre lo mismo con los doctores Pablo Renedo, Luciano Aguilera y Alberto Martínez). Hay datos que “no excluyen” la posibilidad de que estos altos cargos actuaran en connivencia con quienes filtraron las preguntas, entiende la fiscal. Y añade que Osakidetza dio la imagen de que parte de la OPE corría a cargo de un organismo externo cuando no era cierto.

La Fiscalía desliza algunas críticas muy duras a la actuación del equipo de Darpón en la gestión de esta crisis. Menciona, por ejemplo, que Soto conoció las sospechas de irregularidades en Angiología y decidió personalmente mantener a la doctora Vega. También se ha conocido que, en el caso de Cardiología, no se decidió actuar hasta que el caso salió a los medios de comunicación. “Este proceder llama la atención”, se puede leer en el informe del ministerio público, de unas 20 páginas. Igualmente, fue Balerdi -uno de los implicados, según Adán- el encargado de investigar internamente las anomalías en esta especialidad.

Soto ya cesó como responsable de Recursos Humanos a principios de año. Dos meses antes salió también por este caso la directora general, María Jesús Múgica, a la que no se menciona entre los posibles responsables de los delitos y a la que se propone como testigo. Arcelay, en cambio, continúa en su puesto.

Igualmente, Adán destaca que Osakidetza -que públicamente ha destacado su máxima colaboración con la investigación- ha adoptado decisiones “aparentemente contradictorias” a la luz de los indicios de que disponía. También afea que no se hayan entregado todos los documentos en una categoría, Cirugía Plástica, o que no esté claro si en el análisis de Urología se estudiaron las notas correctas. El Departamento de Salud -que en las últimas fechas también ha cambiado su equipo de comunicación- se ha limitado a reseñar que no ha tenido “notificación oficial” por parte de la Fiscalía y que esperará a conocer “toda la información” antes de realizar una valoración en profundidad.

Críticas de oposición y sindicatos

La oposición, por el contrario, sí ha reaccionado a las decisiones adoptadas por la Fiscalía. “Lo dijimos al principio: no se respeta la igualdad de oportunidades y hay una práctica clientelar”, ha enfatizado Cristina Macazaga, de Elkarrekin Podemos y que ha apoyado todos los pasos de los tres anestesistas que dieron el paso de denunciar esta trama. También Rebeka Ubera (EH Bildu) entiende que esta investigación ha ratificado “las tesis que desde un primer momento” ha denunciado la oposición.

La parlamentaria del PP, Laura Garrido, insistió sin obtener respuesta en varias comisiones parlamentarias en buscar el dato de quién había decidido qué personas colaborarían con el IVAP para la realización de los exámenes. “Si las filtraciones están relacionadas con las personas que realizan los exámenes y a estas los nombra la Dirección de ”Osakidetza se apunta al papel clave y relevante de ésta en las irregularidades que están siendo objeto de investigación“, ha asegurado. El PP, en cambio, no apoyó a última hora la creación de una comisión de investigación sobre la materia al dar por suficiente la salida de Múgica. Los sindicatos -que fueron quienes pusieron el caso en manos de la Fiscalía- han sido más contundentes y han pedido abiertamente la dimisión de Jon Darpón.

En su investigación, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha determinado que hay indicios de filtraciones en 11 categorías médicas de la gran OPE de Osakidetza de 2018, que tenía un total de 86 categorías con su correspondiente parte teórica y práctica. En tres casos ha identificado ya a los presuntos responsables de los hechos y, en las otras ocho, plantea que sea el juzgado al que ha remitido los hechos el que individualice esas responsabilidades. En cuatro casos más no aprecia evidencias de que se produjeran irregularidades. Ésta es la lista de todas las categorías analizadas.

BLOQUE 1: HAY INDICIOS DE DELITO Y RESPONSABLES DIRECTOS

Anestesia

Fue el origen de la investigación en torno a la OPE. Tres anestesistas denunciaron la práctica extendida de filtraciones y, en el caso de su especialidad, acudieron a un notario para 'adivinar' antes de la celebración de las pruebas quiénes iban a ser algunos de los mejores aspirantes, extremo que confirmaron las pruebas. Una de las denunciantes, Marta Macho, recopiló pruebas e incluso grabaciones que confirmarían la existencia de filtraciones. En ellas se escucha lo siguiente en boca de uno de los opositores, según transcribe la Fiscalía: que “está esperando la respuesta de si recibe o no las preguntas para su uso personal para seguir en su puesto, siendo como es una plaza de OPE”. El presidente del tribunal, el doctor Joseba Julen Ballesteros, ha declarado que, dados los resultados anómalos de los candidatos más próximos al autor del examen, se podría pensar que “han podido ser favorecidos por algo”. La redacción de las preguntas la realizó César Augusto Valero. Alegó que si sus colegas podían conocer los casos clínicos del examen era porque gestiona “veinte revistas” y habitualmente difunde esos contenidos. La Fiscalía destaca que los miembros del tribunal recibieron “muy nerviosos” los resultados, en los que había notas “sorprendentemente altas” aunque “sólo un 11%” había aprobado.

Angiología

La Fiscalía habla de “resultados insólitos” porque de cinco aprobados “cuatro trabajaban en el hospital de Basurto” con la autora del examen, María Reyes Vega. En este caso un vocal del tribunal, el doctor José María de Egaña, ya denunció internamente estas irregularidades. La investigación afea a Osakidetza que haya concluido que no se produjeron filtraciones cuando los indicios apuntan a lo contrario.

Digestivo

El examen corrió a cargo del doctor José Luis Cabriada. Se ha descubierto que cambiaron los criterios de la segunda prueba después de realizada la primera y la investigación no ve creíble la explicación de que se hizo porque era muy sencillo, ya que la mayoría suspendió. Así las cosas, en esa segunda “algunos de los que obtienen dicha puntuación son opositores que están trabajando con el doctor Cabriada”.

BLOQUE 2: HAY INDICIOS DE DELITO Y NO RESPONSABLES DIRECTOS

Cardiología

Antes de la celebración de la OPE, uno de los vocales del tribunal, Ángel Loma Osorio, alertó de filtraciones. Hablaba de datos “fundados” de que “parte del tribunal tenía la intención de filtrar selectivamente el contenido” de la segunda prueba. Al ver que hubo tantos exámenes perfectos como plazas ante una prueba difícil, él y una compañera denunciaron nuevamente las anomalías. Esta doctora, Izaskun Obieta, ha declarado haber visto a miembros del tribunal “contentos” por ver que sus colegas de hospital habían logrado la plaza. “No quería ser corresponsable de aquello”, le dijo a la fiscal.

Traumatología

Enrique Uriarte, jefe de servicio de Basurto, alude a posibles “filtraciones”. La anestesista denunciante, Marta Macho, avisa también de que, nuevamente, los cinco mejores expedientes son compañeros del autor del examen. Algunos miembros del tribunal se reunieron sin avisar al resto en un hotel de Vitoria. 

Cirugía Plástica

Es un caso extraño, dado que estadísticamente no parece haber anomalías. Sin embargo, una de las opositoras era familiar de un vocal del tribunal. El miembro del comité evaluador se retiró antes de la OPE y ella, sorpresivamente, realizó el examen y no lo entregó. La Fiscalía llama la atención de que Osakidetza no ha aportado algunos documentos a los que hacen alusión los testigos. 

Urología

Nuevamente, la Fiscalía da un tirón de orejas a Osakidetza porque aparentemente realizó su análisis estadístico -contratado a un experto de la Universidad de Oviedo- con unas notas que no eran las definitivas. De nuevo, hay exámenes con resultados muy altos coincidentes con el número de plazas ofertadas. 

Medicina Intensiva

“Es difícil explicar que haya un 60% de profesionales que se presentan y obtengan una puntuación por debajo de 20 sobre 100 y que, por otro lado, se encuentre un grupo con muy buenas notas”, se puede leer en el informe. Ve sorprendente la Fiscalía que Osakidetza anule parte del examen cuando a la vez no aprecia indicios de irregularidades. Un testigo asegura que no tiene pruebas pero que hay “demasiados días” desde que se ponen en común las preguntas y el día del examen, lo que “aumenta el riesgo”.

Urgencias

“Los resultados por centros en la segunda prueba son atípicos”, indica la Fiscalía.

Microbiología

La Fiscalía señala que Osakidetza no investigó esta categoría debidamente aunque haya pruebas de que un vocal del tribunal y algunos opositores compartieron ponencias en un congreso médico y que esas comunicaciones luego entraron en el examen de la OPE.

Cirugía Cardiovascular

“Queda constancia de que, al igual que en otras especialidades, la práctica seguida [para hacer el examen] permite las filtraciones”, indica la Fiscalía. Una testigo asegura que sus compañeros en el tribunal “insistieron muy vehementemente” en que tenían que conocer no las preguntas pero sí quién se iba a encargar de prepararlas. Esta mujer añade que ella iba a garantizar la confidencial de la OPE pero no así otros dos jefes de servicio. La presidenta del tribunal “cuestionó su permanencia” y ella dimitió. 

BLOQUE 3: NO HAY INDICIOS DE DELITO

Medicina del Trabajo, Neurocirugía, Anatomía y Otorrinolaringología

Dos de los tres anestesistas que desde el pasado verano vienen denunciando las irregularidades detrás de las oposiciones a especialidades médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) han iniciado 2019 con importantes cambios en su puesto de trabajo en el hospital del Alto Deba, algo que interpretan como una “represalia” por haber alzado la voz. Marta Macho ha visto caer su jornada (y su salario) al 60% luego de que las dos colegas cuyas reducciones de jornada cubría hayan sido “invitadas”, según denuncia, a trabajar más horas. Manoel Martínez, por su parte, perderá su plaza a partir del 15 de febrero por el regreso de la compañera a la que sustituía y se limitará a trabajar “tres o cuatro días” al mes haciendo guardias, con la consiguiente merma económica.

“Les puede la venganza. Estamos sólo dos en la Unidad del Dolor. Conmigo al 60%, la cobertura médica no se va a llevar a cabo”, indica Macho, quien como Martínez no tiene una plaza fija. Ambos denunciaron junto a un tercer anestesista, Roberto Sánchez, que los procesos selectivos para el acceso a esos puestos estaban teledirigidos para que los consiguieran candidatos muy concretos. “Voy a perder el 40% del salario”, explica la facultativa, que valora ya un traslado a otro centro de Osakidetza, aunque sin garantías de ningún tipo. “En Urduliz o Txagorritxu necesitan gente, pero no me lo van a poner fácil”, asegura.

Martínez, de origen gallego, llegó a la Sanidad pública vasca para cubrir la baja de otra anestesista. “Hace nada me llamaron para informarme de que había cogido el alta. Ahora estoy con sus vacaciones pendientes hasta el 15 de febrero. Después sólo me han ofrecido hacer guardias, trabajar tres o cuatro días al mes. Ni siquiera sé lo que pasaría a cobrar”, señala este médico, que subraya que la profesional ahora de alta está tramitando desde hace tiempo su baja definitiva. 

Según Patxi Nicolau, delegado del sindicato ESK, al que pertenecen estas tres personas, no es casual que Osakidetza haya hecho regresar a personas de baja o invitar a quienes tenían reducciones de jornada a trabajar a jornada completa o más horas. “Es muy difícil de demostrar pero ¡qué casualidad!”, protesta Nicolau, que este lunes ha analizado esta situación con tres directivas del hospital del Alto Deba sin que, a su juicio, le hayan ofrecido explicaciones claras.

Consultado por este periódico el Departamento de Salud, sus portavoces han negado tajantemente cualquier irregularidad. “Nadie de Osakidetza ni del Departamento de Salud ha dado ninguna instrucción específica para ningún profesional concreto de la OSI Debagoiena”, indican estas fuentes.

En este contexto, el tercero en discordia, Sánchez, ha decidido solicitar 'motu proprio' una reducción de jornada al 60% de modo que sus compañeros puedan trabajar más horas. “No hay más personal. Los necesitarán”, argumenta. Por el momento, aún no tiene la respuesta de Osakidetza a su instancia, aunque en principio cumple los requisitos. Martínez, Macho y Sánchez temían represalias desde que denunciaron las filtraciones en la OPE. “Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero lo que sí hemos oído es a gente no afín decirnos 'ya se os va a acabar la gracia'. Sabemos que estamos debajo de la muela. Nos tienen ganas. Está clarísimo”, opina Martínez. “Nos tienen vigilados”, apostilla Sánchez.

Cuando estalló el caso, la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que ha cesado a raíz de esta crisis, ya amagó con denunciar ante la Fiscalía a los tres anestesistas. Según expuso en el Parlamento, cometieron “tentativa de actuación fraudulenta” porque “acudieron a distintos vocales [del tribunal del examen de Anestesia] solicitando bien las preguntas o bien ayuda”. En realidad, como explicó Macho en una entrevista con este periódico, lo que hicieron era reunir pruebas precisamente para denunciar esas prácticas. 

El hermano del hasta ahora responsable económico del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Ricardo Ituarte, fue uno de los aspirantes de las oposiciones del pasado año que logró 100 puntos en el examen práctico y una plaza en la categoría de Anestesia. Fue precisamente en esa especialidad donde se originaron las primeras denuncias de la existencia de filtraciones en la OPE para beneficiar a candidatos muy concretos. Es más, la propia Osakidetza ordenó la repetición de ese proceso selectivo –ahora paralizada de manera cautelar- aunque formalmente nunca admitiera que hubiera pruebas de la manipulación de los exámenes.

El Consejo de Administración de Osakidetza aprobó este lunes el cese de Ituarte al frente del área económica de la mayor empresa pública de Euskadi y su sustitución por José Ramón Calonge. Fuentes oficiales remarcan que este nombramiento no guarda relación directa con la situación del hermano de Ituarte, destinado en el hospital de Cruces, pero asumen que su caso responde al mismo patrón anómalo que ha llevado a ordenar la repetición del examen.

Estas mismas fuentes indican que Ituarte, miembro del PNV y exalcalde de Santurtzi, no ha tenido ningún tipo de participación en la gestión de la OPE en general y en la elaboración de los exámenes en particular. El caso de Juan Carlos Soto es distinto, ya que lideró tanto la preparación de los exámenes como la investigación interna posterior. Decidió igualmente no investigar inicialmente las denuncias de filtraciones y sólo actuó cuando el caso estalló en los medios de comunicación. El que fuera director de Recursos Humanos fue destituido también el lunes y relevado por María Pilar Uriarte.

El comunicado oficial enviado por Osakidetza no indica los motivos de la salida de Soto. Es más, acompañaba la noticia sobre su cese con un agradecimiento por los servicios prestados. Preguntado al respecto, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha indicado este martes tras el Consejo de Gobierno que estos cambios en la cúpula de Osakidetza responden al “derecho” del nuevo director general, Juan Diego, a configurar un equipo a su medida.

Diego llegó a la dirección del Servicio Vasco de Salud en noviembre tras la salida de María Jesús Múgica, mano derecha del consejero Jon Darpón y señalada abiertamente por la crisis en torno a la OPE. Erkoreka sí ha admitido que las oposiciones “tuvieron que ver con el cese de la directora general anterior”, en el sentido de que su continuidad en el cargo no “interfiriera” en la gestión diaria de un servicio básico. Múgica ya ha sido citada como testigo en la investigación abierta por la Fiscalía en torno a las filtraciones de exámenes.

Según informes estadísticos de sindicatos como ESK, LAB o el SME, en una veintena de categorías médicas había indicios de manipulación de las pruebas. En líneas generales, se apreciaba que había un número de exámenes perfectos o casi perfectos habitualmente coincidente con el número de plazas en concurso frente a una nota media muy baja propia de una prueba difícil. Asimismo, en algunos casos se detectó que los mejores aspirantes trabajaban en el mismo centro que los autores materiales de algunas pruebas.

El 100 del hermano de Ituarte es uno de los que se sucedieron en la categoría de Anestesia, donde además se incluyeron casos clínicos ajenos a la especialidad. Curiosamente, suspendió la parte teórica con 44 puntos. Fruto de la media ponderada, ocupó el puesto 23 de un total de 46 plazas, de las que 45 se situaron estadísticamente por encima de la media.

Precisamente fueron tres anestesistas opositores quienes iniciaron las denuncias en torno al fraude en la OPE. “Las oposiciones en los hospitales vascos no se aprueban estudiando, se aprueban porque alguien te da el examen”, criticaron Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez en una entrevista en este periódico.

El Consejo de Administración del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), reunido este lunes, ha confirmado la destitución de Juan Carlos Soto como director de Recursos Humanos. Formalmente, la comunicación oficial de esta salida adelantada la pasada semana por este periódico no la vincula con la crisis abierta por las filtraciones de exámenes en las oposiciones del pasado año -de hecho, no aporta ninguna explicación- y, además, incluye una nota de “agradecimiento a la labor desempeñada”. 

La salida de Soto sigue a la de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que fue relevada por una persona de la máxima confianza del lehendakari, Iñigo Urkullu, Juan Diego. En ambos casos, su marcha es consecuencia directa de lo ocurrido en los últimos meses en torno a la OPE, ahora investigada por la Fiscalía.

Quien tomará el testigo de Soto en Recursos Humanos será María Pilar Uriarte Brizuela, que ha sido subdirectora del hospital de Basurto y responsable de personal en el de Galdakao. “Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Uriarte es una profesional con amplios conocimientos de gestión en el ámbito de los recursos humanos y con una larga trayectoria en Osakidetza”, ha explicado el Servicio Vasco de Salud.

En la misma sesión, Osakidetza ha decidido sustituir a Ricardo Ituarte como director económico del Servicio Vasco de Salud. Será sustituido por José Ramón Calonge, con experiencia tanto en el sector público como en la empresa privada. Fuentes oficiales desvinculan este cambio de la crisis de la OPE y señalan que entra dentro del funcionamiento ordinario de Osakidetza. 

La crisis abierta en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) desde el pasado verano por las filtraciones de exámenes en las oposiciones de las especialidades médicas le costará el cargo en los próximos días al director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales. Hace dos meses cesó igualmente la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica.

Formalmente, las investigaciones internas en torno a las filtraciones en la OPE del pasado año no fueron concluyentes para el Departamento de Salud. Una de las frases más repetidas por parte del consejero, Jon Darpón, es que no se habían encontrado “elementos objetivos” de las filtraciones a pesar de las continuas denuncias de tres anestesistas a título individual, sindicatos, partidos de la oposición y, en una fase más avanzada, incluso de algunos miembros de los tribunales evaluadores bajo sospecha. Sin embargo, desde que estalló la crisis se ha decidido repetir algunos exámenes -aunque la Justicia ha paralizado cautelarmente esta medida-, cambiar el modelo de OPE y modificar casi por completo el equipo que gestionó todo el proceso. La Fiscalía también tiene abierta una investigación.

El tándem Múgica-Soto fue la cara habitual del Departamento de Salud en los momentos álgidos de la crisis y quienes lideraron también las investigaciones internas. Soto, en particular, participó de manera activa en las reuniones de los tribunales de las categorías médicas sobre las que pendían sospechas de manipulación. Y antes de que el caso saltara a los medios de comunicación, como publicó este periódico, Soto tuvo conocimiento de posibles anomalías y se decidió no actuar.

La salida de Soto de Recursos Humanos es 'vox populi' en las oficinas centrales de Osakidetza en Vitoria. Se trata de la primera gran medida del nuevo director del Servicio Vasco de Salud, Juan Diego, un exasesor y persona de la máxima confianza del lehendakari, Iñigo Urkullu, al que se le ha encomedado resituar el principal servicio público del Gobierno, con un presupuesto anual que supera los 3.500 millones de euros.

Soto es licenciado en Derecho y especialista en Administración Pública. En 1990 logró una plaza como técnico en el Departamento de Educación y ya en 1992 se incorporó a los servicios centrales de Osakidetza (en 1995 al área de Recursos Humanos). En 2009 reorientó su carrera para ejercer cargos de responsabilidad en los servicios jurídicos del Gobierno. Fue rescatado como director de Recursos Humanos en el verano de 2017 con la gestión de la OPE como principal misión.

La comisión de investigación en torno a las posibles irregularidades en las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), singularmente en las categorías de especialidades médicas, no tiene visos de prosperar. Propuesta en su día por EH Bildu y apoyada decididamente por Elkarrekin Podemos, la iniciativa necesita del apoyo del PP para que sea aprobada en el pleno del Parlamento de este miércoles frente a los votos contrarios de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE. Los 'populares' posponen oficialmente hasta el último minuto el anuncio de su decisión, muy meditada y debatida internamente, pero los que tendrían que ser sus socios dan por perdida la comisión.

El PP, por boca de Laura Garrido, compartió con portavoces de EH Bildu y Elkarrekin Podemos críticas hacia la gestión del consejero de Salud, Jon Darpón, cuando esta polémica estalló en junio. Garrido, por ejemplo, aseguró que las explicaciones del Gobierno ante esta crisis eran escasas y que la investigación interna de Osakidetza era insuficiente para determinar si se filtraron o no los exámenes para beneficiar a aspirantes muy concretos porque “nadie lo va a reconocer en una simple conversación”.

Los 'populares', presididos en Euskadi por un exministro de Sanidad como Alfonso Alonso, han valorado también los “riesgos” de abrir una investigación y sus posibles consecuencias para el estamento médico y para el cuestionamiento general de Osakidetza, un argumento también esgrimido por el PNV, que entiende que las críticas en torno a la OPE “desprestigian” a la institución. “Osakidetza continúa ofreciendo una atención de calidad y tiene un prestigio labrado por la dedicación y trabajo de miles de profesionales salidos de esas OPE que usted denuncia. Osakidetza es mucho más que una OPE”, destacó el lehendakari, Iñigo Urkullu, en un debate con la representante de Elkarrekin Podemos, Cristina Macazaga.

La formación de Alonso, que se ha implicado personalmente en estas conversaciones y que ha mantenido un canal de comunicación abierto también con el consejero Darpón, modificó a última hora una moción para reclamar la dimisión de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica. Eso ocurrió hace unas semanas y, pocas horas después, sin que se llegara a votar ese texto, Múgica presentó su dimisión. En el entorno del PP se atribuyen esa 'victoria' y se felicitan por que la máxima responsable del Servicio Vasco de Salud haya abandonado el cargo tras la crisis de la OPE.

Se da la circunstancia de que en el orden del día del pleno parlamentario del miércoles también está programado el debate de una moción de Elkarrekin Podemos para reprobar a Darpón, no sólo por la OPE sino también por otros nombramientos polémicos como los de Emergencias o Nefrología. Si se diese luz verde unas horas antes a la comisión de investigación, es probable que este punto sea retirado por carecer de sentido. Si no es así, Elkarrekin Podemos exigirá que cualquier acuerdo pase por la censura de la gestión del consejero, sin medias tintas. El PP, nuevamente, hará pública su postura a última hora.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha ratificado este viernes en el Parlamento a su consejero de Salud desde 2012, Jon Darpón, al que ha agradecido su trabajo para hacer de Osakidetza el mejor servicio público de España. “Me siento orgulloso”, ha repetido Urkullu sobre Darpón y sobre la gestión de Osakidetza ante las peticiones de destitución llegadas desde la bancada de Elkarrekin Podemos, que ha llevado a la sesión de control del Gobierno no sólo las denuncias de filtraciones en la última OPE sino también nombramientos para puestos directivos en Emergencias, en Nefrología o en Angiología.

“Ninguna explicación les vale y todo les vale para desprestigiar a Osakidetza”, ha recriminado Urkullu a la representante de la coalición de Podemos, IU y Equo, Cristina Macazaga. Y ha seguido el lehendakari: “Osakidetza continúa ofreciendo una atención de calidad y tiene un prestigio labrado por la dedicación y trabajo de miles de profesionales salidos de esas OPE que usted denuncia. Osakidetza es mucho más que una OPE”.

Urkullu se ha referido también a la reciente dimisión de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, pero ha insistido en que su salida busca exclusivamente “no condicionar” la gestión del Departamento de Salud y pasar página en torno a la crisis de la OPE. No sólo no ha criticado la gestión de Múgica en torno a las oposiciones y el resto de nombramientos bajo sospecha sino que ha agradecido su “generosidad” por dar un paso al lado. Asimismo, ha enfatizado que 'motu proprio' Osakidetza ha decidido investigar internamente “hasta el final” y colaborar con toda la documentación a su alcance con las diligencias abiertas por la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán.

Ha orillado, sin embargo, una pregunta directa de Macazaga sobre la información revelada por este periódico y que probaba que Osakidetza conocía las sospechas de filtraciones selectivas de los exámenes de las especialidades médicas, concretamente en Cardiología, antes de celebrar los exámenes. Igualmente, decidió no abrir una investigación en esa categoría cuando días después, ya después de que el caso saltó a los medios de comunicación, fue precisamente una de las que se analizó y, a pesar de que se insista en que no hay “elementos objetivos” que prueben el fraude, se tendrá que repetir el examen en una fecha aún por determinar.

“¿Esto es excelencia? ¿Creen que con Múgica se depura toda la responsabilidad? ¿Dejan morir a la reina para salvar al rey [Darpón]?”, ha protestado Macazaga, que ha lamentado que el Gobierno vasco sigue sin aclarar “nada” sobre la gestión de Osakidetza mientras pone sobre la mesa “coartadas” como la anunciada reforma del modelo de selección de personal. “Nos parece adecuado un nuevo modelo de OPE. Pero hay un paso previo: no se conoce aún qué falla en el actual modelo”.

Euskadiko Fiskaltzak Osakidetzako zuzendari ohia den María Jesús Múgica deklaratzera deitu du lan eskaintza publikoan (EPE) salatutako irregulartasunen inguruan irekitako ikerketaren harira. Múgicak pasaden astean aurkeztu zuen dimisioa -ofizialki ez dago gai honekin lotuta- eta orain, Osakidetzak berak azaldu duenez, “lekuko bezala” joango da Carmen Adán fiskalarenera.

Adánek udan ireki zuen ikerketa Roberto Sánchez, Manoel Martínez eta Marta Macho anestesistek eta ESK, LAB, ELA eta CCOO sindikatuek egindako salaketaren ondorioz. Eldiarionorte.es egunkariak argitaratu zuenez, Osakidetzako lan eskaintzan, batez ere medikuen kategorietan, azterketen filtrazioen zantzuak zeuden. Ikerketa amaitzeko epea amaitzear zegoen baina gaiaren konplexutasuna dela medio Adánek, Estatuko Fiskaltzaren baimenarekin, sei hilabete gehiago luzatuko du. Múgicaz gain, Euskadiko fiskal nagusiak beste lekuko batzuk deitu ditu ere.

Bien bitartean, oposizioak eskatutako ikerketa batzordea geldirik dago. EH Bildu izan zen neurri hori eskatu zuena eta Elkarrekin Podemosek ere bere alde egin du. Dena den, PPk Múgicaren dimisioa eskatu zuen eta, horren ostean, Legebiltzarraren ikerketari baietz esateko zalantzak erakutsi du. Gaia, hala ere, Ganberara itzuliko da ostiral honetan. Elkarrekin Podemos taldeko bozeramailea den Cristina Macazagak Jon Darpón sailburuaren dimisioa eskatuko du kontrolerako osoko bilkuran.

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha pedido autorización a la Fiscalía General del Estado con el fin de disponer de seis meses más para investigar las presuntas irregularidades en las oposiciones de especialistas médicos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), según han explicado a este periódico fuentes del ministerio público. Las diligencias se iniciaron el pasado mes de junio, cuando estalló el escándalo por los indicios de filtraciones de exámenes para beneficiar a candidatos muy concretos, y dada la complejidad del caso y el volumen de documentación y declaraciones de implicados y testigos que es necesario analizar se ha optado por ampliar ese plazo hasta el verano del año 2019.

Sindicatos como LAB, ESK, ELA o CCOO se dirigieron antes de las vacaciones a la oficina de Adán para hacerle llegar posibles pruebas de un fraude generalizado en la OPE de Osakidetza, ya que tenían indicios de filtraciones en una veintena de categorías médicas. Los médicos anestesistas que denunciaron públicamente la “corrupción” en la Sanidad pública vasca también han pasado ya por la Fiscalía.

A partir de ahí, Adán activó una investigación de seis meses para determinar si hay elementos para procesar a los posibles responsables del fraude. Según fuentes de la Fiscalía, la complejidad del asunto, que requiere el estudio de toda la documentación entregada por el Gobierno vasco y los sindicatos, así como la recopilación de otros documentos y de los testimonios de implicados y testigos, ha empujado ahora que se acercaba la fecha límite a solicitar a la fiscal general, María José Segarra, la autorización para disponer de otro medio año antes de determinar si hay o no indicios de delito y pasar el asunto a manos de un juez para que pueda iniciar un procedimiento penal. Esa ampliación se ha concedido y el nuevo plazo máximo para conocer la resolución de estas diligencias se establece en junio de 2019.

En paralelo, la oposición había valorado la posibilidad de articular una comisión de investigación política en el Parlamento Vasco. Sin embargo, la dimisión de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, puede desactivar esta iniciativa parlamentaria si bien partidos como Elkarrekin Podemos consideran que es un movimiento absolutamente “insuficiente” dado el alcance de las irregularidades.

La crisis por las presuntas filtraciones de exámenes en las OPE médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y por otros nombramientos se ha reactivado en el Parlamento Vasco. La oposición, que tiene pendiente desde julio activar una comisión de investigación política ya anunciada, ha mandado un mensaje este martes al consejero de Salud, Jon Darpón: quieren la dimisión de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica.

A las 10.00 horas, en rueda de prensa, la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, ha exigido al Gobierno más investigación y cambiar el modelo de oposiciones, pero también ha introducido como exigencia “renovar” la dirección de Osakidetza de manera “suficiente” para que se perciba que se han asumido responsabilidades por las irregularidades conocidas en la OPE y en otros procesos selectivos de promoción interna. No se han dado nombres y apellidos pero el dardo a Múgica era evidente.

Entretanto, a las 10.10 horas, el PP ha enviado al registro de la Cámara una “corrección de errores” que en verdad era una segunda versión de una moción presentada minutos antes para exigir también “responsabilidades políticas” en Osakidetza. El único cambio entre un texto y otro era la última frase, en la que se ha añadido que las responsabilidades “se concretan en la persona que ostenta la dirección general”. De nuevo sin nombres, de nuevo Múgica. La Mesa del Parlamento se ha reunido de manera extraordinaria para valorar el encaje legal a la moción cambiada del PP. Finalmente, ha recibido el visto bueno con el solo voto en contra de EH Bildu.

Fuentes parlamentarias indican que si Darpón accede a destituir a su mano derecha y gestora de la mayor empresa de Euskadi, podría ser suficiente para evitar la apertura de una investigación parlamentaria, la segunda tras la relacionado con el fraude en la contrata de comedores escolares. La oposición tiene mayoría frente a los partidos de Gobierno (PNV y PSE-EE), pero es necesario el concurso de Elkarrekin Podemos en esta jugada. Su portavoz, Cristina Macazaga, considera del todo insuficiente solventar esta crisis con la salida de Múgica y ya ha exigido en repetidas ocasiones la marcha del propia consejero Darpón.

En principio, la moción del PP para reprobar a Múgica se votará en el pleno del jueves de la semana próxima. EH Bildu, por su parte, ha indicado que Darpón debería actuar de aquí a final de año para dar un vuelco a la política de Recursos Humanos de Osakidetza si desea evitar la puesta en marcha de la comisión de investigación.

Una técnico medio interina de Osakidetza, Mónica Elena Zárate, fue nombrada el pasado 2 de agosto como nueva directora de Gestión de Emergencias, un cargo para el que no tenía experiencia previa. Se impuso en el concurso convocado apenas unos días antes -el 16 de julio fue publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)- a otros candidatos con largos currículos y a profesionales que actualmente ejercen responsabilidades intermedias en Emergencias. Según ha podido saber este periódico, esta mujer tiene una relación familiar directa con una persona con responsabilidades en el área de Recursos Humanos de Osakidetza, donde se decidió el nombramiento.

Según datos oficiales, fueron un total de siete los candidatos al puesto de director de Gestión de Emergencias, el 'número dos' en la jerarquía. Muchos de ellos acreditaban un historial dilatado y amplia experiencia en el sector. Una de ellas era, sin ir más lejos, la 'número tres' de la actual estructura, María Jesús Estefanía. Otro de ellos, José Julián Isturiz, ocupó en el pasado un dirección de Osakidetza y fue también responsable de Emergencias en Canarias o Cataluña, donde puso en marcha los servicios 061 y 112. Una tercera fue alto cargo del Gobierno vasco, el cuarto ha tenido cargos en comarcas sanitarias vascas, el quinto ha trabajado durante años en el ámbito de Protección Civil y el sexto ha sido designado recientemente para otro puesto en el Servicio Vasco de Salud.

La persona elegida, sin embargo, ha sido la esposa de un subdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, funcionaria interina del Servicio Vasco de Salud. En la documentación pública de diferentes procesos selectivos, consta que esta mujer se había presentado a al menos cuatro oposiciones de auxiliar administrativo y técnico medio y que en ninguno de los casos obtuvo plaza en propiedad. Consta igualmente que en los listados de resultados figuraba bastante a la cola teniendo en cuenta la suma de puntos por el examen y los méritos.

En la convocatoria de 25 de junio para la plaza de director de Gestión de Emergencias -publicitada el 16 de julio en el Boletín Oficial- sólo se establecía como requisito “estar en posesión de titulación universitaria” y “tener experiencia administrativa y de gestión”. No se especificaba ni el tipo de formación requerida ni el ámbito de esa experiencia. La convocatoria estaba destinada a persona “fijo” de Osakidetza pero también a “otros” profesionales.

“Agosticidad”

Los aspirantes tenían que presentar un 'curriculum vitae' a Recursos Humanos de Osakidetza y se indicaba que la “resolución” de la convocatoria, sin más detalles, sería firmada por la directora general del ente, María Jesús Múgica, y comunicada a través del Boletín Oficial. Ese nombramiento formal llegó el 2 de agosto -con efectos desde el día 6-, un plazo sumamente breve en relación a otros procesos de promoción interna, según las fuentes consultadas, que destacan también la “agosticidad” de la medida, es decir, que se formalizara en un período habitualmente vacacional. En ese documento no consta ninguna valoración de los méritos de los candidatos ni más motivación que la constatación de que la elegida cumplía los mínimos fijados en las bases.

Esta polémica en Emergencias, que ha generado malestar entre algunos funcionarios, sigue a otra reciente con la dimisión del responsable máximo de esa área, Txema Unanue, crítico con la reorganización del servicio para su centralización en Bilbao. Según publicó 'El Correo', después del nombramiento de Zárate como 'número dos', la 'número tres' y candidata al puesto, Estefanía, envió una carta a la plantilla anunciando su inmediata reincorporación a su puesto en Cruces.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha hecho mención a este caso en la comisión de Salud celebrada este lunes en la Cámara. “¿Quién es esa mujer?”, le ha preguntado airada al consejero Jon Darpón, sin obtener respuesta. Este periódico se ha puesto en contacto con el cargo de Recursos Humanos sin que haya querido hacer comentarios. Ubera ya denunció hace unos meses otro caso de irregularidades en una convocatoria de promoción interna, como también Elkarrekin Podemos. Fuentes de Osakidetza han indicado a este periódico, por su parte, que “se trata de un puesto directivo” y que conforme a la legalidad vigente es posible su “libre designación” entre los candidatos.

Propuesta para mejorar las OPE

Esto se ha producido en el marco de la tercera comparecencia en el Parlamento del consejero Darpón y de su equipo después de que en junio estallara la polémica por la presunta manipulación de la OPE de Osakidetza. Tras las denuncias de irregularidades, sobre las que la Fiscalía tiene abierta una investigación, el consejero de Salud y la directora general han anunciado en el Parlamento una batería de medidas para la “reforma profunda” del sistema de provisión de plazas en la Sanidad pública vasca. La principal de todas ellas es la creación de una unidad de selección “especializada” y “permanente” dentro del área de Recursos Humanos de Osakidetza que, con la colaboración del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y “expertos” externos, se dedique de manera exclusiva a la gestión de oposiciones dado que se prevé la incorporación de 15.000 personas en una década.

Sin mencionar en ningún momento que el origen de la polémica estriba en las posibles filtraciones de las preguntas de los exámenes para beneficiar a opositores muy concretos, especialmente en las categorías de las especialidades médicas, Darpón y Múgica han acompañado al consultor Rafael Jiménez Asensio -catedrático de larga trayectoria- en la presentación de 68 propuestas con las que mejorar las OPE de Osakidetza. Entre ellas se plantea reforzar la “confidencialidad” y “seguridad” de los exámenes antes de la fecha de celebración, fijar un “código de conducta de obligada adhesión” para los miembros de los tribunales para que conozcan las “consecuencias” de incumplir sus obligaciones, elegir “por sorteo” ese comité evaluador y abrirlo a expertos de otras comunidades autónomas y países a pesar de que la versión oficial es que no hay pruebas ni “elementos objetivos” que lleven a pensar que haya habido filtraciones en la última OPE.

Según Jiménez Asensio, Osakidetza debe caminar hacia la “profesionalización de los tribunales”. El modelo como tal, ha indicado, “no tiene fallas pero se pueden reforzar algunas cuestiones” como la “especialización de los miembros”. “Se parte del 'prius' de que por ser personal estatutario es capaz de seleccionar”, ha destacado el experto contratado por Salud, que ha indicado que los tribunales tienen ahora 8 miembros cuando sería suficiente con “3 ó 5” verdaderamente especializados. “En 10 años, a vuela pluma, se seleccionará a 15.000 personas. Es una tarea lo suficientemente importante como para valorarlo”, ha añadido. En cuanto a los exámenes, ha planteado igualmente sumar “entrevistas conductuales” individuales a las pruebas práctica y teórica.

La Fiscalía de Álava ha abierto diligencias de investigación ante la posible existencia de irregularidades en el reciente nombramiento del jefe del servicio de Nefrología en Álava. Según una denuncia interna, el candidato que resultó elegido entre los tres que se presentaron al concurso pudo haber presentado documentación falsa para acreditar los requisitos profesionales exigidos.

Fue el 26 de abril de este año cuando el director gerente de la comarca sanitaria de Álava (OSI Araba), Jesús Larrañaga, firmó el nombramiento para el cargo del doctor Guillermo Alcalde Bezhold, que llegó a ser subdirector médico. Esta resolución llegó tras un concurso con otros dos candidatos, Ramón María Saracho y José Ignacio Minguela. Los tres habían presentado dos días antes, el 24 de abril, su memoria de gestión.

Sin embargo, según fuentes sanitarias, un documento acreditativo de su experiencia profesional como nefrólogo, concretamente su paso por un hospital vasco de referencia, podría ser falso. El actual responsable de Nefrología de la OSI Araba, Ramón Ruiz de Gauna, registró en Osakidetza un escrito con esta denuncia. Las posibles irregularidades, además, fueron trasladadas a la Fiscalía, que ha iniciado una investigación.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga solicitó en agosto información al consejero de Salud, Jon Darpón. Según la documentación remitida por el Gobierno al Parlamento, “conforme a la información recabada al respecto, no se aprecia la existencia de la irregularidad denunciada”. Añade Darpón que el nombrado jefe de Nefrología prestó efectivamente servicios de nefrólogo en Cruces entre 1994 y 1995 y que el da veracidad a la vida laboral que presentó en el concurso de ascenso.

Darpón, en todo caso, puntualiza que este asunto “no tiene nada que ver” con la polémica en torno a la OPE de Osakidetza, sobre la que pesan sospechas de filtraciones y en la que también hay abierta una investigación de la Fiscalía. Se analiza si se produjeron filtraciones para beneficiar a determinados aspirantes en los exámenes de las categorías de especialidades médicas. Eso sí, en paralelo se detectó también cómo se había manipulado la composición de un tribunal para garantizar el ascenso a una candidata a la jefatura de Angiología y Cirugía Vascular del hospital universitario de Álava.

“Por fin estamos confeccionando el tribunal de tu jefatura de sección. Necesito seis nombres de jefes de servicio o sección de Cirugía Vascular que tú crees que vendrían. Luego los tenemos que llamar nosotros. No tú. Quedaría fatal. Si tienes el contacto, mejor que mejor. Tres para titulares y tres para suplentes. Al menos dos mujeres. No tengo fecha. Va lento pero va”, se podía leer en un 'email' interno difundido por EH Bildu en el Parlamento sobre aquella convocatoria.

“Viernes, 1 de junio”, repitió por dos veces el consejero de Salud, Jon Darpón, en su comparecencia del pasado miércoles en el Parlamento Vasco, la segunda desde que estalló la crisis por el presunto fraude en la OPE de Osakidetza, concretamente por las posibles filtraciones de exámenes en las categorías de especialidades médicas. Darpón situó ese día como el primero de un “cronograma” de hitos de esta polémica. En efecto, ese día este periódico y la Cadena Ser publicaron las primeras informaciones sobre las irregularidades y LAB envió un escrito al respecto tras la elaboración de un informe estadístico. El 2 de junio, apostilló el consejero, ya se adoptaron las primeras medidas, una muestra de “celeridad” para esclarecer las denuncias. Pero Darpón omitió que 48 horas antes de ese primer día de junio ya habían decidido dar carpetazo a una petición reiterada y documentada de investigar lo ocurrido en las pruebas de Cardiología, especialidad en la que desde el 24 de abril había denuncias de filtraciones. Sólo el 4 de junio, con el caso ya en los medios y propagado también a Angiología o Anestesia, se incoó un expediente de investigación que ha culminado con la decisión de repetir la prueba práctica de Cardiología.

Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, obrante en los expedientes internos de Osakidetza y que ha sido trasladada también a la Fiscalía, que analiza lo ocurrido en la OPE a instancias de varios sindicatos como LAB o ESK, el responsable de Cardiología del hospital Universitario de Álava, el doctor Ángel Loma-Osorio, planteó ya el 24 de abril, un mes antes de la celebración del examen, que las filtraciones eran moneda corriente en ese tipo de exámenes. Loma-Osorio, miembro del tribunal evaluador, fue comisionado por el Instituto Vasco de Administración Pública para realizar el examen teórico (65% de la nota) de manera aparentemente confidencial y planteó que en la segunda prueba, la práctica (35%), se repitiese la fórmula para que el tribunal se librase de las presiones que él había detectado en otras OPE anteriores y que habían derivado en chivatazos para beneficiar a aspirantes muy concretos.

Unos días después, el 27 de abril, Loma-Osorio fue así de claro en un correo electrónico remitido a la presidenta del tribunal de Cardiología, la doctora Luisa María Díez Azurmendi, directora de la OSI Alto Deba:  “Lamento decir que tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE del que formamos parte tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba con vistas a una filtración selectiva”. 

Quedaban unas tres semanas para el examen. A mediados de mayo se hizo la prueba y los resultados fueron, de largo, los más llamativos de todos los puestos bajo sospecha en esta investigación. En la parte práctica, de dificultad elevada, hubo 22 exámenes perfectos, sin fallos, de 100 puntos. Eran tantos como plazas ofertadas y la diferencia con el pelotón de aspirantes era abismal. 

Como ya es conocido, Loma-Osorio presentó un voto particular al acta que proclamaba las notas y fue apoyado por otra vocal del tribunal, la doctora Izaskun Obieta. Pidió sin éxito suspender el proceso por la evidencia de filtraciones sin más apoyos que el de Obieta. El doctor plasma sus quejas en otro 'email' dirigido a la presidenta del comité evaluador en el que no sólo habla del problema, sino del origen del fraude y de cómo parte del tribunal se reunió de manera extraoficial para pactarlo: “Supongo que serás consciente de que si en la votación de mi última propuesta todos menos Obieta votaron en contra es porque todos están implicados en la filtración […]. El correo del 27 de abril fue porque a la salida de la primera reunión (24 de abril), hubo una reunión entre todos ellos en la que establecieron este propósito […]. Pienso que la única salida honrosa es que el tribunal proponga a la dirección de personal la anulación del segundo ejercicio. Si persuades al secretario, con mi voto, el de Obieta y tu voto doble rompemos el empate” […] Si no te convence, ofreceré a la directora general mi nombramiento como vocal y Obieta hará algo parecido“.

¿Qué ocurrió? Unos días después -y 48 horas antes del 1 de junio- el director de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto, la presidenta del tribunal de Cardiología y otra alto cargo que semanas después sería clave en las investigaciones de las irregularidades de la OPE mantuvieron una reunión con Loma Osorio. Era 30 de mayo y le transmitieron no ya que no tenía pruebas, sino que ni siquiera había base para iniciar una investigación.

Así las cosas, el 31 de mayo Loma Osorio y Obieta dimitieron. Quedaban pocas horas para que estallase la crisis mientras España cambiaba de Gobierno con una moción de censura. Sin embargo, ese 1 de junio la investigación anunciada por Osakidetza se limitaba a la categoría de Angiología. Sólo unos días después, el cardiólogo concedió una entrevista a este periódico. “Estaba en el tribunal de Cardiología. He observado cosas que comprometen seriamente la justicia y la igualdad de oportunidades en una OPE. Estoy comprometido con esta organización y defenderé su prestigio”, declaró. A las 24 horas, Osakidetza decidió enmendar su decisión y abrir una investigación en Cardiología -y en Anestesia, que se sumaban a Angiología- y paralizar de manera cautelar la proclamación de resultados.

El informe de ese expediente informativo, ya concluido, asegura que la apertura se produjo por el “voto particular” emitido por Loma-Osorio y Obieta en mayo y en ningún momento se alude a las reuniones que siguieron a aquellos días o a que no se diera curso a las denuncias. Osakidetza asume que, estadísticamente, las notas no se ajustan a una distribución “normal”, pero remarca que “no se han obtenido pruebas que pongan de manifiesto filtración alguna”.

Pese a todo, Soto recomendó al tribunal la posibilidad de repetir la OPE en esta categoría. El comité, finalmente, optó por hacerlo sólo en su segunda parte, la de los 22 exámenes perfectos. En la nueva convocatoria, que se celebrará a finales de año -si no hay recursos judiciales que la bloqueen- el comité evaluador será exactamente el mismo sobre el que pesan las sospechas de filtraciones.

Si el 4 de junio el consejero de Salud, Jon Darpón, pedía “pruebas” en su primera comparecencia después de que se conociera la polémica en torno a las presuntas irregularidades en la OPE del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), singularmente en las categorías de especialidades médicas, más de cuatro meses después y tras completar una investigación interna en la que se asegura haber llegado “hasta el final” Darpón sigue sin encontrar “pruebas” de filtraciones para beneficiar a facultativos muy concretos. La documentación interna admite anomalías estadísticas y algunas irregularidades en los tribunales y Osakidetza ha conocido también testimonios y denuncias que apuntan en esa dirección. Pero sin saber el “cuándo, cómo y dónde” de las filtraciones Darpón ha insistido en el Parlamento, donde ha comparecido durante más de tres horas y media este miércoles, en que “no se puede presuponer que hay un delito”. Vehemente en sus planteamientos, ha llegado a decir ante las críticas de Elkarrekin Podemos que “esto no es Venezuela” y que en un “Estado de Derecho” hay que “probar” las acusaciones.

“Si se objetiva que hay un delito, no debe quedar impune. Pero hay una presunción de inocencia sobre los vocales y opositores [de las categorías señaladas]”, ha explicado Darpón, que ha estado acompañado en la comisión de Salud de la Cámara por una decena de altos cargos y asesores de su equipo. Uno de ellos, el responsable de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto, ha subrayado que las pruebas bajo sospecha apenas representan una mínima parte del conjunto de la OPE. El 99,46% de los opositores han participado en exámenes que no se han investigado y el 99,53% de los aprobados obtendrán su plaza con normalidad.

Darpón y su equipo han salido del Parlamento sin aclarar la batería de dudas planteadas por las portavoces de la oposición en la comisión de Salud. Rebeka Ubera (EH Bildu) ha calificado de “cachondeo” algunas formas de proceder en la OPE y ha retado al consejero a hacer accesibles a toda la ciudadanía las actas y expedientes para que vean lo “flipante” de algunas actuaciones. “Para ustedes no hay pruebas. Para nosotros sí [...] Nos toman por tontos con mentiras”, ha criticado Ubera.

Igualmente dura ha sido Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos), que ha ironizado que Darpón sólo dará su brazo a torcer si aparece un “selfie” de un médico recibiendo una filtración. Según la representante morada, la investigación de Osakidetza sólo ha buscado “tapar” las irregularidades para “asegurarse de que el sistema corrupto” de reparto de plazas entre la elite hospitalaria “no vuelva a tener fugas”. Como ejemplo del “clientelismo” ha apuntado que hay un caso en que los supuestos beneficiarios de la filtración no sólo aciertan un elevado número de preguntas de un examen complicado, sino que fallan las mismas y eligiendo en el test la misma opción errónea. “¿A esto le llama investigar hasta el final?”, ha preguntado Macazaga.

Por su parte, Laura Garrido (PP) ha fracasado una vez más en su intento de que Osakidetza aclare una de las claves de este caso: ¿quién eligió a los autores del examen teórico de las especialidades médicas? Como novedad para ofrecer más garantías en esta OPE, Osakidetza encargó al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) que preparara el examen teórico, que además tendría un valor del 65% por encima del 35% de la prueba práctica fijada por los tribunales. Sin embargo, el IVAP no tiene especialistas en materias tan técnicas y delegó a su vez en médicos del Servicio Vasco de Salud, todos ellos miembros de los tribunales. En numerosas categorías se repite el patrón de que los compañeros de hospital del autor obtienen los mejores resultados y con notas muy superiores a las del resto de candidatos. “Los aprobados están en la órbita de quienes han hecho los exámenes”, ha recalcado Garrido, que ya en la primera comparecencia de Darpón sobre la materia, el 19 de julio, no logró aclarar quién asesoró al IVAP para elegir a los autores del examen.

Precisamente en los hombros del PP está que prospere la comisión de investigación propuesta por EH Bildu y que apoya Elkarrekin Podemos. Los 38 votos del conjunto de la oposición permitirían superar los 37 de PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno. Fuentes parlamentarias, sin embargo, manifiestan a eldiarionorte.es que la balanza del PP, en este momento, está más cerca del 'no' que del 'sí'. Es más, Darpón ha “agradecido” este miércoles el tono de Garrido frente al de las representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Desde el PP, por el contrario, “no se descarta ninguna opción en este momento”. Los 'populares' están “a la espera de acontecimientos” y decidirán “en función de las circunstancias”. Esperarán a que Darpón presente los cambios anunciados en el sistema de oposiciones y que incluirá, por ejemplo, una “reorganización” del área de Recursos Humanos para mejorar los procesos.

Haya o no investigación parlamentaria, el caso está a expensas de la finalización de la Fiscalía. El ministerio fiscal continúa con sus diligencias y avanza de manera discreta en la recopilación de pruebas y testimonios.