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Los vecinos de la barriada Guadalquivir del municipio sevillano de Coria del Río afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de una gasolinera han formalizado ante los juzgados una nueva denuncia por la vía penal, contra diferentes cargos de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía a los que atribuyen diferentes presuntos delitos. Entre las denunciadas están las consejeras de Salud, Rocío Hernández, y su predecesora y actual titular de Medio Ambiente, Catalina García, a las que se acusa de prevaricación.
Según la letrada Sara Domínguez, de In Diem Abogados y representante legal del colectivo de afectados, “no se trata únicamente de denunciar un daño consumado, sino de poner fin a una situación de desprotección jurídica y administrativa que no puede prolongarse más”. En esta situación, sostiene, “la legalidad exige actuación frente a amenazas ciertas a la salud colectiva”, ya que más de 4.000 personas viven hoy sobre este foco contaminante activo.
La denuncia se dirige contra la actual consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández; su antecesora en el cargo y actual responsable autonómica de Medio Ambiente, Catalina García; la exdelegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los presuntos delitos que se les imputan son los de prevaricación por omisión, omisión del deber de socorro, lesiones imprudentes o dolosas y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
“Inacción prolongada” de la administración
El argumento de los vecinos afectados es que la administración sanitaria habría incurrido en una supuesta “inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”. La situación que sufren las familias ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado, médicos, técnicos ambientales y asociaciones científicas.
La consejera Rocío Hernández manifestaba de su lado, meses atrás, que el estudio epidemiológico anunciado en 2023 fue realizado y remitido al juzgado que instruye la causa penal inicial de este asunto, así como que fue acometida una “revisión retrospectiva” de la situación sanitaria de los afectados. A esto se añadió un refuerzo de las urgencias de atención primaria en Coria, con una consulta “específica” para estos vecinos, y “múltiples reuniones con expertos” de diversa índole.
Desde su punto de vista, no ha sido acreditada una “relación causal” entre las afecciones de los vecinos y la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera, algo que sí sostiene la Fiscalía. En paralelo, el pasado mes de marzo era conformada por parte de la Consejería de Medio Ambiente una mesa de trabajo promovida en cumplimiento de la proposición no de ley (PNL) aprobada por el Parlamento de Andalucía en febrero de 2024 a instancias del PSOE.
Los avisos de la Fiscalía
Rogelia Gómez, portavoz del colectivo, manifestaba no obstante en declaraciones a Europa Press que en dicha mesa de trabajo, la Consejería de Medio Ambiente había “olvidado” contar con “los principales” actores en el asunto, que no son otros que los propios “vecinos afectados”.
Ello, en un marco en el que pesa el informe emitido por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de diciembre, sobre el “foco contaminante” de la gasolinera. La investigación “confirma el peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas”.
A juicio de la Fiscalía de Medio Ambiente, “se ha producido un peligro global de grave afección, con afección constatada en algunos elementos, al conjunto del sistema natural atacado”, que conforman “aguas, suelos y salud de los habitantes”. A ello añade que “se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas, con afección demostrada a los residentes de la barriada, debido a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar de manera natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio”.
Se constata “la afección generada”
Siempre, “como consecuencia de los vertidos producidos desde los tanques enterrados de la estación de servicio, que contenían hidrocarburos del tipo gasolina, gasoil y aceites minerales que se encontraban en mal estado”, según este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General. En definitiva, que se constata “la afección generada por la contaminación tanto al medio natural, como a la salud de las personas”.
En el asunto pesa además un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta, sobre la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera. En él expone que las “elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación”.
La situación de los terrenos
En el citado informe del Servicio de Calidad del Suelo, emitido el pasado 28 de agosto de 2024 y recogido por Europa Press, se detalla que la documentación aportada por la empresa de la estación de servicio deriva del “seguimiento del proyecto de recuperación voluntaria realizado por la entidad Inerco, Inspección y Control”, señalando que tanto Zamarrilla como Inerco consideran esta documentación como “el informe final del proyecto” de descontaminación.
Pero tras analizar pormenorizadamente el asunto, el área de Calidad del Suelo expone que “si bien el proyecto tal y como estaba autorizado ha finalizado, las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación”. A ello se añadía que “no existen evidencias de que la técnica de remediación empleada haya sido agotada, más bien todo lo contrario dadas las concentraciones de contaminantes existentes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación”.
La sentencia del TSJA
Sobre el asunto pesa también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del litigio contencioso de los vecinos, declarada firme a finales de febrero de 2024. En la misma, se ordena al Ayuntamiento de Coria del Río –gobernado por el andalucista Modesto González, investigado en la causa penal– que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado.
El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta “inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos”, ordenando al ayuntamiento la citada medida de reimpulsar la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados. Eso sí, sin acceder a ordenar el plan de “realojo” pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia de indemnizaciones, extremo que el colectivo decidió recurrir.