El Ayuntamiento de Sevilla suspende en transparencia: silencio administrativo en el 65% de las peticiones de información
El Ayuntamiento de Sevilla es uno de los 104 ayuntamientos que no cumplen con su deber legal de responder a las solicitudes de información pública en plazo y forma, según se desprende del segundo estudio elaborado por la Asociación de Transparencia para la Ciudadanía (ATC), a través de su Observatorio Provincial.
El informe, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, dedica un bloque al modo de actuación del Ayuntamiento de la capital, del que dice que “es una expresión a mayor escala de las dinámicas observadas en el conjunto de los municipios analizados”. Según la información proporcionada por el propio Ayuntamiento al ATC, fueron 129 las solicitudes de acceso a la información en 2024, de las que 84 (65%) fueron finalizadas por silencio administrativo. Además, durante un periodo de aproximadamente tres meses, el servicio funcionó con una única persona efectiva asignada y el Ayuntamiento reconoce expresamente que algunas respuestas fueron extemporáneas.
Las localidades de Albaida del Aljarafe y Lora del Río son las únicas localidades que cumplen con el plazo legal de 30 días para responder y dan una resolución administrativa formal, amparando así al ciudadano. Esta última normativa solo es cumplimentada por nueve ayuntamientos ya que, a los dos citados anteriormente, se les suma Almadén de la Plata, Las Cabezas de San Juan, Camas, Lebrija, El Palmar de Troya, San Juan de Aznalfarache y Santiponce. Pese a que la localidad palmareña no lo cumple, el ATC lo incluye en su informe, ya que se trata “de un caso límite”, según aclara Manuel Barrera, portavoz de la Asociación Transparencia para la Ciudadanía.
Es de recordar el primer informe del Observatorio Provincial de Transparencia de Sevilla, de enero de 2026, en el que hubo una llamada de atención porque el 85,85% de los ayuntamientos (91 entidades) no emitieron respuesta alguna a las solicitudes presentadas, frente al 14,15% (15 consistorios) que sí respondió.
Este segundo informe, que recoge los datos hasta el mes de febrero (mes inclusive), presenta el seguimiento individualizado de los 106 expedientes de acceso a la información pública iniciados en septiembre de 2025, dirigidos a los 106 ayuntamientos de la provincia de Sevilla. Mientras el primero documentó el volumen de incumplimiento, el segundo, analiza las causas que lo provocan.
Problemas conocidos, al igual que las soluciones
En general, en los municipios de Sevilla el modus operandi consiste en un silencio inicial, una activación tras la intervención del Consejo de Transparencia y una respuesta fuera de plazo, que incluye datos cuantitativos relevantes, identifica el órgano emisor y está firmada por un responsable administrativo. Además, hay una ausencia de resolución formal, por lo que no constituye una resolución administrativa en sentido jurídico.
El patrón que se observa no responde a fallos puntuales ni a escasez de recursos, sino a una dejadez en las funciones. El sistema municipal de transparencia en la provincia funciona principalmente bajo presión externa, con la intervención del Consejo de Transparencia, y no de forma autónoma. Esto indica un problema organizativo, no normativo: las funciones de transparencia no están formalmente asignadas, el personal no cuenta con formación específica, los servicios externalizados operan sin supervisión adecuada y no existen mecanismos internos de seguimiento de solicitudes.
Este segundo informe no tiene carácter sancionador ni de denuncia. Su función es producir una evidencia verificable que permita a las instituciones tomar decisiones informadas. “Este segundo informe responde a una pregunta que el primero dejó abierta: no solo cuántos ayuntamientos incumplen, sino por qué ocurre y qué tendría que cambiar. Eso es lo que el Observatorio intenta aportar, evidencia que permita actuar, no solo medir”, aclara Barrera.
Para ello, propone cuatro medidas concretas: asignación formal de funciones de transparencia en la relación de puestos de trabajo de cada ayuntamiento, formación específica y periódica del personal responsable, con apoyo de la Diputación Provincial, estandarización del registro interno de solicitudes de acceso a la información y el establecimiento de mecanismos de supervisión sobre los servicios externalizados que gestionan portales de transparencia.