Un colegio de Sevilla con exceso de demanda en Infantil reclama a la Junta recuperar el aula de tres años eliminada
Cuatro familias del CEIP Francisca Romero, en Sevilla, se han visto obligadas a escolarizar a sus hijos en dos centros distintos por falta de plazas en Infantil. Este colegio público ubicado en el distrito Macarena cuenta con una sola línea de tres años desde que la Junta de Andalucía suprimió la otra que tenían debido a la baja matriculación. Pese a que la tendencia ha cambiado y las solicitudes de admisión ya superan al número de plazas disponibles, el aula sigue cerrada.
En los últimos tres cursos, el centro ha registrado un aumento constante de solicitudes: 28, 35 y 29, respectivamente, según datos facilitados por la dirección, sin contar las peticiones fuera de plazo que llegan entre marzo y junio. La consecuencia la sufren las familias: con una ratio de 22 alumnos en Infantil de 3 años, y de 25 en el resto de niveles, el próximo curso se quedarán fuera al menos 14 menores que han elegido este colegio como primera opción.
El caso de este centro refleja una de las tensiones recurrentes en la planificación educativa andaluza. Desde la llegada del Partido Popular a la Junta en 2019, se han suprimido 2.758 aulas de Infantil y Primaria, según datos recopilados por el sindicato USTEA a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La administración autonómica justifica estos cierres en la caída de la natalidad, mientras que colegios como el Francisca Romero sostienen que existe demanda suficiente para ampliar la oferta educativa, pero no se está atendiendo.
Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo consultadas por este periódico confirman que el CEIP Francisca Romero ha recibido para el próximo curso seis solicitudes por encima de la ratio. Sin embargo, apuntan a que en esa zona constan 52 plazas vacantes en nueve colegios, “así que podrán tener plaza con seguridad en alguno de los colegios elegidos”.
Un centro con alta complejidad social
La comunidad educativa del centro insiste en recuperar el aula de tres años suprimida para poder responder a una demanda que, lejos de desaparecer, ha seguido creciendo en los últimos cursos. Desde el AMPA denuncian que la situación atenta contra el derecho de libre elección de las familias y afecta a los niños que sí están matriculados. “Nos obligan a trabajar con más de 20 alumnos con una diversidad enorme, pudiendo dividirlos en dos clases de 15”, lamentan desde el centro.
El Francisca Romero está catalogado como centro de compensatoria, una figura reservada a colegios con alta complejidad social, que atienden a alumnado en situación de vulnerabilidad. De sus 300 alumnos, 70 presentan necesidades educativas especiales y una parte significativa pertenece a familias migrantes. La comunidad educativa lo define como un colegio inclusivo, con un proyecto pedagógico orientado a atender esa diversidad.
Desde la dirección aseguran que el progresivo aumento de la demanda responde precisamente a ese modelo educativo en el que se han ido especializando a través de formaciones durante los últimos años. “A base de mucho trabajo, implicación del claustro y proyectos innovadores hemos generado interés en las familias”, concluyen los responsables del centro.
En su momento entendieron que la Consejería suprimiera la línea porque no alcanzaban a cubrir las plazas, pero recuerdan que les comunicaron que era “reversible” y “si volvíamos a tener demanda nos la devolverían”. La presidenta del AMPA, Alba Carrasco, denuncia que la administración “está negando de forma reiterada” la apertura de una segunda línea incluso cuando la necesidad es “evidente”. También critican que en la zona haya centros concertados con menor demanda que mantienen más unidades, según la información que han podido obtener las familias.
Alumnado con necesidades en un aula saturada
La falta de plazas obliga a separar hermanos en distintos colegios y complica la conciliación de las familias que escogen este centro como primera opción por cercanía o logística. Pero el recorte de aulas también afecta a los menores que permanecen escolarizados, pues “al perder unidades, perdemos recursos”, como señala la presidenta del AMPA en el CEIP Francisca Romero.
Desde el área de Pedagogía Terapéutica (PT) del centro reconocen que los tutores están “desbordados” porque tienen que atender a más de 20 niños en un aula que reúne cada vez a más alumnado con necesidades específicas. “Con una ratio tan elevada no es posible atenderlos a todos con la atención que necesitan”, traslada el profesorado, que recuerda que Infantil es una etapa vital en el desarrollo del alumnado.
Las familias se muestran preocupadas ante grupos de 25 menores con una sola docente. “La situación es insostenible tanto para el alumnado como para la maestra”, denuncian desde el AMPA. Su presidenta explica que “son niños muy pequeños que requieren atención constante”. “Algunos se hacen pipí encima, requieren ayuda para vestirse, apoyo emocional, acompañamiento en la adaptación escolar y una supervisión continua, y muchos con necesidades especiales educativas y de otros países, que no conocen el idioma”, añade Alba Carrasco en nombre del resto de familias.
“No es solo una cuestión de números, es la imposibilidad de atender adecuadamente sus necesidades”, resume la representante de las familias, que han solicitado a la administración en varias ocasiones que las aulas de infantil se desdoblen. A esta petición se suma el profesorado, convencido de que “con dos aulas se podría garantizar una educación más individualizada, más personalizada y adaptada a las necesidades que tienen”.