Andalucía deja la puerta abierta a saltarse su nueva ratio escolar de 22 alumnos por aula en caso de exceso de demanda
El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha bajado de 25 a 22 la ratio de alumnos por aula en educación Infantil para el próximo curso escolar, que el 1 de marzo abrió el proceso de matriculación. La medida ha generado expectativas en la comunidad educativa, pero también muchas dudas.
Se trata de una bajada de ratio “instrumental” aprobada por resolución para el próximo curso, revisable cada año, condicionada a la demanda de plazas y “dentro de los límites” del decreto de admisión de alumnos, que sigue manteniendo la ratio máxima como estaba (25 por aula), según consta en la orden dictada por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta.
La bajada de alumnos por clase se hará efectiva, por tanto, siempre que los colegios no reciban más demanda de plazas que oferta, en cuyo caso, rige el artículo 5.1 del decreto de escolarización (21/2020, de 17 de febrero): “En la programación de la oferta educativa, el número máximo de alumnos y alumnas a considerar por unidad escolar será de 25 en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria”. La orden de la consejería supedita la planificación escolar de 22 por aula a la “oferta educativa existente y a la disponibilidad de espacios públicos”, entre otros factores.
Un colegio concertado de Sevilla ha hecho una consulta a la Inspección Educativa porque, con el plazo de inscripción recién abierto para alumnos de nuevo ingreso (3 años), “ya tiene comprometidas 16 de esas 22 plazas por hermanos ya matriculados en su centro”. “Hay familias inquietas porque viven al lado del cole, pero sus hijos no tienen hermanos aquí, y no saben si tendrán plaza incluso con todos los puntos por cercanía de domicilio”, explica la directora.
Fuentes del departamento de Educación subrayan que la ratio escolar será de 22 niños por aula, pero admiten que la nueva orden permite “excepcionalmente” subir a 25 por clase si el número de solicitudes rebasa “la oferta de plazas de la zona”. La Junta no contempla que ocurra este escenario, porque la población escolar andaluza lleva encadenando seis años de descensos debido al desplome de la natalidad. La bajada de la ratio ya es, de hecho, una realidad de facto en muchos colegios provocada precisamente por el escaso número de nacimientos.
Pero la incertidumbre de las familias tiene una razón de ser: el Gobierno de Moreno no ha topado la ratio escolar por ley. De hecho, ha votado dos veces en contra de hacerlo en el Parlamento, una a principio de esta legislatura, cuando vetó una iniciativa legislativa popular impulsada por sindicatos y agentes de la comunidad educativa; y otra a finales del año pasado, a propuesta del PSOE.
Hace una semana, Andalucía se alineó con otras comunidades del PP (también alguna del PSOE) que rechazaron, en el seno de la Conferencia Sectorial, el anteproyecto de ley del Ministerio de Educación para bajar de 25 a 22 el número de estudiantes por aula, una reforma legal pactada con los sindicatos docentes que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere empezar a aplicar de forma escalonada desde septiembre.
La Junta va por delante porque su bajada de ratio escolar también entra en vigor en septiembre, pero no está blindada por ley. Tiene “carácter instrumental”, es decir, “no establece un nuevo derecho ni cambia las leyes educativas principales, sino que actúa como un medio o herramienta para aplicar, gestionar o facilitar la ejecución de una norma superior, a la que seguirá supeditada”, explican fuentes de la Inspección Educativa. Se trata, por tanto, de una herramienta de gestión administrativa y organizativa del curso escolar, subordinada a una ley de rango superior que sigue fijando el tope máximo en 25 por aula.
¿Cómo se va a traducir esta medida en el proceso de escolarización en curso? El efecto real de la bajada a 22 niños por aula (a través de una modificación puntual de la orden de admisión) será desigual: se aplicará en los centros donde el descenso de la natalidad ya ha actuado recortando considerablemente el número de alumnos por clase.
Otro efecto colateral ha sido, de hecho, la eliminación de miles de unidades escolares y, en algún caso, el cierre de escuelas por parte de la Junta, una medida muy criticada por los sindicatos y formaciones de izquierdas. Pero está por ver cómo gestiona la Junta la nueva ratio en centros donde la demanda supere la oferta.
Según la resolución de la Consejería de Educación para la admisión de alumnos de nuevo ingreso el próximo curso, aprobada el pasado 27 de febrero, “se han habilitado 3.713 unidades, lo que supone un incremento de más de 150 unidades respecto al curso escolar actual 2025/2026, como consecuencia de la reducción de la ratio máxima de alumnado por grupo de 25 a 22”.
Es decir, la Junta cuenta con un colchón de 150 aulas disponibles para posibles “desdobles”, en caso de que el número de solicitudes rebase la oferta de plazas. Desde la consejería aseguran a este periódico que podrían llegar incluso a 250 unidades más, lo que implica contar con más profesorado. Una bajada de la ratio estructural, por ley, suele llevar aparejado un desdoble de aulas -donde antes había una clase de 25 niños, ahora habrá dos de 12 y 13 (hasta 22)-, y eso implica contratar más personal y sacar más plazas de empleo público.
La Junta no ha dado ese paso, es más, sus reticencias respecto al proyecto de ley de bajada de ratio del Gobierno va en ese sentido, de ahí que hayan pedido al Ministerio que aporten fondos extraordinarios para financiar una medida que compete a las comunidades autónomas.
“El derecho de familias a elegir plaza” donde no hay más plazas
La escolarización opera de forma muy distinta en el territorio andaluz. La Junta puede controlar los nacimientos que, en más del 95% de los casos, se traducen en solicitudes de ingresos en el sistema educativo a los tres años. Pero es más difícil controlar los movimientos de las familias con niños, de un barrio a otro, de una ciudad a otra, y menos aún la elección libre del colegio que les gusta.
El PP siempre ha defendido esa “libertad de elección de las familias del colegio de sus hijos”, un derecho que no existe como tal, porque topa con la limitación física de las escuelas. En la oposición, los populares tendían a presionar junto a muchas familias para que se aumentase la ratio en aquellos colegios con sobredemanda de plazas, habitualmente privados concertados ubicados en grandes urbes, en barrios de clase media alta, donde estas escuelas terminaban teniendo hasta 28 niños por clase en Infantil y Primaria.
Los populares han seguido defendiendo este criterio desde que gobiernan en Andalucía, hace ya seis años, aunque justo este periodo experimentó un descenso de la natalidad que ha amortiguado los problemas de muchas familias para encontrar plaza en el colegio elegido para sus hijos.
En el curso pasado, el 96,62% de las familias obtuvo plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99,39% logró el puesto escolar en alguno de los centros preferidos. En realidad estos datos siempre han estado en esos parámetros altos, superiores al 94%.
Aun así, a pesar de haber menos nacimientos, menos matrículas y una ratio inferior, sigue habiendo determinadas escuelas muy populares donde la demanda excede a la oferta. Las familias que no consiguen la plaza escolar que quieren para su hijo se concentran en un puñado de colegios de cierto renombre en las grandes ciudadanos (privados concertados), pero sus protestas siempre han encontrado un eco sobredimensionado precisamente por el PP y la prensa conservadora.
Para estos casos, los populares también han defendido siempre que se ningunee la ratio, apurando los márgenes que permite la ley estatal y aumentando hasta tres niños más por aula (hasta 28 en Infantil y Primaria). Por ley, la subida de la ratio se puede aplicar en un colegio concreto, con sobredemanda, o en todo su distrito escolar.
La Consejería de Educación sostiene, en conversación con este periódico, que ahora que la ratio está en 22 por aula, sólo se aumentará el margen en un colegio si no quedan plazas libres en otros centros del mismo distrito. “Si un colegio recibe 22 solicitudes, la número 23 se derivará al colegio más próximo con plazas disponibles. Sólo si no hay espacio en toda la zona escolar, nos plantearíamos aumentar la ratio”, advierten. En realidad esto siempre ha sido así.
Lo que genera dudas ahora no es lo que establece la nueva orden, sino su aplicación práctica, y las contradicciones del discurso político del PP en defensa del “derecho de las familias a elegir libremente el colegio de sus hijos”. Si una familia no logra plaza en el colegio que quiere, tendrá que conformarse con la escuela de al lado, ¿o la administración que defiende la libre elección de centro sacrificará su nueva ratio de 22 por aula para satisfacer ese “derecho”?
“Sólo carácter instrumental”
Sobre el papel, la orden que fija el tope en 22 niños por clase está condicionada a las necesidades de escolarización de cada distrito, también como ocurría antes. “La determinación del número de alumnos por unidad escolar a efectos del procedimiento de admisión tendrá en todo caso carácter instrumental para la planificación educativa y se efectuará dentro de los límites máximos establecidos en la normativa básica estatal y en el artículo 5.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero”, reza la modificación de la orden de admisión, aprobada por la Consejería de Desarrollo Educativo el pasado enero.
La bajada de la ratio escolar es una constante en el debate educativo, una de las propuestas más consolidadas en la comunidad científica para mejorar el trabajo docente y el aprendizaje del alumnado. En esta legislatura, la iniciativa se ha estrellado dos veces contra la mayoría absoluta del PP en el Parlamento andaluz.
En 2022, los populares vetaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía con el objetivo de reducir de 25 a 20 el número máximo de alumnos por aula en Infantil y Primaria. En diciembre de 2025, el PSOE andaluz lo volvió a intentar, impulsando una reforma legal con el mismo objetivo, avalada por sindicatos de profesores, asociaciones de padres y madres de alumnos, de directores de institutos y de escuelas rurales.
La iniciativa, que llevaba aparejada la contratación de 13.000 profesores nuevos, era una réplica autonómica de la propuesta que días antes había anunciado el presidente Pedro Sánchez, mandatando al Ministerio de Educación a topar el número de estudiantes por aula, que ahora está en 25 para Infantil y Primaria; 30 para Secundaria y 35 en Bachillerato y FP. Los populares de Juanma Moreno volvieron a vetarla.
Sin embargo, dos meses antes, el mismo Gobierno andaluz había firmado un acuerdo con tres de los cinco sindicatos mayoritarios del sector educativo -CSIF, ANPE y UGT- con una serie de compromisos para la mejora de la calidad en la enseñanza, incluida una bajada de la ratio en Infantil. El Consejo de Gobierno del 4 de marzo aprobó una modificación parcial de la orden de escolarización de este curso, que incluía esa bajada, pero que dista mucho de las dos reformas legales discutidas y vetadas en el Parlamento andaluz.
La nueva redacción del artículo que se ha modificado establece que la Dirección General competente en materia de planificación educativa fijará mediante resolución anual, previa al inicio del procedimiento ordinario de admisión, dentro de los límites establecidos en el artículo 5.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, el número de alumnos y alumnas por unidad escolar que se utilizará en el proceso de admisión para cada curso escolar.