De México a Sevilla: el laberinto legal para lograr la nacionalidad española a través de la ley de memoria democrática

Roberto Cid encontró en Sevilla su segundo hogar. Descendiente de gallegos, el joven mexicano espera a que la administración general certifique su nacionalidad española después de haber jurado y obtenido el arraigo a través de la Ley de Memoria Democrática. Así, recupera el legado de su abuela, quien perdió la nacionalidad al casarse con un extranjero, y reivindica su árbol genealógico frente a las trabas burocráticas en las que ha estado inmerso en los últimos cuatro años. “Denunciamos el limbo jurídico de tantas personas que han estado en situación irregular y que son nietos o bisnietos de españoles, para lo que tendría que haber un fortalecimiento desde la administración: hay que saber cómo responder la promesa”, llama la atención.

En las últimas semanas, el Congreso ha aprobado la modificación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para regular las indemnizaciones a las víctimas o a sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes a causa de su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición, lo que supuso el reconocimiento y la reparación para el joven malagueño Manuel José García Caparrós y sus tres hermanas. El texto original de la norma recoge en su disposición adicional octava que pueden adquirir la nacionalidad los descendientes de españoles que renunciaron a ella y sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual.

Entre los requisitos, también se concede la nacionalidad a los hijos e hijas mayores de edad de los españoles a quien les fue reconocida su nacionalidad en virtud de la norma y, de la misma forma, a los nacidos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de promulgación de la Constitución de 1978.

Este último supuesto fue el que afectó a la abuela de Roberto: Dolores Riobó. A los 13 años, embarcó rumbo hacia México junto a sus hermanos y padres, quienes decidieron emprender una nueva vida al otro lado del Atlántico. En aquel entonces, el bisabuelo decidió darse a conocer como Guillermo Riobó, en vez de utilizar su apellido original, que era Gómez de Rioboó. Esta es la razón por la que no dieron con su partida en el Registro Civil, pese a que se les dieran las fechas de su nacimiento y los detalles relativos a su pueblo de origen o nombres. “En este caso, no atendieron el principio de realidad material, que significa que hay que darse a lo escrito y a lo que se ve”, indica Leal, es decir, haber inspeccionado las bases de datos con mayor profundidad teniendo las principales claves en su haber.

“Política migratoria de apertura y de reparación”

Las fotografías de boda permanecen intactas. Dolores se casó con Roberto Cid Ramírez, ciudadano mexicano, y fue entonces cuando perdió la nacionalidad española. La ley franquista establecía que una mujer perdía tal derecho al casarse con un extranjero, impidiendo así que lo heredase en un futuro su progenie. De esta forma, se desprotegía a los exiliados y se discriminaba doblemente a las mujeres, quienes perdían el vínculo con su país de origen. Con su vestido blanco y rodeada por sus damas de honor, Dolores sonríe desde el pasado.

“Los descendientes son el vínculo más reciente que tiene España con Latinoamérica”, reflexiona Leal, “estamos en un momento de política migratoria de apertura y de reparación, porque más allá de la ideología de los abuelos y bisabuelos o de los propios descendientes, somos beneficiarios de la ley”. A pesar de este reconocimiento, los trámites burocráticos impiden que muchas de estas personas se vean beneficiadas a causa de los retrasos o la inoperancia de los registros civiles, motivo por el que los colectivos afectados, tanto en México como en países como Argentina, tienen que acudir a abogados especializados que les ayuden en el procedimiento.

“La queja es generalizada, ya que, aunque el Gobierno de España tuvo el buen hacer de reconocernos el derecho, muchos registros no colaboraron de forma debida y los certificados de nacimiento tardaron en llegar o ni se llegaron a encontrar”, critica. El 21 de octubre de 2022, momento en el que entra en vigor la disposición octava, se dio un plazo de tres años para tramitar la declaración y otro extensible de prórroga, por lo que el pasado 22 de octubre de 2025 fue el último día para realizar el trámite. Durante ese periodo, Leal tuvo que contratar los servicios de una genealogista en vista de que la solicitud en el Registro Civil de la ciudad de Ferrol daba una respuesta negativa, solo porque el apellido no cuadraba.

De 1890 a 2026

Al otro lado del teléfono se encuentra Helena González. En el año 2016 fundó Bisagras de Papel, dedicada a la investigación genealógica que trata de poner luz sobre el pasado de tantas personas. Desde Galicia, ha atendido a casi 300 personas de países destinos clásicos de la emigración gallega, como Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, así como México, Puerto Rico y Uruguay, al igual que otros no tan usuales, como Chile, Costa Rica, Honduras, Perú y Filipinas. Después de que los interesados presenten la documentación en sus respectivos consulados, la labor de la investigadora se centra en encontrar los documentos certificados de nacimiento o las partidas bautismales que prueben que el antepasado nació en la comunidad, logrando así su amparo bajo la ley de memoria democrática.

Acerca del caso de Roberto Cid, no deja de recordarlo con un sabor agridulce, ya que, como explica, el Registro Civil de Ferrol solo daba respuestas negativas. “Partimos de la información del certificado de matrimonio y del de defunción de su bisabuelo, con los que hicimos una búsqueda exhaustiva en padrones, registros civiles e, incluso, testamento del padre”, detalla. El nacimiento de Guillermo lo ubicaron en los primeros meses de 1890, en Ferrol, y, tras mucho insistir, lograron que por fin dieran con él tras percatarse del intercambio de apellidos que realizó el exiliado al comenzar una nueva vida en México.

La genealogista gallega explica que las primeras pistas son confusas. Tal vez los migrantes partieron del Puerto de Vigo, pero, ¿de qué localidad eran, dónde estaban registrados? Hay cientos de parroquias y ayuntamientos que consultar uno a uno. Muchos de los descendientes optaban por enviar una petición masiva, provocando así un colapso en los registros, hasta que daban con su ayuda especializada. “El registro civil solo está digitalizado e indexado a partir de 1950 y en las localidades un poco más grandes, pero en los archivos diocesanos hay que buscar a mano y habría que tener en cuenta la pérdida de material por incendios, inundaciones o mal estado”, detalla.

Más recursos

En el blog de su página web, González recoge las anécdotas de vidas que toma en sus manos. Por ejemplo, recuerda con cariño la historia de una mujer gallega que emigró a Estados Unidos y trabajó como institutriz en una familia acodada. En los viajes que compartió con ellos, conoció en Turquía a un hombre del que se enamoró y con el que compartió su vida. Décadas más tardes, fue su nieta quien le escribió para recobrar las raíces españolas que le habían sido extirpadas por la ley. “Es muy emocionante entrar en contacto con el mundo del que proceden”, reitera, por lo que pide un esfuerzo a la administración para dotar de recursos y medios digitales a los archivos.

En la actualidad, el lío burocrático persiste. El joven espera una respuesta por parte de Madrid tras jurar la nacionalidad y su padre, Roberto Cid Riobó y de 69 años, prevé que en dos años llegue su certificado. Frente a las declaraciones políticas que atacaban esta regularización, Leal manifiesta que “no somos ni más ni menos que otros migrantes, es más, merecemos ser acogidos como nuestros abuelos lo fueron en otros países”. Además, reclama que muchas de las personas que podrían haberse beneficiado de esta medida finalmente optarán por la regularización extraordinaria que comienza este mes de abril, aunque la diferencia sustancial entre ambas vías radica en que una concede la nacionalidad mientras que la segunda concede la residencia española.

Roberto aterrizó en Sevilla en 2020 para cursar el máster público de abogacía y, desde entonces, ha hecho de la ciudad su nuevo hogar. “El migrante viene abierto a conocer y la sociedad también debe abrirse a él porque, al final, las conductas son amoldables”, ya sea por el idioma o las costumbres que comparten estas latitudes, unidas por siglos de flujos migratorios, ha encontrado su hueco. Desearía que el principio de la ley de Memoria Democrática se extendiese en el tiempo, como la normativa italiana, en la que la obtención de la nacionalidad por descendencia es un derecho permanente, aunque el Gobierno de Giorgia Meloni ha introducido importantes restricciones en la legislación.

Hasta el 19 de septiembre de 2025, el Gobierno central ha concedido 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos de las 876.321 solicitudes realizadas. Dentro del entramado político internacional, poseer la nacionalidad española supone la diferencia. El abogado mexicano, que tiene a su hermano Fernando viviendo en Estados Unidos, hace la comparación con las posibilidades del visado en comparación con sus compatriotas latinos en un contexto en el que la persecución del ICE y de las autoridades norteamericanas produce detenciones indiscriminadas: “La nacionalidad española uno de los mejores calificados para accesos y, al final, abre un mundo”.