La Universidad de Sevilla alerta de un desfase de casi 13 millones entre el coste de su plantilla y la financiación para 2026
La Universidad de Sevilla (US), la más grande de Andalucía con 71.000 alumnos y unos 7.600 profesores, advierte de que la financiación de la Junta es “claramente insuficiente” para cubrir el coste real del personal, que cifra en 462 millones de euros frente a los 449 millones asignados para 2026 en el último reparto de fondos autonómicos.
En el informe que la rectora, Carmen Vargas, traslada este jueves al Consejo de Gobierno, la institución analiza los números actuales de la plantilla tras el acuerdo de financiación alcanzado en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Según este análisis, la US se enfrenta a un desfase de 12,7 millones que obligará a adoptar medidas de contención del gasto y posibles ajustes presupuestarios para equilibrar el capítulo de personal en 2026.
“Aunque se recibirán mayores transferencias tras el proceso de auditoría o evaluación técnica prevista [medida acordada también en el último CAU], al ser un proceso externo y difícil de cuantificar, se considera necesario cubrir ese desfase en el capítulo 1 [personal] con el ahorro de otros capítulos de gasto”, recoge el informe al que ha tenido acceso Europa Press. En este contexto, la universidad estudia medidas que podrían afectar a la organización interna, la dedicación docente, la asignación del PTGAS, promociones, contrataciones y planes propios, con el objetivo de minimizar el impacto directo en las retribuciones.
Cabe recordar que, hace un mes, la rectora presentó un plan de recortes de 16 millones de euros en el gasto, que obligará al Rectorado a tomar medidas drásticas, como reducir los grupos (meter más alumnos por aulas), cerrar el turno de tarde en algunas facultades, restringir la contratación de personal laboral temporal y suspender temporalmente los procesos ya abiertos de promoción a cátedra.
El motivo esgrimido entonces era que la institución se encuentra aún con el presupuesto prorrogado de 2025, con un techo de gasto para la plantilla que se ha demostrado insuficiente para asumir la obligada subida del 2,5% en el salario de su personal funcionario, una medida aprobada por el Gobierno de España, con efectos desde el 1 de enero de 2025.
Todo ello en el marco del pulso que los rectores llevan dos años librando con la Junta de Andalucía por la financiación universitaria. Los rectorados denuncian un “incumplimiento” reiterado del modelo de financiación aprobado por el propio Gobierno autonómico en 2023, hasta el punto de amenazar con acudir a los tribunales. La infrafinanciación es, de hecho, uno de los frentes del conflicto que la comunidad universitaria mantiene con la administración autonómica.
Política de contención del gasto
De acuerdo con el reparto de fondos aprobado, la Hispalense percibirá, de momento, para el ejercicio 2026 un total de 449,3 millones de euros. En esa cantidad se incluyen 2,5 millones para la “sostenibilidad financiera” y 5,5 millones del acuerdo de abril de 2025 para afrontar el pago de complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración, PTGAS.
A la espera de las auditorías pactadas entre la Junta y las universidades, el Rectorado insiste en que el coste real de la plantilla —incluyendo nómina base, complementos y obligaciones legales— asciende a 462 millones de euros. Ante este escenario, la US prevé establecer un “control” en el crecimiento del capítulo 1, con una “política de contención del gasto para que el coste de la plantilla no se incremente más de lo estimado, garantizando que el personal puede percibir todo lo consolidado en 2025”.
Concretamente, en el caso del PTGAS, la US prevé que este año el incremento de la masa salarial es de un 6,9% –un 4% debido al incremento salarial de 2025/2026, un 2,5% de atrasos por la subida salarial de 2025 y el resto para atender actuaciones en 2026– mientras que en el caso del Personal Docente e Investigador (PDI), esa subida es de un 12,9%.
Comisión técnica para el cálculo de los costes de personal
El acuerdo alcanzado en materia de financiación después de meses de negociación entre la Consejería de Universidad y los rectores de las universidades públicas andaluzas prevé la creación de una comisión “técnica”, con la presencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, para “determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda” que recoge el modelo de financiación pactado entre la Junta y los rectores en 2023. La cláusula de salvaguarda garantiza que las universidades reciben cada ejercicio la misma cantidad que el año anterior más los incrementos salariales, para asegurar la estabilidad financiera del sistema.
Y es en esos incrementos salariales donde entra el papel de la comisión que va a analizar los “criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario [capítulo 1 de los presupuestos]” y eliminar así las diferencias en esta materia; diferencias que han estado en el meollo de las largas negociaciones entre las partes. Fuentes de la Junta y de los rectores reconocen que la intención es que antes de la primera quincena de julio esté listo este análisis “universidad por universidad” de los gastos de personal para así tener clara cuál es la fórmula precisa para calcular la cláusula de salvaguarda.
Con esta medida, explicaba la Junta, se pretende “alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la Junta de Andalucía, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado”. Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.
Este órgano técnico también estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollará y concluirá este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.