Los rectores de las universidades públicas andaluzas aprueban el reparto de 1.800 millones de fondos autonómicos de 2026
El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén (UJA), la propuesta de la Junta de distribución de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para este año 2026, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de euros (1.788 millones del Presupuesto de este año y 37,5 millones adicionales para pagar complementos autonómicos de 2024 y carrera horizontal del PDI y PTGAS), según ha informado la Consejería de Universidades.
Por universidades, la de Sevilla será la que más financiación reciba, con casi 450 millones de euros. A la Universidad de Málaga le corresponden 253. Le siguen la Universidad de Córdoba (150,5 millones), la de Jaén (112), la de Almería (98), la de Huelva (90,45), la Pablo de Olavide (85) y, por último, la UNIA (14,6).
De los 1.825,7 millones de euros que se reparten, 1.669,01 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 112,64 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.
De igual modo, está englobado en la cantidad total un aporte de 6,57 millones de euros consolidables destinado a la nivelación. En este ejercicio, se ha determinado que esos recursos tengan como destino la Universidad de Granada (UGR), que recibirá 2,01 millones de euros y, especialmente, la de Málaga (UMA), a la que se transferirán por este concepto 4,55 millones de euros.
A todas esas cifras se añade una cuantía de 21,5 millones consignada para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales, tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)
Además, el modelo incluye otros 16 millones consolidables para el refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario, por lo que ambas cantidades suman un montante de 37,5 millones adicionales. Inicialmente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aseguró que esta partida iría para digitalización de los campus, aunque finalmente las universidades podrán usarla en aquello que consideren más oportuno.
El Consejo Andaluz de Universidades ha subrayado que está cantidad estará destinada a cubrir diferentes conceptos reclamados “ampliamente” por las instituciones, como el abono total de los complementos autonómicos del PDI y el 50% del quinto tramo del complemento de productividad del PTGAS del año 2024, y la partida de 16 millones de euros consolidables anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía durante la apertura del curso académico 2025-2026.
Comisión técnica para el cálculo de los costes de personal
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presidido en Córdoba la comisión de programación de este órgano celebrada este viernes en la que están representados los rectores, el estudiantado, los Consejos Sociales y el Parlamento andaluz.
En esta reunión, se ha informado favorablemente la orden que recoge esa distribución y se ha dado cuenta también de la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de personal con el fin de disponer de un marco financiero “equilibrado y sostenible”, el capítulo 1, que constituye la principal reclamación de las universidades.
Se tratará de un mecanismo de auditoría conjunta entre las Universidades y la administración autonómica para determinar de forma exacta los costes reales de la plantilla universitaria y abonar la diferencia de ingresos no percibidos en virtud del cumplimiento íntegro de la cláusula de salvaguarda correspondiente a cada Universidad, según ha informado el CAU en una nota. En este sentido, la entidad ha reclamado a la Junta de Andalucía que dicha auditoría esté finalizada en el mes de julio, para que sus conclusiones se apliquen durante este ejercicio económico.
Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios. También este órgano técnico estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos.
Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.