Cooperativas y economía social: la clave para garantizar el “derecho a habitar” sin importar el código postal

La economía social aporta el 11% del Producto Interior Bruto español. Uno de cada 10 euros que se generan en el país proviene de una red silenciosa que, sin embargo, se ancla al territorio y hace llegar al último rincón del estado productos y servicios que no llegarían de otra manera. Esta realidad ha quedado plasmada en la jornada 'Cooperativismo: el modelo que mantiene vivos los pueblos donde el mercado no llega', organizada por elDiario.es, en colaboración con Bidafarma. Durante el coloquio, todas las voces expertas han coincidido en defender el llamado “derecho a habitar”.

“Somos ciudadanos y la decisión de residir en una gran ciudad, en una pequeña capital de provincia o en un territorio más rural, debe ir más acompasada con los intereses personales o familiares y no verse mermada por la falta de oportunidades”, ha señalado la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ángeles Marín.

Marín ha destacado algunas de las palancas que está activando el ministerio, como la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una estrategia “de visión amplia que sirva de hoja de ruta para que el resto de administraciones, actores, asociaciones, tejido empresarial, grupos de acción local, la universidad o los centros de investigación alineen sus actuaciones”. El objetivo es llegar al “país de los 30 minutos”, en el que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación, tenga acceso a servicios básicos.

Uno de esos servicios básicos es el que presta Laura Maíllo, que es farmacéutica en un pequeño pueblo de montaña de unos 500 habitantes en la provincia de Ávila. Este es uno de los miles de municipios de esa España despoblada que vertebran el territorio. Según datos oficiales, en el 83,7% de los municipios viven menos de 5.000 personas. En estos territorios, normalmente envejecidos, el hecho de que haya una farmacia abierta o una tienda, “les da calidad de vida”, explica Maíllo.

El presidente de la cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma, Antonio Mingorance ha explicado durante el encuentro que la economía social hace “de la necesidad virtud”. Es “un modelo solidario de distribución”, que persigue que no haya “ciudadanos de primera ni de segunda”: “Es muy fácil traer un medicamento al centro de Madrid, lo difícil es distribuirlo entre los 7.500 pueblos que hay en toda España”.

En este sentido, los modelos cooperativistas suman la fuerza de todos sus socios para actuar con un único músculo, que permita compensar las dificultades en ciertas zonas o momentos con las fortalezas en otras áreas.

El presidente de la cooperativa de distribución alimentaria Unide, Carlos Jiménez, ha destacado que este modelo está profundamente arraigado en el territorio y, a diferencia de otras empresas, no se deslocalizan. Pero, más allá del rendimiento económico, ha hecho hincapié en el valor de la proximidad. “Cuando tienes una tienda con un surtido de 1.200 productos en un pueblo, estás garantizando una alimentación variada, mientras otros se alimentan de mercadillo o de lo que les lleva una furgoneta, sin poder elegir. Ese intangible de calidad de vida es importante, hacemos un servicio público”, defiende.

Es una idea con la que coincide Maíllo, quien no solo suministra medicamentos, sino que ejerce una labor de vigilancia entre sus vecinos e incluso de atención en determinados momentos, cuando no hay un médico o no puede acudir. La relación, en cualquier caso, es simbiótica: “Hay una necesidad tanto mía de atenderles, como suya de que les atienda”, reconoce.

Para blindar a estas cooperativas y favorecer la cohesión territorial, los ponentes han hecho un llamado a la concienciación, pero también han pedido medidas específicas. Jiménez ha reclamado una reforma fiscal urgente que promueva estos modelos, sometidos actualmente a una ley de 1990 que considera obsoleta. Mingorance ha pedido incentivos al arraigo y que se trabaje para que las diferencias en el acceso a los servicios básicos entre ciudadanos desaparezcan, garantizando la igualdad total, con independencia del código postal.

Laura Maíllo, por su parte, ha reivindicado la necesidad de apoyar a la farmacia rural y una atención sostenible y sostenida por parte de las instituciones, así como facilitar el desarrollo profesional de los y las farmacéuticas en los entornos rurales, para que puedan evolucionar académica y económicamente sin verse forzadas a mudarse a las ciudades.