La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha destacado en su informe anual 2013 la constatación de “una notable disminución” en las ayudas a la compra de libros de texto escolares, tanto por parte de las comunidades autónomas como por la Administración general del Estado.
Ha concluido en su documento que la coyuntura económica “ha pasado factura” a la educación y que las restricciones han afectado a todos sus niveles.
En total, Becerril ha recibido un total de 1.115 expedientes de quejas en Educación frente a las 1.049 de 2012, lo que representa un aumento del 6,3 %.
Esta institución ha realizado un estudio sobre la gratuidad de los libros de texto tras la actuación de oficio iniciada en 2012 y, con los datos aportados por las administraciones educativas, ha concluido que se ha producido un “importante retroceso” en los fondos globales destinados a dicho fin y en el número de alumnos beneficiarios.
Ha recomendado al Ministerio de Educación aumentar las cuantías necesarias en los presupuestos y promover la reutilización de los libros.
En general, las quejas recibidas por esta institución en el tema educativo, aunque “no difieren sustancialmente de las tratadas en años anteriores”, hacen hincapié en las ayudas a alumnos y sus familias, los servicios de comedor, transporte y los mencionados libros de texto, las instalaciones y la atención a las necesidades educativas especiales.
Becerril ha afirmado, además, que el incremento de los precios públicos en las universidades, las nuevas exigencias académicas en el sistema de becas o la reducción del período de las becas Erasmus “son también reflejo de las restricciones económicas que se vienen padeciendo en los últimos años, y que convendría aliviar en la medida en que la evolución de la economía lo permita”.
En cuanto a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), Becerril llama la atención sobre el gasto que implica y ha argumentado que una condición imprescindible para alcanzar sus objetivos es “destinar los recursos materiales suficientes”.
En el apartado de la educación no universitaria, Becerril ha investigado el “uso prolongado de instalaciones provisionales” por retrasos en la construcción de edificios que albergarán centros escolares -como en la Comunidad Valenciana y Aragón- y “estudia” la posible realización de nuevas actuaciones de oficio.
Sobre la admisión de alumnos, ha apuntado que la normativa de la Comunidad de Madrid no incluye en el primer ciclo de la educación Infantil la circunstancia de que los padres se encuentren en paro y ello ha provocado quejas de ciudadanos que se encontraban en esa situación.
En la educación universitaria, la defensora ha recibido quejas relativas a la “descoordinación” entre las facultades sobre las fechas en las que finalizan los procesos de selección, especialmente en estudios de gran demanda como Medicina, y ha recomendado establecer un nuevo procedimiento de admisión universitaria y unificar los períodos de matriculación y comienzo de curso.
En cuanto al programa Erasmus, el informe refleja las numerosas quejas por el (posteriormente anulado para este curso) cambio de requisitos para acceder a las becas cuando los alumnos ya estaban este año en su destino.
Ha habido quejas por la inclusión de requisitos académicos “más estrictos” en las becas y Becerril ha apuntado que “la exigencia de un mínimo rendimiento académico sirve como instrumento de estímulo para el esfuerzo” de los estudiantes que aspiran a obtener una ayuda, pero que el valor fundamental de la política de becas es que ningún estudiante deje sus estudios postobligatorios por motivos económicos.