Madrid, 24 feb (EFE).- El doctor Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, ha dicho que los protocolos para decidir la derivación de ancianos de residencias a hospitales de la región durante el pico de la pandemia, que él firmó, se basaron en criterios “clínicos y técnicos”.
En una situación de “medicina de catástrofe”, se hacía “obligado establecer algún tipo de protocolos como se había hecho en las UCI”, ha afirmado el exdirector ante la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la muerte de casi 4.000 residentes en la primera ola de la pandemia en la región.
Tras anunciar la Consejería de Sanidad el 12 de marzo un plan para medicalizar las residencias, un primer protocolo fue enviado el 18 de marzo a nueve cargos públicos, gerentes y directores médicos, cuyo texto fue elaborado “por hasta 18 geriatras” y rubricado por Mur para “llevar atención sanitaria in situ a las residencias”, ha explicado.
El protocolo buscaba “medicalizar las residencias y era una guía de actuación para coordinar a los profesionales”.
“En ningún momento pretendió ser una orden administrativa”, ha añadido Mur, que fue destituido de su cargo el 13 de mayo, tras trascender estos polémicos textos, una decisión que ha enmarcado en una reorganización de cargos en la Comunidad de Madrid.
Se elaboraron “hasta seis versiones y borradores del protocolo clínico hasta llegar al último, del día 25”, ha explicado el exdirector, que asegura que el elaborado el día 20 que recomendaba no derivar a los hospitales a aquellos ancianos con alto grado de demencia o que no pudieran caminar por sí solos “nunca se llegó a aplicar por los geriatras de enlace”.
En su intervención, ha defendido que con recursos escasos ante un “cataclismo enorme” había que dar unas guías a los sanitarios y desde ahí “analizar caso a caso individualmente” para determinar el traslado hospitalario.
Según Mur, las distintas versiones buscaban con “criterios clínicos y técnicos” no desplazar a personas con grado máximo de demencia a hospitales, que entonces eran “medios muy hostiles” al estar colapsados, y que “no se estableció una discriminación generalizada de nadie” porque se analizaba caso a caso.
“Ninguna versión del protocolo privaba del traslado a todos los residentes, simplemente establecía unas recomendaciones clínicas, y a nadie se le dejó sin tratamiento”, ha asegurado.
La diputada de Unidas Podemos Paloma García ha dicho en la comisión que entre el 18 y 29 marzo “las derivaciones de residencias a hospitales bajaron casi un 40 % y no derivaban a mayores” con movilidad reducida, ante lo que Mur ha replicado que “en marzo se trasladaron a 2.451 personas” pese a que había “dificultades reales para los traslados”.
“Cómo se aplicó iba cambiando pero se hizo cada día lo humanamente posible” e incluso más. Era como “atender un incendio con 80 focos con tres extintores”, ha ejemplificado.