El Supremo pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la querella interpuesta por IU contra Juan Carlos de Borbón

El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre “competencia y contenido” de la querella interpuesta por Izquierda Unida y el PCE contra Juan Carlos de Borbón “por la supuesta comisión de 13 delitos”, según informa la coalición en un comunicado. Ambas organizaciones han tenido que hacer frente a una fianza de 12.000 euros para proseguir con su denuncia contra el rey emérito.

El pasado mes de diciembre IU amplió la querella que interpuso en 2018 contra el exjefe del Estado para incluir el uso de tarjetas opacas por parte tanto de Juan Carlos de Borbón como de otros miembros de su familia, como la reina Sofía de Grecia o sus nietos, Froilán y Victoria Federica de Marichalar y Borbón.

La querella que presentó IU en 2018 fue archivada por falta de pruebas. Pero la coalición pidió su reactivación, algo que el Supremo ha hecho ahora. El informe de la Fiscalía es uno de los pasos para que el Alto Tribunal decida si abre una investigación o no contra el exrey.

En la querella, los denunciantes aseguran que existen “indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero”.

Así, de los 13 delitos que le imputan -siete de ellos vinculados directamente con el exjefe del Estado-, destacan los de “cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares”.

Escribe Aitor Riveiro.