La tarde del 8 de octubre, viernes, varios veinteañeros desfilaron por la jamonería DBellota —un local de la calle Fuencarral, pleno centro de Madrid, que funciona como bar y tienda de embutidos ibéricos— siguiendo un mismo ritual. Entraban, buscaban con la mirada a un hombre sentado en una de las mesas ubicadas al fondo y acudían a su encuentro. Algunos se sentaron a conversar y pidieron refrescos o cañas. Otros saludaron brevemente y se marcharon. Todos depositaron discretamente el dinero en efectivo.
Quien recibía esos billetes es Juan Casillas Cuevas, inspector del Banco de España y uno de los preparadores de la academia en la sombra que él, su hermano Alberto, alto cargo del supervisor bancario, y una tercera empleada de la entidad, Patricia Navarro-Rubio Poole, han montado para formar a opositores que aspiran a ganar una plaza de inspector en el supervisor bancario.
Lee la primera entrega de la investigación: En billetes y sin recibo: el gran negocio de tres inspectores del Banco de España con la formación de opositores.
Una historia de Elena Herrera, José Precedo y Diego Larrouy.
El gobierno de Florida anunció este jueves que ha interpuesto una demanda contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por obligar a todos los empleados y contratistas del Gobierno federal a que se vacunen contra la COVID-19 antes del 8 de diciembre.
En rueda de prensa, el gobernador de ese estado, el republicano Ron DeSantis, dijo que la orden federal es “ilegal” y una “extralimitación” que en el caso de Florida interfiere con las políticas de empleo y en general con la economía estatal. “Lo que hace Biden es inconstitucional”, agregó DeSantis sobre la obligación de la Administración federal, al considerarla “una opción personal” que ha puesto en peligro el trabajo de miles de personas.
“El gobierno federal está excediendo su poder y es importante para nosotros tomar una posición porque en Florida creemos que estas son opciones basadas en circunstancias individuales”, manifestó DeSantis, quien mediante decreto ejecutivo ha prohibido a las empresas en este estado exigir pruebas de vacunación.
Informa: Efe.
Uruguay registró este jueves 260 casos nuevos de la COVID-19 en una jornada sin fallecidos a causa de esta enfermedad, según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). De los 10.649 análisis efectuados en este día, 260 fueron positivos, por lo que el país sudamericano acumula 393.139 casos totales desde que el 13 de marzo de 2020 se declarase la emergencia sanitaria por la detección de los cuatro primeros contagios.
De ese total, 1.993 son personas que están cursando la enfermedad y 22 de ellas se encuentran en centros de cuidados intensivos (CTI). En cuanto a los decesos, la cifra de muertes con diagnóstico de SARS-CoV-2 se mantuvo en 6.076 desde el inicio de la crisis sanitaria.
Respecto a la vacunación, según el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) hasta las 17.22 horas (20.22 GMT) de este jueves, 2.618.437 personas (un 73,90 % de la población) completaron su pauta de inmunización de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer.
Informa: Efe.
Los ministros de Salud de Iberoamérica han exhortado este jueves a la comunidad internacional a que promueva el acceso universal y equitativo de las vacunas para ayudar a superar las consecuencias de la COVID-19.
Los funcionarios han celebrado hoy de forma virtual la XVI Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Salud, coordinada por la República Dominicana, país que ocupa la secretaría “pro tempore” de la Conferencia Iberoamericana.
En su declaración final, los ministros han acordado propiciar “el acceso, la distribución oportuna y equitativa” de vacunas seguras y eficaces en el marco de los esfuerzos impulsados, ya sea por acuerdos bilaterales o por la alianza de colaboración mundial COVAX, en la que están comprometidos 190 países bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, promover iniciativas multilaterales y nacionales puestas en marcha en México, Argentina, Cuba, Brasil y Chile para la investigación, desarrollo, producción, envasado y distribución de vacunas.
Por EFE.
Cientos de personas, en su mayoría propietarios y empleados del sector de la hostelería, han bloqueado hoy el tráfico en el centro de Sofia en protesta por las medidas gubernamentales contra la COVID-19 bajo el lema “Juntos por la salud, el trabajo y el futuro”.
Se han convocado concentraciones en otras 15 ciudades de Bulgaria, que es el segundo país con la mayor tasa de mortalidad por COVID en la UE, solo por detrás de Rumanía, y es el último en cuanto a vacunación: menos del 25% de su población tiene la pauta completa.
El país balcánico registró esta semana máximos absolutos de contagios, casi 7.000 el miércoles, mientras que las cifras de muertos superaron los 240 el martes. Ante esta situación, el Gobierno introdujo la semana pasada la obligatoriedad de mostrar el certificado COVID para entrar en lugares de ocio.
A través de EFE.
El Partido Popular acaba de recibir su segunda condena judicial por su relación con flujos de dinero negro. Los jueces consideran que la formación que dirige Pablo Casado es responsable civil subsidiaria del dinero que dejó de ingresar Hacienda porque la reforma de la sede central de la calle Génova se pagó con dinero negro. La sentencia deja claro que el PP es responsable: no tenía ningún mecanismo interno para controlar a Luis Bárcenas y las primeras medidas que tomó para evitar o detectar este tipo de situaciones no llegaron hasta muchos años después de la reforma de la sede del PP.
La sentencia declara probado que el PP reformó su sede central de la calle Génova de Madrid entre 2005 y 2010. La gestión de las obras, que afectaban a todo el edificio, fue asumida por Luis Bárcenas y la empresa Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo. Unos trabajos que se pagaron, en parte, con dinero negro de la 'caja B' del Partido Popular que gestionaba el tesorero: el PP ahorraba dinero y Unifica tenía menos obligaciones con Hacienda al cobrar una parte de manera opaca.
Por Alberto Pozas.
El gobierno de Florida ha anunciado este jueves que ha interpuesto una demanda contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por obligar a todos los empleados y contratistas del Gobierno federal a que se vacunen contra la COVID-19.
En rueda de prensa, el gobernador de ese estado, el republicano Ron DeSantis, ha señalado que la orden federal es “ilegal” y una “extralimitación” que en el caso de Florida interfiere con las políticas de empleo y en general con la economía estatal. “Lo que hace Biden es inconstitucional”, ha expresado DeSantis sobre la obligación de la Administración federal, al considerarla “una opción personal” que ha puesto en riesgo el trabajo de miles de personas.
La demanda anunciada hoy también por la fiscal estatal, Ashley Moody, se produce después de que 21 fiscales estatales y republicanos enviaran una carta al presidente Biden en la que criticaron la obligación de vacunas a los empleados y contratistas federales, lo que podría incluso afectar la cadena de suministro en uno de los estados más afectados en Estados Unidos por el coronavirus.
Con información de EFE.
El mundo puede enfrentarse a una grave escasez de jeringuillas para las vacunas contra la COVID a finales del año que viene si no se toman medidas inmediatas, según ha advertido Unicef este jueves. La agencia de Naciones Unidas ha recordado que a medida que se aumente el acceso a las dosis contra el coronavirus, se debe aumentar también el acceso a las jeringuillas necesarias para administrarlas.
Las proyecciones de Unicef apuntan a que para alcanzar los objetivos de inmunización mundial contra la COVID, y asumiendo un suministro de vacunas sin obstáculos durante el próximo año, podría haber un déficit de hasta 2.200 millones de jeringuillas. Esta escasez, indican, solo afectaría al tipo que se bloquea automáticamente para evitar su reutilización, cuyo uso es fundamental en los países de ingresos medios y bajos. “Serán los más afectados por esta escasez. No anticipamos una privación significativa de suministro de jeringuillas más estándar que se usan en los países de altos ingresos”, ha dicho la directora ejecutiva del organismo, Henrietta Fore.
Según explica la agencia, esta escasez es el resultado de una demanda significativamente mayor, interrupciones en las cadenas internacionales de transporte y suministro, un abastecimiento impredecible de vacunas “debido a una dependencia significativa de dosis donadas muy necesarias” y prohibiciones nacionales de exportación de jeringuillas. Entre las medidas urgentes, Unicef ha pedido el fin del “nacionalismo de las jeringuillas” y el almacenamiento del equipamiento de inyecciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha advertido de que el acceso limitado a este producto crucial puede ralentizar el despliegue de la vacunación contra la COVID-19 en África. Algunos países del continente, como Kenia, Ruanda y Sudáfrica, ya han sufrido retrasos en la recepción de jeringuillas, según la OMS.
Unicef ha pedido que se amplíe el acceso al suministro tanto de jeringuillas estándar autodesechables de 0,5 ml utilizadas en la mayoría de vacunaciones rutinarias y contra la COVID-19, como de las de 0,3 ml usadas para la fórmula de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. La rama africana de la OMS asegura que no hay reservas mundiales de las de este último tipo. “El mercado de las jeringuillas autodesechables de 0,3 ml es reducido y extremadamente competitivo. Por lo tanto, hay escasez de ellas y seguirá siendo así al menos hasta el primer trimestre del próximo año”.
Unicef reclama también un suministro de vacunas contra el coronavirus “más seguro y predecible” que permita hacer un mejor uso del limitado suministro de jeringuillas, que se privilegien los envíos de equipamientos de inyección por parte de los transportistas y una revisión de los planes y plazos de las campañas de inmunización, de forma que la cantidad global de jeringuillas pueda usarse de la mejor manera. Según OMS África, el mecanismo COVAX está mejorando la planificación “para evitar que las entregas de vacunas superen el suministro de jeringuillas”.
Informa Icíar Gutiérrez.
La Fiscalía ha archivado la investigación sobre la campaña islamófoba de Vox en las pasadas elecciones catalanas del 14 de febrero. Según el Ministerio Público, el vídeo que Vox difundió en redes sociales durante la campaña bajo el lema 'Stop islamización en Cataluña' está amparado por la libertad de expresión y no constituye el delito de incitación al odio que denunciaron varias entidades musulmanas.
En el informe del pasado mes de julio que pone fin a las diligencias, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía de Madrid resuelve que aunque la campaña islamófoba de Vox pueda calificarse “cuanto menos de desacertada o desafortunada”, no deja de ser “la manifestación de una opinión”. El partido de extrema derecha relacionaba en el vídeo la inmigración con la delincuencia e incluso con el yihadismo.
Escriben Alberto Pozas y Oriol Solé Altimira.
La campaña de vacunación en España notifica un nuevo impulso, esta vez con las dosis de refuerzo contra la COVID-19. Hace un día, este miércoles, Sanidad informaba de casi medio millón de vacunas extra administradas, y hoy el número asciende a 844.649 inyecciones, más de 350.000 dosis de diferencia.
El 90,3% de la población diana española, es decir, la que entra dentro de la estrategia de vacunación, tiene al menos una dosis. Esto es el 80,1% de la población total de España, más de 38 millones de personas.
Por grupos de edad, las personas que reciben las primeras y segundas dosis siguen vacunándose, aunque con un ritmo más lento. Los más rezagados siguen siendo las personas de 30 a 39 años, con el 78,6% de la población con al menos una dosis. Mientras, las personas de 12 a 19 años, notifican el 85,4% con al menos una inyección.
Los cuatro diputados de Junts en el Congreso han registrado este jueves una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, con la que intentarán que las cuentas sean rechazadas de entrada en la Cámara. La líder de la formación, Miriam Nogueras, ha anunciado esta decisión después de que su partido hubiera puesto condiciones al Gobierno para negociar. Requisitos que, según han expresado, el Ejecutivo no cumple.
Una de las principales críticas de Junts es el cumplimiento de las inversiones presupuestadas, para las que el grupo reclama “garantías”. Tras no obtenerlas, Nogueras ha asegurado que “votar a favor de estos Presupuestos es votar por que a Catalunya solo llegue la mitad lo que está presupuestado”. “El Gobierno español no ha cumplido con los partidos que le votaron los últimos presupuestos y no cumplirá ahora”, ha expresado la diputada.
Con este argumento, Nogueras ha llamado a ERC a seguir el mismo camino e interponer su propia enmienda a la totalidad. “Desde Junts apostamos por no volver a ser ingenuos, ser inteligentes, ir juntos y utilizar toda la fuerza que tenemos”, ha reclamado la diputada. Los republicanos por su parte no han descartado rechazar de entrada las cuentas, aunque apuran el plazo para negociar, que acaba este viernes a las 14 horas.
Escribe Arturo Puente.