La jueza de lo Social de Madrid que dio 24 horas al Gobierno regional para que entregara material de protección a los sanitarios rectifica. En un auto notificado este jueves, la magistrada Carmen López Hormeño insta a la Consejería de Sanidad a que proporcione esos equipos a la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), que fue quien llevó la cuestión a los tribunales, “una vez cuente con su efectiva disponibilidad”.
La magistrada acepta en parte las alegaciones de la Comunidad de Madrid y entiende que, para poder exigir a la Consejería de Sanidad que provea de ese material a los sanitarios, “resulta necesario que la entidad demandada disponga efectivamente de dichos medios de protección y equipos, bien porque se los entregue el Ministerio de Sanidad, bien porque los adquiera por cualquier otro modo”.
La jueza asume la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que determinó el pasado 27 de marzo que para “hacer exigible” la obligación del empleador de proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones este tiene que disponer “efectivamente” de esos medios. El tribunal autonómico respondía así a una petición del sindicato Jupol, que también recurrió a la Justicia para que la Secretaría de Estado de Seguridad proveyera a los policías nacionales de “todas las medidas de protección necesarias” para desarrollar sus funciones en condiciones de seguridad ante la Covid-19.
Escribe Elena Herrera.