La Eurocámara reclamó hoy acabar con el vacío legal de plataformas digitales como Airbnb o Uber, que se benefician de “zonas grises” en la legislación tanto a nivel laboral como fiscal o de derechos de los consumidores.
Con las reticencias del grupo liberal, principalmente, la Eurocámara aprobó dos informes que proponen aumentar la seguridad jurídica en la emergente economía digital y pedir a la Comisión Europea que estudie aprobar legislación en este ámbito después del toque de atención de la justicia europea a Uber.
Los eurodiputados distinguen entre las plataformas de internet y la llamada “economía colaborativa”.
El primer grupo estaría llevando a cabo una actividad profesional y continuada como cualquier negocio tradicional, como sería el caso de Uber frente al taxi.
Por otro lado estaría la prestación de servicios de particulares de forma puntual, como es el caso de Bla bla car o Wallapop, que podría regularse de forma más laxa.
En Bélgica, por ejemplo, esas aplicaciones de economía colaborativa están exentas hasta los 5.000 euros, y luego están sujetas a tributación.
En el caso de los derechos de los trabajadores de plataformas en línea, uno de los textos aprobados por el hemiciclo pide a la CE estudiar si no sería ya directamente aplicable la directiva de trabajo temporal a los que prestan servicios a través de las plataformas y por ahora están desprotegidos ante casos como la baja laboral.
El eurodiputado del PSOE Sergio Gutiérrez, que participó en la preparación de los informes, explicó a Efe que si se considera a las plataformas no como empleadores sino como meros intermediarios “al final se produce una precarización del empleo”.
“Bajo el paraguas de las plataformas en línea se crea un mercado laboral paralelo al de los contratos tradicionales”, apuntó.
Gutiérrez denunció que algunos actores y grupos políticos, como los liberales europeos, llegasen a plantear la opción de establecer la categoría de “trabajador digital” para jóvenes como los repartidores de algunas de estas plataformas y que sufrirían “condiciones salariales distintas, fiscalidad distinta, etc”.
Por otro lado, el PE reclama claridad sobre los derechos de los consumidores y la fiscalidad de estas compañías, que los eurodiputados quieren que cumplan con las mismas obligaciones que los negocios tradicionales.
En los informes, los eurodiputados aseguran ser “conscientes del potencial que para las empresas europeas encierran los servicios, los contenidos creativos y los datos generados por los usuarios”, pero al mismo tiempo alertan de “los posibles riesgos derivados de su concentración en manos de un reducido número de plataformas digitales transnacionales”.