El Supremo libra a Defensa de pagar 6 millones a los residentes de la Urbanización Hespérides
El Tribunal Supremo (TS) acaba de poner fin a uno de los capítulos más enrevesados de la historia judicial reciente de Santa Cruz de Tenerife.
En concreto, se trata de los terrenos ocupados por la urbanización Hespérides dentro de Hoya Fría. Suelo éste último que hasta el año 2008 pertenecía al Ejército pero que desde entonces pasó a manos de los herederos de sus propietarios originales, la familia Rodríguez López.
La causa de la devolución de la propiedad fue precisamente que los militares incumplieron la cláusula firmada en 1937 por medio de la cual se comprometían a que la parcela de 470.000 metros cuadrados sólo podía ser usada para fines militares. A cambio los Rodríguez López conseguían el indulto para uno de sus familiares condenado a morir fusilado.
Sin embargo, en el año 1997 el Estado subastó por 1,4 millonnes una parcela de 174.000 metros cuadrados que es donde en la actualidad residen las 114 familias de la urbanización Hespérides. Incumplido el codicionante de la cesión, los herededores de la familia Rodríguez López acudieron a los tribunales que finalmente en 2008 le dieron la razón. Desde entonces el ejército continúa ocupando los terrenos pero en régimen de arrendamiento.
Nada más recuperar el suelo los nuevos propietarios exigieron a los vecinos de Hespérides que les pagaran 7,7 millones por la compra del suelo y así lo tuvieron que hacer.
Desde entonces los representantes de la urbanización emprendieron una batalla judicial que no ha tenido ningún éxito. Estos vecinos reclamaban a Defensa que les abonara los 6 millones de diferencia entre los 1,4 pagados en su día al Ejército y los 7,7 que luego desembolsaron a la familia Rodríguez López. El Ministerio sólo se avino a devolver los 1,4 millones cobrados en su día.
El Supremo ahora, al igual que hace dos años la Audiencia Nacional, concluye con que antes de la compra los cooperativistas ya habían tenido conocimiento de la situación en la que se encontraban los terrenos y las cláusulas contenidas en el contrato firmado en 1937 por que así lo había advertido previamente la familia Rodríguez López.
Los tribunales no creen que la admininistración pueda ser acusada de lesión patrimonial “cuyo resarcimiento se pretende, ya que, pese a que el Estado no advirtió en la subasta de la reclamación previa efectuada por los herederos del donante, la cooperativa no sólo tuvo la oportunidad de conocer sino que conoció la existencia de la donación y los términos en los que se hizo”.
La Sala además considera probado que los nuevos compradores estaban al tanto “del carácter litigioso de la finca que adquirió y los procesos civiles que siguieron, en los que intervino, siendo imputable a su propia voluntad la transformación de la finca”.
En referencia a las obras de urbanización que ejecutaron antes de la sentencia del Supremo, así como la “recompra” de la misma tras este fallo del TS que obligó a devolver los terrenos a la familia Rodríguez López.
A finales de 2010 el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, y el portavoz de los herederos de los terrenos de Hoya Fría, Conrado Rodríguez López, suscribieron, el acuerdo de arrendamiento por el que el los propietarios alquilaron a Defensa los terrenos de la base militar hasta 2015, por un importe anual de 200.000 euros.
A partir de aquí está previsto que el Ejército de Tierra concentre todas sus unidades ubicadas en Tenerife en una única base que unirá los actuales acuartelamientos de Los Rodeos y de Las Raíces y que dará cabida a unas 3.500 personas entre efectivos militares y civiles.
Este Plan de Concentración de Unidades permitirá liberar terrenos y posibilitar la dotación de equipamientos sanitarios y educativos necesarios para la Isla, así como facilitar el desarrollo urbanístico y el acceso a la vivienda en el municipio de Santa Cruz.
En cuanto al futuro de Hoya Fría está prevista la construcción de unas dos mil viviendas en el avance del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz y también se ha planteado que en este enclave se sitúe la llamada ciudad sanitaria de Santa Cruz. Eso sí, siempre y cuando la familia Rodríguez López y el ejército no acuerden una nueva prórroga del convenio firmado en 2010.
