Los CIE de las islas incumplen la normativa básica española

Como consecuencia de los incidentes ocurridos en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, se han visibilizado muchos de los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes irregulares al llegar a España. Las constantes fugas y las condiciones a las que están expuestos los propios internos han provocado que diferentes colectivos se replanteen la existencia de estos lugares. Organizaciones como SOS Racismo y plataformas ciudadanas como Canarias Libre de CIE hablan de su ineficacia y piden que se proceda a los cierres.

España cuenta con ocho CIE, de los cuales dos se encuentran en Canarias, uno en Santa Cruz de Tenerife (Hoya Fría), y otro en Gran Canaria (Barranco Seco). Se trata de una competencia exclusiva del Ministerio del Interior y están regulados por el Real Decreto 162/2014. Las personas que se encuentran en esos centros lo hacen por un máximo de 60 días desde su llegada a España de forma irregular, hasta que se tramita la expulsión. El número de días que pasa un interno en un CIE se modificó en el año 2009, cuando se cambió la Ley 4/2000 y se amplió el plazo de 40 a 60 días, este último el hoy vigente.

Plataformas y ONG como SOS Racismo denuncian la vulneración de los derechos humanos en los CIE. Desde estas organizaciones, se advierte que no se les permite realizar llamadas de teléfono o incluso que muchos de esos espacios no cuentan con traductores o trabajadores sociales, hecho que dificulta el proceso de comunicación. En el caso de las mujeres, la situación de vulnerabilidad se agrava debido a que solo se les proporciona una muda de ropa interior para los 60 días.

Acerca de esta problemática, la especialista en migraciones y periodista Helena Maleno Garzón señala: “Los CIE representan agujeros negros en el centro de las sociedades democráticas y la mayoría de ellos se han construido en antiguas cárceles”.

Explica que, dependiendo del lugar donde se encuentran las personas internas, luego tienen que ser trasladadas a otro punto de España. Esto supone otro problema más para el sistema, ya que los excluye por ser inmigrantes y “se ven privados de libertad sin haber cometido ningún delito”, explica la periodista.

Además, las principales organizaciones y plataformas sostienen que se incumple uno de los artículos contemplados en el Real Decreto 162/2014, el que especifica que esos centros no deben tener carácter penitenciario. Uno de los CIE que incumple esta normativa es el de Barranco Seco, ya que este CIE de Gran Canaria era la antigua prisión provincial.

Maleno indica que dentro de esos centros se vulneran todos los derechos, falta la asistencia sanitaria y forman parte de un negocio. “Como todos los sistemas de control, forman un negocio; de hecho, los centros de detención y de refugiados en el sur de Italia están en manos de empresas privadas. Lo que hacen es que reducen gastos y se quedan con una cuota diaria que da la Unión Europea (UE) para la atención de esas personas. Hay organizaciones sociales italianas que señalan que la mafia italiana se ha reciclado y tiene inversiones en ese tipo de centros privatizados”.

Irregularidad administrativa

Desde la plataforma Canarias Libre de CIE se traslada un sentimiento de preocupación por la opacidad aplicada por el Ministerio del Interior en relación con estos centros. Su portavoz, Jennifer Sadwani, dice que tanto los ingresos de las personas como las salidas de éstas no se encuentran publicados en ningún sitio, al contrario de lo que ocurre en las prisiones. Sadwani señala que, “a la hora de hablar con los internos, manifiestan una mayor atención”, y resalta que, en el caso de Canarias, “cuando nos acercamos a los CIE, tanto el de Hoya Fría como el de Barranco Seco, vemos que se vulneran sistemáticamente todos sus derechos”. Esta es la razón principal por la que solicitan el cierre de dichos centros y la involucración del Gobierno de Canarias en este aspecto, para que inste al Misterio del Interior a clausurarlos.

En el caso de Canarias, las personas que llegan a los CIE lo hacen a través de pateras o cayucos, casi siempre. La portavoz de Canarias Libre de CIE alerta de que, “como medida de expulsión, no están funcionando: no se cumplen las deportaciones de esas personas porque son devueltas a la sociedad. En el ámbito jurídico, se quedan en un nivel de doble exclusión social, porque tardan entre 5 y 10 años en resolver esa falta administrativa”, motivo por el que no se comprende cómo esas personas son privadas de libertad.

Helena Maleno coincide con Sadwani en la falta de atención a los internos: “En el caso de Canarias, son personas que han sufrido una tragedia y han pasado mucho tiempo en el agua, donde han visto morir a sus seres queridos y luego van directamente a un centro de internamiento, sin pasar previamente por la asistencia psicosocial”. Resalta la necesidad de contar con un protocolo de actuación específico ya que, en la actualidad, se aplica la Ley de Extranjería de forma inmediata.

La experta en migraciones recuerda el caso de un chico congoleño interno en un CIE mientras su padre estaba como refugiado acogido en Francia. Su hermano había muerto en una patera. “El padre nos llamó porque había llamado al centro para que su hijo le explicará cómo había muerto su otro hijo y la Policía le denegó esa posibilidad, cosa que la jueza de control, Victoria Rosell, había dicho en un documento previo que era totalmente ilegal”.

Las mujeres y los muchos estigmas

El informe emitido en 2012 por la plataforma Woman’s Links Wordwilde Realidades entre rejas muestra la situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres que están internas en los CIE, muchas de ellas posibles víctimas de trata. Además, desde Woman’s Links se ejemplifican las experiencias personales por medio de entrevistas a las propias internas. En ellas se puede apreciar que se desconoce, en muchos casos, la edad de las internas, por lo que se deduce que pueden ser menores.

También se expresa que las internas no cuentan con las condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas, a la vez que se estigmatiza a las mujeres embarazadas que desean llevar a cabo la interrupción voluntaria de la gestación. Una de las cuestiones denunciadas por la organización es que, en el caso de los CIE que cuentan con módulos para mujeres, son las propias internas las que se encargan de la limpieza y el mantenimiento del centro.