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Por la convivencia: las trabajadoras del sexo son también nuestras vecinas

El futuro pasa de manera obligada por la negociación, donde cada una de las partes esté dispuesta a perder privilegios y a ceder en la rigidez de sus convicciones.

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Por la convivencia.

La RAE define como convivencia la mera acción de vivir en compañía de otros, aunque el uso habitual del término alude, además, a la coexistencia pacífica y en armonía. Por lo que así entendida, la convivencia es un proceso, y como tal exige tiempo, esfuerzo y compromiso. Si ya es algo difícil de lograr, qué decir cuando uno de los actores pertenece a un grupo social estigmatizado como el de las personas que ejercen la prostitución.

Dice la antropóloga argentina Dolores Juliano en su obra La prostitución, el espejo oscuro, que el estigma de prostituta persigue a una mujer durante toda su vida y de manera integral, de manera que toda su persona y sus actos se miden con base en esta categoría. Si trabaja alejada de su vivienda habitual encontrará menos problemas. Pero si esta persona convive y trabaja en el mismo barrio y su actividad económica es vox populi, se enfrentará al rechazo social cotidiano.

La prostitución despierta un rechazo histórico en la sociedad, se considera indigna y se encuentra sujeta a un alto grado de estigmatización. El prejuicio resultante establece una barrera entre los ciudadanos de bien y la prostituta, que impide percibirla como una igual. Surge así por un lado la imagen de mujer indigna o desviada por un lado y por el otro la de pobre víctima, vulnerable y necesitada de protección. La desviación es una categoría social para clasificar una conducta que desafía el status quo. Y por tanto, la determinación de una conducta como desviada está sujeta a cambios en el tiempo: lo que hoy se considera desviación seguramente mañana no lo sea.

Todo ello verdaderamente constituye un obstáculo para la relación entre las trabajadoras sexuales y el vecindario. Cuando algo nos molesta de nuestro vecino, normalmente intentamos dialogar y negociar con él, o al menos a comunicarle nuestro malestar antes de tomar medidas de otra índole o de involucrar a la administración pública. ¿Por qué no hacerlo cuando el problema se tiene con las personas que ejercen la prostitución? ¿Es el ejercicio de la prostitución una falta a las normas de convivencia vecinal o es éste el pretexto utilizado por aquellas personas que en el fondo solo quieren eliminar la prostitución del barrio por lo que ésta supone, independientemente del comportamiento de las personas que lo ejercen?

Una creencia común en el pensamiento social es que la prostitución atrae la marginalidad: droga, suciedad, delincuencia etc. Esta idea genera inseguridad y malestar entre los vecinos, sucesivas quejas a las administraciones, y es el punto de partida de la lucha por erradicar la prostitución en los barrios.

Las administraciones, por su parte, aprovechan estas denuncias para dinamizar su calendario político y tomar decisiones que rara vez benefician a las personas que ejercen la prostitución. Pensar en erradicar la actividad de un barrio es trasladar esta realidad, invisibilizándola o limitándola a un área concreta, porque la eliminación total no es posible. Y no lo es, porque el Estado no puede controlar la voluntad de quienes hacen del trabajo sexual un medio de vida, no se puede suprimir el derecho a la libertad sexual.

Cualquier intento de erradicar la prostitución, de eliminarla de las calles o de multar a mujeres o a clientes tiene el mismo resultado: aumentar la vulnerabilidad de las personas que ejercen la prostitución e invisibilizar su situación. Las instituciones públicas emplean un discurso victimizador y con tintes abolicionistas de "erradicación", que es, sin lugar a dudas, populista, en barrios donde los vecinos tienen quejas al respecto. Sin embargo, estas mismas instituciones son conscientes de que no hacen desaparecer el "problema", sino sólo ocultarlo de su mapa político durante un periodo de tiempo, hasta que las quejas se trasladan a un nuevo barrio.

La ordenación del espacio público no puede, bajo ningún concepto, pasar por encima de los derechos y libertades fundamentales, aunque ya se venga haciendo desde hace un tiempo con las ordenanzas municipales y actualmente con la Ley de Seguridad Ciudadana.

Por supuesto, entre los vecinos habrá aquéllos que solo estén interesados en erradicar la prostitución de su barrio, de su área visual, y que utilicen un discurso cargado de prejuicios y tópicos para ocultar el auténtico fin. Pero muchos otros tienen otro tipo de queja, a la que se debe atender, que no se relaciona tanto con el ejercicio de la actividad como con el incumplimiento de los mínimos de convivencia ciudadana. En este caso, el futuro de una buena convivencia pasa de manera obligada por la negociación, donde cada una de las partes esté dispuesta a perder privilegios y a ceder en la rigidez de sus convicciones. Nadie niega la dificultad de este proceso, donde la figura del mediador es imprescindible, al menos en las primeras etapas.

Se necesita una parte imparcial que escuche la realidad de ambos grupos y que los coloque en disposición de hacer concesiones. La administración pública debe empezar a implicarse en esta tarea, porque ello le permitirá, además, conocer de primera mano la realidad del trabajo sexual.

  Área de prostitución, grupo de la delegación de Almería de APDHA

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