Hoy, 28 de febrero, que celebramos el Día de Andalucía, es un buen día para preguntarnos por los vínculos que nos hacen sentirnos pertenecientes a una comunidad sociopolítica determinada, en este caso la andaluza. ¿La identidad cultural? Sin duda, es un nexo importante para muchas personas.
Pero ¿cuántas formas de sentirse andaluz podemos considerar? ¿Seríamos capaces de hacer un listado homogéneo de características socioculturales que definieran el arraigo en la comunidad andaluza? ¿Y que haríamos con los andaluces que no se sintieran identificados con semejante listado? ¿Y que hacemos con todas aquellas personas que, conviviendo en nuestro territorio, por su procedencia de otros contextos socioculturales o su pertenencia a minorías, no comparten dicha identidad?
Las identidades socioculturales son fuente de diversidad, de desarrollo y de disfrute. Pero no nos sirve como nexo común. Ya conocemos las consecuencias de la aplicación del modelo multiculturalista, ampliamente aplicado de forma abierta o encubierta, que apela al respeto a la diferencia, exacerbándolas incluso, legitimando en última instancia la segmentación de la sociedad en diferentes comunidades socioculturales. Magnífico marco para no abordar el conflicto ni la desigualdad. Todos diversos, todos desiguales.
El nexo común es la ciudadanía. Una ciudadanía que ya no puede encorsetarse a los pactos históricos que dieron lugar a los actuales Estados Nación. La Declaración de Derechos Humanos, el ascenso de los movimientos sociales y la relevancia de los movimientos migratorios, plantean una nueva definición del sujeto de la ciudadanía.
En este nuevo planteamiento ciudadanista se revaloriza como primer vínculo la vecindad. Recogido, por cierto, en nuestro actual Estatuto para definir la condición de andaluz o andaluza. Compartir espacios públicos, acceder a servicios públicos, cumplir con ordenanzas e impuestos o participar en la vida local son una base nada despreciable para construir esta nueva ciudadanía.
Una ciudadanía intercultural que es tanto como decir que existe una buena gestión de la diversidad, un abordaje adecuado de los conflictos y, sobre todo, un marco compartido de convivencia. Porque, al margen de nuestras identidades socioculturales, desarrollamos roles comunes: somos ciudadanos/as que tenemos una responsabilidad cívica respecto a nuestro entorno, padres o madres que nos preocupa tener una escuela pública inclusiva y de calidad, aspiramos a vivir en un barrio que tenga el equipamiento adecuado, etc.
En la construcción de esta ciudadanía, los municipios juegan un papel importante. O mejor dicho deberían, si consiguen salir del bucle de las competencias. A raíz de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que limita seriamente las competencias de las administraciones locales, los debates se han enquistado en este punto, dejando en un segundo plano el principal rol que compete a los Ayuntamientos: coordinar todas las políticas e iniciativas que repercuten en su territorio, promoviendo la participación de todos los actores locales en una cooperación efectiva hacia objetivos comunes.
De hecho, los principales problemas y desafíos que afectan a los habitantes de cualquier municipio no son competencia de la administración local y, sin embargo, no podrán ser resueltos sin su participación. El colapso medioambiental, la desigualdad creciente, los movimientos migratorios, la gestión de la diversidad, el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo, etc. son algunos de los desafíos que no podrán ser devueltos a otra ventanilla por no tener competencias.
Claro está que para ello necesitaremos ocuparnos de la gobernanza y no solo de la gobernabilidad. La segunda se limita a la búsqueda de la estabilidad política en la conformación de gobiernos. La gobernanza, en cambio, desarrolla otra forma de gobernar, sustituyendo el modelo fragmentado y burocrático imperante por un modelo cooperativo y descentralizado, fortaleciendo la participación ciudadana, la cooperación con las organizaciones sociales, buscando la coordinación transversal y vertical, generando redes que combatan la exclusión y profesionalizando la gestión pública. Como decía hace poco Jordi Evole refiriéndose a la gestión del drama de los refugiados, no es solo un problema de competencias, también lo es de incompetencia.
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