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El juez de lo Mercantil declara la nulidad del 31% de las acciones de Lopera en el Betis

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El juez de lo Mercantil declara la nulidad del 31% de las acciones de Lopera en el Betis

El juez de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha decretado la nulidad de la suscripción en 1992 del 31 por ciento de las acciones del Real Betis a Familia Ruiz Ávalo S.A (Farusa), la empresa del expresidente y exmáximo accionista del club Manuel Ruiz de Lopera.

En la sentencia, fechada el día 15 de septiembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Francisco Javier Carretero estima parcialmente la demanda interpuesta por un grupo de accionistas contra Farusa y el Real Betis, entre otros.

El magistrado, en una sentencia de 76 folios, declara así la nulidad de la suscripción de 30.869 acciones del Betis, propiedad originariamente de Farusa, y de otras 6.000 acciones del Betis y de Manuel Morales Lunas y José León, actualmente tituladas por Farusa.

La sentencia se ha conocido cuando la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla continúa juzgando a Lopera por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club.

Cabe recordar, en este sentido, que la Fiscalía ha rebajado de tres años de cárcel a seis meses de prisión, sustituibles por el pago de una multa de 3.600 euros, su petición de condena para el expresidente del Real Betis.

La fiscal del caso justificó su decisión en base al acuerdo alcanzado el pasado 27 de julio por la defensa de Lopera con el club y las acusaciones que ejercen las asociaciones Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, pues Béticos por el Villamarín no ha suscrito dicho pacto.

El Ministerio Público recordó que la acusación ejercida por el Real Betis ha renunciado a toda acción penal y civil y se ha declarado "plenamente resarcida y satisfecha" con el acuerdo alcanzado, por lo que rebajó su petición de condena para Lopera, que de su lado ha mostrado su "expresa conformidad" con dicha solicitud.

LA POSICIÓN DE BÉTICOS POR EL VILLAMARÍN

Inicialmente, la Fiscalía solicitó para el expresidente del Betis tres años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, mientras que también le pedía pagar una multa de 2.700 euros y abonar una indemnización de 3,6 millones de euros. De forma alternativa, interesó condenarlo a dos años de prisión por un delito también continuado de administración desleal.

Tras este acuerdo, y tras haber desistido de ejercer la acción penal y civil, el tribunal tuvo por apartadas del procedimiento a las acusaciones que ejercen el Betis y las asociaciones Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, de forma que el juicio continúa con la presencia ya únicamente de la Fiscalía y de Béticos por el Villamarín.

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