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La Ley Orgánica contra la Violencia de Género 10 años después

Señora Mato, no es “el momento adecuado para revisar la Ley” como le gusta manifestar, es el momento urgente de cumplir la Ley sin subterfugios y dotarla con medios suficientes

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Este año conmemoramos el X aniversario de una ley socialista que ha marcado un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. Una Ley que acaba de recibir una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro que las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

Por primera vez una ley reconocía que la violencia hacia la mujer es una cuestión estructural, que tiene que ver precisamente con las desigualdades estructurales que existen en nuestra sociedad. En definitiva, la Ley reconoce que la violencia machista es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Una ley fruto también del trabajo conjunto con las organizaciones feministas y las asociaciones de mujeres de este país que venían reclamando desde finales de los años 90 una Ley Integral.

Este reconocimiento requería de una acción transversal, y así la Ley abarca de manera integral tanto los aspectos punitivos como los relacionados con la prevención, la educación, y los aspectos sociales, asistenciales y la atención a las víctimas, así como la normativa civil y por supuesto, la actuación de las Administraciones Públicas. Por primera vez se coloca en la agenda política al máximo nivel la lucha contra la violencia de género.

Una ley pionera en Europa en unos años en los que España se encontraba entre los primeros países del mundo en materia de igualdad. Según el último informe del Foro Económico Mundial, España se sitúa en el puesto 29 y en materia de igualdad de oportunidades en el empleo ocupamos el puesto 84 de 142 países —y seguramente el Partido Popular nos dirá que la reforma laboral que impusieron no tiene nada que ver en la precarización de las mujeres en el mercado laboral— y por si fuera poco, España es el país europeo que más ha retrocedido en los últimos años.

Mientras el Gobierno de Rajoy acude a recoger un merecido premio a una ley que significó un revulsivo en la lucha contra la violencia de género, por estos lares las políticas del Partido Popular han estado minando permanentemente las políticas de igualdad y la defensa de las víctimas de la violencia machista. Con una ministra que ni siquiera acude, ni por vía plasma, a la reuniones de la Conferencia Sectorial de Igualdad que convoca su Ministerio.

La Ley sigue vigente, pero las sucesivas reformas legislativas del PP han ido dirigidas a restarle efectividad, todo ello aderezado con unos significativos recortes presupuestarios. En Canarias, a pesar de que hemos sufrido un recorte del 22% desde 2011 en las partidas destinadas a la violencia de género en los PGE, mantenemos sin recortes el presupuesto destinado a mantener los recursos existentes que garantizan la atención a las víctimas de la violencia de género. Sirva como ejemplo una reforma educativa que suprime la asignatura de Educación para la ciudadanía, un instrumento para educar en valores como la igualdad entre mujeres y hombres; o la Reforma de la Administración Local que considera “impropias” las competencias municipales en Igualdad y Violencia de Género; o el proyecto de reforma del Código Penal que rebaja la gravedad del delito de lesiones o que abre la puerta a la mediación —una auténtica aberración, ¿qué va a mediar una víctima con el maltratador?—. El proyecto “estrella” del Estatuto de la Víctima obliga a pagar las costas en caso de sobreseimiento o absolución, cuando sabemos que es un delito público pero que ocurre en el ámbito privado, con las dificultades de prueba que eso conlleva. Disminuyen las denuncias y con estas políticas lamentablemente seguirán disminuyendo, aumentando la indefensión de muchas mujeres.

Señora Mato, no es “el momento adecuado para revisar la Ley” como le gusta manifestar, es el momento urgente de cumplir la Ley sin subterfugios y dotarla con medios suficientes. Ya es hora de que la violencia hacia las mujeres vuelva a ser una prioridad política, pero me temo que tendremos que esperar, como siempre, a un cambio de gobierno con una voluntad política clara y demostrada que vuelva a defender al máximo nivel político la vida y la integridad de las mujeres.

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