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La promotora que iba a urbanizar el Puerto de Tazacorte, en la lista de los grandes deudores de Hacienda

El propietario de Inversiones Insulares Cock achaca la deuda al estrangulamiento que sufrió su empresa por una presunta trama urbanística corrupta que localiza en Tazacorte

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Proyecto planteado en el Puerto de Tazacorte

Proyecto planteado en el Puerto de Tazacorte

"¿Sólo dos millones?" Con estas palabras el propietario unipersonal de Inversiones Insulares Cock, César Gil, recibía la noticia de que su empresa figura en la lista de grandes acreedores de Hacienda hecha pública hoy. El empresario indica que la deuda está originada por el estrangulamiento financiero al que ha sido sometido por una presunta trama corrupta que tiene su epicentro en el municipio palmero de Tazacorte.

Inversiones Insulares Cock presentó hace una década un proyecto para construir un gran complejo residencial y hotelero el entorno del puerto de esta localidad palmera, sin embargo posteriormente una decisión del Gobierno canario dio al traste con la idea. Y todo ello, pese a que esta inversión contaba ya con el correspondiente respaldo del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.

De esta manera frente a la intención de ejecutar una marina para embarcaciones privadas, finalmente prosperó la de una marina seca, cuya ejecución se encargó a otra empresa. Desde entonces Gil ha emprendido un auténtico calvario denunciando su situación a través de todos los medios que están a su alcance. Cuenta con una página web, una emisora de radio y más aún ha emprendido una infinidad de procesos judiciales que todavía hoy siguen su marcha. "Esta deuda es resultado de la lentitud de la justicia. De ahí se deriva una cascada de consecuencias que nos afectan a todos, incluida Hacienda", indica el inversor. Gil acusa a una entidad bancaria de haberse apropiado de 300.000 euros.

La batalla judicial de este empresario vasco ha traído consigo la imputación de varios miembros del Ayuntamiento de Tazacorte, con el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, a la cabeza. El epicentro de esta guerra judicial se sitúa en el conocido como edificio de Los Tarajales, construido en primera línea de playa que consiguió la licencia justo antes de que los terrenos estuvieran afectados por la ley de Costas. Los indicios apuntan a que existió una filtración del contenido de la sentencia firme que poco después se hizo pública. Escasos días antes Gil se encontró con la negativa a comprar estos terrenos para ejecutar un hotel, precisamente por ser dominio público.

La mala suerte parece perseguir este empresario quien también vio como se frustró otro de sus proyectos: una promoción residencial en los terrenos conocidos como La Nao, en Tazacorte, aprobado por el Ayuntamiento. Sin embargo, la propia corporación local promovió una modificación del Plan General de Ordenación que por un lado frustró esta iniciativa y por otro benefició a un empresario diferente. El Supremo determinó en este caso que hubo desviación de poder, ya que el padre del arquitecto municipal era apoderdo de la familia que salió mejor parada de esta modificación.

Sin embargo, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa que se centró en El Pozo y cuyo contenido era muy parecido al de La Nao. El empresario César Gil tenía prevista la construcción de un hotel de lujo en un espacio anexo y estaba negociando la compra de una parcela para dedicarla a la zona verde del complejo. Inicialmente no era edificable, pero una modificación en el PGO hizo que fuera urbanizable. De esta manera se permitió un edificio de cuatro alturas a las mismas puertas de la instalación alojativa, que perdía con ello todo su encanto y tirando "por tierra" todo el proyecto para el desarrollo turístico de El Puerto.

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