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‘Vendaval’ en unos terrenos ‘estrella’ de Agüimes por la instalación de molinos eólicos

El co-propietario del suelo de dos parques aprobados en el cupo canario denuncia la indefensión que sufren los dueños de los terrenos durante la negociación con las empresas interesadas en explotar la instalación

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Molinos

Molinos eólicos en Arinaga

La distribución del cupo eólico en Canarias ha generado una guerra entre empresas que han buscado los mejores terrenos para ubicar sus molinos, de forma que el viento que sople en la zona pueda generar más electricidad; además de tratar de contar con una plaza en los puntos de enganche a la red cercanos a los parques, los cuales, según describen algunos promotores, son escasos.

El interés por el suelo ha llevado a varias entidades a fijarse en el municipio grancanario de Agüimes, que presenta un panorama favorable para este tipo de instalaciones. No solo por las características de su territorio y los fuertes vientos que suelen soplar en la zona durante la mayor parte del año, sino también por el apoyo político que da el Ayuntamiento a las energías renovables.

A la hora de presentar sus proyectos, las empresas tienen la obligación de llegar a un acuerdo con los propietarios del suelo para su arrendamiento durante un periodo que puede ser superior a los 25 años; o pueden iniciar la vía de la declaración de utilidad pública, que culminaría con la expropiación.

Esta posibilidad ha sido denunciada ante la Fiscalía por el co-propietario de unos extensos terrenos ubicados en el Barranco de Balos, por el Polígono Industrial de Arinaga. Éstos han sido denominados por fuentes del sector como uno de los suelos estrella para la eólica en Canarias y constan en el cupo como los parques Vientos del Roque y Balcón de Balos. Ambos han sido declarados de interés estratégico para el Archipiélago por el Consejo de Gobierno de Canarias.

Dicho co-propietario advierte de que los mencionados parques, aprobados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no cuentan todavía con la disponibilidad del suelo. Asimismo, denuncia la indefensión que sufren los dueños de los terrenos durante la negociación, puesto que las empresas parten con la ventaja de exigir la firma del arrendamiento bajo sus condiciones, o de lo contrario amenazan con la expropiación.

Una expropiación que no es automática y por la que el Ejecutivo regional explica que lleva a cabo un proceso en el que se bareman los derechos que se van a lesionar de los propietarios y las expectativas económicas de ambas partes, entre otros aspectos.

La Fiscalía ha abierto diligencias preprocesales de investigación y recopila información al respecto para dirimir si se ha cometido un presunto delito de extorsión.

Sin embargo, familiares del afectado que son co-propietarios de la misma extensión rechazan esta teoría. Del mismo modo se posicionan fuentes especializadas del sector, que ven factible que se haya podido presionar de esta forma durante la negociación, pero niegan que éste sea el modus operandi seguido en general.

La empresa, por su parte, asegura haber actuado en todo momento de acorde con la legalidad y haber propuesto un acuerdo antes de pasar a solicitar la declaración de utilidad pública.

Sobre este punto, el Gobierno canario aclara que, según el artículo 54 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, todas las instalaciones eléctricas son consideradas de interés general y, por lo tanto, los promotores que no lleguen a un acuerdo con los propietarios de los terrenos en los que se va a ubicar un parque eólico, pueden solicitar la utilidad pública con el fin de que pueda ser expropiado.

Sin embargo, el artículo 5 del Capítulo I del Decreto 6/2015 - por el que se aprueba el reglamento que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias - precisa que se ha de contar con los derechos del suelo para la implantación de los aerogeneradores.

Algo que no cumplen de momento los parques mencionados. A esto hay que añadir que el cupo eólico acota la puesta en marcha de los parques a un periodo de dos años. Este es uno de los motivos por el que los promotores prefieren llegar a un acuerdo de arrendamiento, además de que esto último resulta menos costoso para la empresa que la expropiación.

Cabe destacar que los parques mencionados no son los únicos para los que se ha pedido la utilidad pública en Canarias, lo que significa que otros promotores no cuentan de momento con la disponibilidad del suelo. Preguntada al respecto, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias se limita a asegurar no haber aprobado, hasta la fecha, ninguna expropiación de terrenos para la instalación de parques eólicos en las islas.

Sin embargo, no precisa si la Administración tiene previsto culminar algún expediente expropiatorio próximamente, ni cuánto tiempo suele tardar un procedimiento de este tipo, ni si se permitirá a estos parques contar con un margen temporal más amplio para su puesta en funcionamiento, entre otros aspectos.

Tanto la declaración de interés general de los parques, como la de interés estratégico para el Archipiélago, son cuestionadas por diversas fuentes especializadas, que ponen el punto de mira sobre los privilegios que pasan a recaer sobre unas empresas privadas, cuyo objetivo es lucrarse mediante la explotación de los molinos.

Baile de informes

El afectado señala la existencia, además, de un informe del Ayuntamiento de Agüimes contrario a que se instale eólica en esa zona, puesto que entorpecería el normal crecimiento del polígono industrial, debido a la extensión del perímetro de afección de los molinos. Informe cuya existencia no ha querido ratificar el Consistorio a este medio alegando que se trata de un asunto privado.

Por otra parte, la empresa interesada en el terreno afirma que, al contrario, los informes de la Consejería de Industria indican que el crecimiento de la zona se vería favorecido por la implantación de las renovables.

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