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El Gobierno canario encarga una macroencuesta sobre las prospecciones

Paulino Rivero asegura que esta encuesta, con 2.800 muestras, no sustituye a la consulta ciudadana que el Tribunal Constitucional ha suspendido

El TSJC ha admitido a trámite un recurso del Ejecutivo contra la resolución de Industria que autoriza los sondeos

El Consejo de Gobierno ha decidido encargar a las dos universidades públicas canarias la realización de este macrosondeo

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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a su llegada al salón de plenos del Parlamento regional donde hoy se celebró sesión plenaria. EFE/Cristóbal García

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a su llegada al salón de plenos del Parlamento regional donde hoy se celebró sesión plenaria. EFE/Cristóbal García

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este jueves la elaboración de una macroencuesta para conocer la opinión de la sociedad canaria sobre la posición del Ejecutivo canario contra las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al Archipiélago.

Rivero ha informado además de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, ha admitido a trámite un recurso del Gobierno canario contra la resolución del Ministerio de Industria que autoriza los sondeos a Repsol, en el que pide que estos se suspendan de forma cautelar hasta que se pronuncia sobre el asunto.

Esta suspensión que se reclama se sustenta en los riesgos irreversibles que tienen las prospecciones para las aguas canarias, ha subrayado el presidente.

En cuanto a la encuesta, Rivero ha afirmado en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno, que contará de 2.800 muestras y que no sustituye a la consulta ciudadana que ha sido suspendida de forma cautelar esta semana por el Tribunal Constitucional, tras admitir el recurso que presentó el Gobierno central contra la convocatoria.

La consulta se hará cuando el TC la avale, ha indicado Rivero, quien ha afirmado que su Gobierno está "absolutamente convencido de su legalidad", como así ocurrió con el recurso presentado por el Ejecutivo central contra la Ley Turística, que también fue suspendida temporalmente y resultó ser legal.

El presidente canario ha indicado que el Consejo de Gobierno ha acordado encargar a las dos universidades públicas canarias este macrosondeo, que precisamente contará con una muestra amplia para asegurar su fiabilidad.

En esta encuesta, ha explicado el presidente canario, se pregunta por la posición del Gobierno regional contra los sondeos autorizados a Repsol por la incidencia negativa que, según ha afirmado, tendrán en el medioambiente, el turismo, la desalación de agua o la pesca en el Archipiélago.

Las preguntas que se formulen en esta encuesta la harán los expertos de las universidades y tendrá un coste para el Gobierno de 40.000 euros, ha señalado Rivero, quien ha indicado que aún se desconoce cuándo se llevará a cabo y ha insistido en que el propósito es conocer lo que opinan los ciudadanos sobre la actuación de su Ejecutivo en este asunto.

El presidente canario también ha informado de que su Gobierno, si finalmente se produce la consulta ciudadana que baraja llevar a cabo la coordinadora canaria antipetróelo, la valorará y la apoyará dentro de los márgenes legales.

Rivero ha manifestado que el Gobierno central, del PP, con el recurso que ha presentado ante el TC en contra de la consulta ciudadana impide conocer la opinión de los ciudadanos canarios en un asunto tan relevante para las islas, pero para el Ejecutivo canario supone un paso más que hay que superar para lograr el objetivo de impedir los sondeos.

Ha reiterado que los sondeos autorizados a Repsol favorecen intereses privados y ha criticado de nuevo la "desconsideración institucional" del Gobierno central hacia el de Canarias, porque aún no ha respondido a la solicitud que planteó para que se celebrara un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas.

Ha explicado que como alternativa se buscó la consulta ciudadana, que también ha sido impedida por el Gobierno central, y que ante las "serias discrepancias" que existen entre las instituciones canarias y la estatal, para el Ejecutivo canario lo razonable es "escuchar la opinión de los ciudadanos".

Rivero ha insistido también en que su Gobierno será respetuoso con el ordenamiento jurídico pero seguirá en su lucha contra las prospecciones, sobre las que ha dicho que "cada día está más convencido de que suponen un atropello a Canarias" y que el trato que se da en este asunto es "colonial".

Así mismo, ha dicho que está "cada vez más convencido de que se pagan algunos favores a Repsol", pues se ha "confeccionado de forma descarada" una bajada en el impuesto de sociedades a las petroleras, que entrará en vigor el 1 de enero, cuando tienen unos "márgenes de beneficios brutales" y las sociedades modernas "hacen justo lo contrario".

Rivero además ha rechazado que se "intente comprar a Canarias" con un hipotético impuesto que se impondrá a Repsol, del que, en caso de haber petróleo o gas, se comenzaría a percibir en siete u ocho años y ha pedido, en cambio, que se cuantifique lo que dejará de pagar esta compañía con la reducción del impuesto de sociedades en ese periodo.

El presidente canario ha vuelto a criticar la "doble vara" del Gobierno en el asunto de las explotaciones petrolíferas por la posición divergente que mantiene en Canarias respecto a Baleares y Málaga.

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