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El Gobierno canario se desentiende de los pagos en 'B' de su principal contratista de servicios de comunicación

El área de Presidencia sostiene que Metrópolis Comunicación no incurre en ninguna de las causas de resolución de las adjudicaciones previstas en el artículo 223 de la Ley de Contratos del Sector Público

El Gobierno defiende que no puede actuar de oficio: "La Administración no controla cómo paga la empresa concesionaria"

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (de espaldas) durante el Consejo de Gobierno celebrado este lunes.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (de espaldas) durante un Consejo de Gobierno. EFE/Cristóbal García

El Gobierno de Canarias rechaza revisar de oficio los contratos que mantiene en vigor con Metrópolis Comunicación, la principal proveedora de los servicios de apoyo a los gabinetes de prensa y seguimiento de medios del Ejecutivo regional, a pesar de las informaciones que acreditan, con pruebas documentales y el testimonio de extrabajadores, que esta empresa ha mantenido en plantilla a periodistas sin contrato y ha abonado en negro parte del salario de empleados en nómina.

Fuentes de Presidencia han asegurado a Canarias Ahora que la Administración no puede actuar salvo que la adjudicataria incurra en alguna de las causas de resolución  previstas en  el artículo 223 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) o que la irregularidad detectada, de la que asegura no tener constancia, esté expresamente recogida en los pliegos como motivo de extinción.  El Gobierno entiende que, al menos de momento, no se da ninguna de estas circunstancias para revisar los contratos con Metrópolis y que sólo podría intervenir "si se derivase alguna acción" de la denuncia que la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha presentado ante la Inspección de Trabajo.

El artículo 223 de la LCSP contiene nueve causas de resolución de los contratos, entre ellas la incapacidad sobrevenida del contratista, su declaración de insolvencia, el incumplimiento de plazos, el mutuo acuerdo entre las partes, la demora en el pago por parte de la administración o la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados.

El  contrato también podrá ser rescindido, según esta ley, por el "incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato".  En el caso de las adjudicaciones a Metrópolis, el tenor literal de los pliegos, en su apartado de "obligaciones del contratista", dice: "El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo". De esta manera, la empresa "asumirá las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de las cotizaciones".

Como reveló este periódico el pasado domingo, la principal adjudicataria de servicios de comunicación del Gobierno canario, que también trabaja para cinco de los siete cabildos, instituciones públicas como el Parlamento de Canarias, la Audiencia de Cuentas o la Televisión Autonómica, partidos políticos e importantes empresas, paga una parte del salario de trabajadores en B, camuflada en conceptos como gastos de transportes y dietas que no cotizan.

Sin embargo, el área de Presidencia limita las causas de resolución del contrato a aspectos relacionados con la ejecución de los términos pactados en el contrato, esto es, a los incumplimientos en el servicio. "La Administración no controla cómo paga la empresa concesionaria", afirman las mismas fuentes. Para defender esta posición, aluden a un dictamen de 2011 del Consejo Consultivo de la Junta de Castilla y León que apunta que existe "reiterada doctrina jurisprudencial (entre otras, sentencia del Tribunal Supermo de 10 de marzo de 1999) y del Consejo de Estado, en el sentido de que no basta cualquier incumplimiento contractual para que se produzca efecto resolutivo, sino que ha de traducirse en una valoración del incumplimiento grave y de naturaleza sustancial del contrato, al ser la resolución la consecuencia más grave que puede derivarse de esta circunstancia".

Desde Presidencia aseguran que no han escuchado la versión de Metrópolis Comunicación desde que se publicara la información sobre los  pagos en B de esta adjudicataria ni han contactado con sus máximos responsables para pedir explicaciones. Insisten en que la Administración "no puede actuar por sí sola" y comparan este caso con las denuncias en el sector de la seguridad privada.Además recalcan que el Ejecutivo ha incorporado cláusulas sociales en sus contrataciones públicas, una medida impulsada por la ex vicepresidenta Patricia Hernández.

Metrópolis presta servicios a la práctica totalidad de las consejerías del Gobierno de Canarias. En los dos últimos años ha recibido más de 700.000 euros del Ejecutivo regional en distintos procedimientos, muchos de ellos a través de negociados sin publicidad y otros mediante concursos a los que concurría en solitario por las particulares condiciones de los pliegos,  "un traje" a la medida de esta agencia de comunicación en opinión de empresas de la competencia.

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