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El Consultivo advierte de que los cambios en la ordenación turística hacen peligrar los recursos naturales

El organismo asesor alerta de que se producirá un aumento de las densidades en los alojamientos turísticos en algunas categorías de suelo rústico de La Palma, La Gomera y El Hierro

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Casas Rurales de La Gomera

Casas rurales de La Gomera

El Consejo Consultivo de Canarias considera que los cambios propuestos en la ordenación territorial de la actividad turística en La Palma, La Gomera y El Hierro van en contra de un modelo territorial basado en el uso racional y duradero de los recursos naturales. También afectaría a la adecuada estructuración y vertebración de la diversidad territorial insular, lo que daría lugar al dominio del territorio por las infraestructuras.

Y todo ello, debido a que la Proposición de Ley (PL) que actualmente se tramita en el Parlamento canario implicará un aumento de los estándares de densidad por plaza alojativa turística en algunas categorías de suelo rústico, lo que se traduce en una mayor capacidad de los futuros establecimientos en el mismo espacio.

La legislación vigente establece que para instalaciones turísticas en suelo rústico de cien plazas sería necesario contar con una superficie de 50.000 metros cuadrados, y la propuesta de modificación pretende reducirlo a 25.000 metros. En caso de instalaciones de 200 camas se necesitarían 50.000 metros cuadrados, y no los 200.000 metros actuales.

La PL fue presentada al Parlamento canario por el Cabildo de La Palma al considerarla la vía "más acertada, segura, rápida y eficaz" para resolver la regularización de 3.000 camas turísticas en suelo rústico, sólo en La Palma pero es extensible a La Gomera y El Hierro. El único requisito que se impone a las casas aisladas es que acrediten que han funcionado de forma ininterrumpida como destino turístico durante los últimos cinco años.

Desde un primer momento los juristas del Consultivo asumen que la competencia sobre urbanismo y ordenación del territorio corresponde a la Comunidad autónoma de forma exclusiva, a lo que se suma la inexistencia de una norma estatal básica. Por ello, los legisladores canarios se encuentran plenamente habilitados para ordenar el contenido de normas como ésta.

No obstante el Consejo recuerda que los cambios que se formulan en una determinada norma no pueden ir en contra de sus principios y criterios básicos, como ocurriría en este caso. Por ello, piden que se haga una concreción más clara en la exposición de motivos.

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