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Sanidad ignoró en 2015 un plan para ahorrar hasta 6,4 millones de euros al año en fármacos

Un proyecto de la Unidad Metabólica Ósea del Hospital Insular planteaba reducir hasta un 40% las prescripciones de medicamentos que están siendo utilizados como protectores estomacales sin evidencias médicas de su eficacia

El consumo de los inhibidores de la bomba de protones, entre los que se encuentra el conocido omeprazol,  se ha relacionado con un aumento del riesgo de fracturas de huesos por fragilidad

La propuesta destacaba que, además del ahorro económico,  la medida contribuiría a proteger la salud de los ciudadanos

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En 2014 se vendieron más de tres millones de envases de inhibidores de la bomba de protones.

La Unidad Metabólica Ósea del Hospital Insular de Gran Canaria presentó en septiembre de 2015 un proyecto de colaboración con el Servicio Canario de Salud (SCS) que incluía una propuesta para ahorrar hasta 6,4 millones de euros al año en el consumo de los denominados inhibidores de la bomba de protones (IBP), fármacos que han estado siendo utilizados como protectores estomacales y entre los que se encuentra el conocido omeprazol . La Consejería de Sanidad, que este año ha anunciado  un importante ajuste para el último cuatrimestre debido a la desviación presupuestaria que han experimentado las gerencias de las áreas de salud del Archipiélago, nunca tomó en consideración este plan.   

El proyecto parte un estudio preliminar a 412 pacientes de ambos sexos que fueron atendidos de forma consecutiva sin ninguna selección y en diferentes servicios hospitalarios. Los cuestionarios realizados concluyeron que más de la mitad de ellos tomaba este tipo de medicamentos, en su inmensa mayoría como protector estomacal, a pesar de que esta utilidad "no tiene base científica, no se ha demostrado que sea eficaz y en algunos casos es perjudicial". De hecho, el estudio demostró que aquellos pacientes que ingerían los inhibidores de la bomba de protones habían sufrido más fracturas de huesos por fragilidad que aquellos que no lo hacían.

Manuel Sosa, responsable de la Unidad Metabólica Ósea del Insular, explica en su propuesta que entre la población en general y entre los sanitarios se ha desarrollado la creencia de que estos medicamentos son protectores del estómago frente a otros fármacos, pero que esto sólo funciona con algunos antiinflamatorios y que no hay evidencias médicas que apoyen este uso generalizado.

Los IBP disminuyen la secreción de ácico clorhídrico en el estómago, por lo que están indicados para enfermedades donde el exceso de ácido "produce daño", como en "el reflujo gastroesofágico, en la hernia hiatal o en la úlcera péptica". En cambio, según el especialista en osteoporosis, el consumo de este grupo de fármacos se ha relacionado con el aumento del riesgo de fracturas por fragilidad, lo que, en su opinión, "tiene una explicación plausible, pues el calcio necesario para el esqueleto se absorbe mejor en un medio gástrico ácido".  

El informe recuerda que la osteoporosis es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en los pacientes de mayor edad, y que sus principales complicaciones son las fracturas, que tienen "una elevada mortalidad, además de morbilidad y de consumo de recursos sanitarios de todo tipo".

Esta explicación conduce a la Unidad Metabólica Ósea del Hospital Insular a proponer una disminución de entre el 20 y el 40% de las prescripciones de este grupo de fármacos, al entender que, además del ahorro económico que produciría a las maltrechas arcas de la Consejería, la medida contribuiría a proteger la salud de los ciudadanos, ya que reduciría el riesgo de fractura y, en consecuencia, el coste de su tratamiento.

En 2014 se vendieron más de tres millones de envases de estos medicamentos en Canarias, sin computar aquellos que fueron adquiridos sin receta o sin financiación del Servicio Canario de Salud, según datos de la Dirección General de Farmacia. El gasto en el mencionado ejercicio presupuestario ascendió a 17 millones de euros. Con estos datos en la mano, el proyecto plantea que una reducción del 20% en la prescripción ahorraría 3,2 millones de euros y una del 40%, 6,4 millones.

"Si este proyecto tiene éxito, los pacientes canarios se beneficiarán porque estarán mejor tratados, disminuirá el riesgo de fractura a largo plazo y el SCS tendrá un ahorro importante en el consumo de un fármaco prescrito sin una indicación científica y no aprobada y que puede estar incluso perjudicando al paciente", reza la propuesta de colaboración.

El proyecto no implicaría más coste que "los gastos derivados de los traslados a otras islas" para presentar a todos los médicos del Archipiélago los datos de un estudio que preveían publicar en la Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, publicación de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral; en el Boletín Canario de Uso Racional del Medicamento, y en las revistas de los colegios de médicos de ambas provincias.

El Servicio Canario de Salud ha reconocido a este periódico que tenía conocimiento del plan de la Unidad Metabólica Ósea del Insular, pero ha señalado que "no dispone de un informe de la gerencia (del hospital) sobre este caso". El Gobierno de Canarias ha dado una instrucción a las gerencias de los complejos hospitalarios de las Islas para ajustar el máximo posible el gasto en los últimos cuatro meses del año después de que hayan saltado las alarma por una desviación presupuestaria que, de seguir la proyección de los primeros ocho meses y según palabras del presidente Fernando Clavijo, ascendería a 150 millones de euros.

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