Un programa de zapping de 382 euros el minuto

Las opiniones son libres, estaría bueno que no; pero los papeles no engañan. Gabriel Lito Mesa, uno de los tertulianos que con más ferocidad atacan la gestión del ex director general de Radiotelevisión Canaria, Willy García, se embolsó en 2008 para su productora, deLito & Cia, la nada despreciable cantidad de 446.000 euros por un programa de zapping de 26 capítulos, a razón de 17.184 euros por entrega de 45 minutos, casi 382 euros por minuto. Sus intervenciones en un programa de radio que se emite a través de varias frecuencias clandestinas de las islas no dejan títere con cabeza y se han ensañado especialmente con los altos costes pagados por la Televisión Canaria y con algunos de sus exdirectivos. Su programa Todo lo Veo fue el más caro, con diferencia, de todos los especializados en zapping de la historia de la casa, según consta en un informe interno que lo desaconsejaba precisamente por su precio y por algunos detalles nada baladíes de su presupuesto. Otras producciones como Qué pasó o Mira cómo va, emitidos con anterioridad al de Mesa, apenas sobrepasaron los 1.200 o los 5.000 euros por entrega, respectivamente. Pese a los informes negativos, el programa se contrató y se emitió, y Lito Mesa se embolsó 58.000 euros de beneficio industrial, cantidad similar a la que cobró la realizadora (52.000 euros netos) o el ayudante de realización (46.800), por siete meses de trabajo, según consta en los prepuestos que la productora entregó al ente público. No consta en ninguna denuncia del Partido Popular ni del productor vengador Nacho Brea que este programa haya de ser investigado por estos precios absolutamente fuera de mercado que, sin embargo, Willy García consintió pagar.

 

 

Le pagaron los equipos

Siempre según el presupuesto que Lito Mesa presentó anexado a su proyecto, el alto precio del programa se debía, además de los altos sueldos y el beneficio industrial, a la necesidad de que la productora de su propiedad adquiriera los equipos imprescindibles para su realización. Es decir, capturadores de zapping, uno para Tenerife y otro para Gran Canaria (32.000 euros); demoludadores, conmutadores, amplificadores y antenas (2.500), y equipo receptor y de almacenamiento (12.000) euros. En maquinaria de grabación alquilada, delito & Cia presupuestó 11.700 euros. Que una productora de televisión presupueste a su cliente la compra de los equipos necesarios para el programa que propone y que luego se los quede para volverlos a utilizar para otros clientes resulta bastante singular e impropio de cualquier televisión contratante que se precie de seria, pero que encima se le pague con los presupuestos públicos rebasa todos los parámetros de la lógica y roza algunos supuestos del Código Penal. Para colmo, Lito Mesa subcontrató el 90% de la ejecución del programa a una productora tinerfeña por la que le pagó 9.000 euros por entrega, quedándose para sí los 8.000 restantes para cubrir los sueldos de la realizadora, de su ayudante y de la presentadora, Yurena Pérez, chica Interviú 2006, que se embolsó solamente 500 euros por capítulo. Puede que algunos llamen a esto emprendeduría, pero en realidad tiene todos los ingredientes del sablazo puro y duro a la caja de la tele pública.

 

Mientras, en el Consejo Rector…

Mientras estas cosas pasaban en la era Willy García y la jueza de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife dispara sin ton ni son en las direcciones que le indica la denuncia del PP en la Fiscalía, la nueva era del ente público Radiotelevisión Canaria no levanta cabeza. La nueva ley, cuya vigencia ya están poniendo en entredicho algunos de sus promotores, estaba llamada a un cambio de giro radical y lo que en realidad está pasando es que la cosa toma rumbo al marisco. Con un presidente del Consejo Rector desorientado, que no logra el respaldo de los miembros de ese órgano; con unas presiones externas encaminadas a que la anterior productora de contenidos, Socater, recupere el espacio perdido; con una absoluta falta de pulso mediático e industrial, el panorama presupuestario complica su existencia. El Consejo Rector se reunió este martes con el único resultado conocido de quejarse de que le hayan restado al ente otros 3,5 millones de euros a su presupuesto, lo que profundiza peligrosamente en la deriva que más gusta al Partido Popular: la muerte por inanición. Ni siquiera han sido capaces los miembros de este órgano de aprobar su propio reglamento, tumbado en su texto original por el Consejo Consultivo, ni la programación para el año que viene, ni los principios que han de inspirarla. Un desastre en todas sus dimensiones que debería ir haciendo reaccionar al Parlamento para garantizar el servicio público que la radio y la televisión públicas están obligadas a cumplir.

 

Más madera en el mamotreto

Habría que remontarse a septiembre de 2009 para encontrar las primeras referencias políticas al derribo del mamotreto de la playa de Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife). Ocurrió en un pleno municipal celebrado poco después de que el alcalde Miguel Zerolo expulsara al Partido Popular –entonces liderado por Ángel Llanos- de los despachos del poder, y Coalición Canaria y el Centro Canario Nacionalista (12 concejales) quedaran a merced de la oposición (15 concejales del PP, el PSOE y Ciudadanos por Santa Cruz). Fue precisamente una moción de este último partido, y más concretamente del concejal Ángel Isidro Guimerá, el que hizo morder el polvo a Miguel Zerolo por primera vez en su trayectoria política. El acuerdo, que jamás fue ejecutado, obligaba al Ayuntamiento a demoler el famoso mamotreto inacabado, levantado ilegalmente a partir de un proyecto del arquitecto francés Dominique Perrault. Fue también la primera y última vez que el PP se manifestaba en esta misma línea porque a partir de que Soria y Zerolo pactaran el regreso de los populares al calorcito del poder –previo descabezamiento de Llanos- todos sus pronunciamientos han sido a favor de la continuidad del mamotreto y, en consecuencia, de los pelotazos que a su alrededor se estaban produciendo. Una jueza volvió este martes a ordenar al Ayuntamiento de Santa Cruz la demolición del edificio, al menos de la parte que invade la zona de protección de costas, lo que seguramente volverá a quedarse en agua de borrajas gracias a la habilidad de los mandarines municipales para ponerse a discutir ahora si los bloques de hormigón son galgos o son podencos, si en la orden se debe añadir la parte que no está afectada por el dominio público o si vale la pena mantener algo en pie con un cacho por los suelos. Las Teresitas va de escándalo en escándalo sin que nadie coja el toro por los cuernos y demuestre a la ciudadanía que las leyes urbanísticas las cumplen todos.