La Fiscalía de Valencia pide cárcel para los abogados que falsificaron documentos en el concurso de radios de Canarias
Los abogados condenados a un año y nueve meses de prisión por falsificación de documento oficial en el concurso para la adjudicación de frecuencias de radio celebrado en Canarias en 2010 se enfrentan a otra pena de cárcel por hechos similares. La Fiscalía Provincial de Valencia acusa a Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González, del despacho madrileño Díez & Romeo, de simular las firmas de dos ingenieros de telecomunicaciones con el propósito de atribuirles los estudios técnicos que presentaron en nombre de ocho empresas al concurso de concesiones de radiodifusión sonora convocado por la Generalitat en febrero de 2007.
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral contra los letrados y pide para cada uno de ellos dos años de cárcel por un delito de falsificación de documento público, además de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado durante el mismo tiempo y una multa a razón de 20 euros al día durante 10 meses.
Díez y Romeo ya cuentan con una condena en firme. La Audiencia Provincial de Las Palmas rechazó en octubre de 2015 todas las alegaciones presentadas por los abogados contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de la capital que consideró probado que habían falsificado un sello de la oficina de Correos del municipio de Arucas para tratar de tapar su propia “negligencia” en la tramitación de 41 solicitudes del concurso de radios de Canarias. Con esa simulación, trataron de aparentar que habían entregado en tiempo y forma la documentación de otros tantos clientes interesados en obtener una de las 156 licencias que ofertaba la Comunidad Autónoma y responsabilizar así a Correos de que esos papeles nunca llegaran al Registro General del Gobierno regional. En el juicio celebrado en octubre de 2014 quedó demostrado el plan ideado por los letrados y la falsificación del sello de Correos.
Los abogados evitaron entonces el ingreso en prisión al ser la pena inferior a los dos años. Sin embargo, una nueva condena en los juzgados de lo penal de Valencia les conduciría a la cárcel.
Según el relato de los hechos de la Fiscalía Provincial de Valencia, Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González redactaron los documentos presentados por ocho empresas que participaron en el concurso para la adjudicación de licencias de radio en la comunidad. Desde su despacho de abogados se incorporaron 35 ofertas técnicas atribuidas a dos ingenieros de telecomunicaciones “sin que hubieran tenido intervención alguna ni hubieran firmado documento alguno”.
La fiscala sostiene que los acusados simularon las firmas de los ingenieros o “consintieron que otros colaboradores lo hicieran”, aunque no existe constancia oficial de que haya trabajadores por cuenta ajena en ese bufete. Se da la circunstancia de que al menos uno de esos ingenieros había redactado estudios técnicos para empresas competidoras de las que habían contratado a Díez y Romeo para ese concurso.
Al tener conocimiento de estos hechos, la Dirección General de Promoción Institucional de la Generalitat presentó una denuncia ante la Fiscalía en febrero de 2011. Un mes después se incoaron las diligencias de investigación en el Juzgado de Instrucción 10 de Valencia, que recientemente ha decretado la apertura del procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral.
La acusación particular, ejercida por una de las ingenieras a las que presuntamente le falsificaron la firma, pide para los abogados una pena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial en concurso con uno de estafa. Además, reclama la inhabilitación para el ejercicio profesional durante este periodo y una indemnización de 36.000 euros por el “demérito profesional y los daños morales” infligidos a la profesional.
Aparte de este procedimiento, Díez y Romeo están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife en relación a una actuación prácticamente idéntica: una oferta técnica presentada a otro concurso que es un “calco” de una de las que habrían sido falsificadas en la causa por la que se sentarán en el banquillo de los acusados en Valencia.
