Los Inspectores de Hacienda piden recuperar la vigilancia sobre las SICAV

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha elaborado una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria, en la que incluyen algunos aspectos novedosos como que se permita a este colectivo realizar sus primeras inspecciones de incógnito y realizar pagos a confidentes para obtener informaciones de las que se deriven el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas.

Así lo trasladaron este lunes el presidente y el secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga y Francisco Vázquez, respectivamente, que destacaron la importancia de que se dote a la Agencia Tributaria de nuevas facultades legales para mejorar la lucha contra el fraude, entre las que también incluyeron recuperar las competencias de control sobre las Sicav o establecer la lucha contra la corrupción como una línea de actuación preferente del Plan de Control Tributario.

En cuanto a las actuaciones sin conocimiento del obligado tributario, Pérez Boga afirmó que se debería regular un procedimiento de obtención de información sin identificación previa y con la “fuerza probatoria” de las diligencias de Inspección. “Se nos deben permitir las actuaciones de incógnito, la posibilidad de trabajar por sorpresa sin necesidad de que tengamos que identificarnos previamente”, subrayó.

Sobre el pago a confidentes, los inspectores de Hacienda piden poder disponer de fondos para el pago de informaciones confidenciales, con un régimen similar al de la Policía o la Guardia Civil, de tal manera que se evite lo máximo posible la malversación o el uso fraudulento de estos fondos, un “peligro” que, según admitió Pérez Boga, es “muy real”.

También dentro de las nuevas facultades legales que solicitan para la Agencia Tributaria se encuentra la publicidad de morosos y defraudadores, un anuncio realizado ya por el Ministerio de Hacienda, pero que aún no se ha puesto en marcha. Para los inspectores, se trataría de un censo de condenados por delito fiscal (a partir de 120.000 euros), de contribuyentes con sanciones de entre 100.000 y 300.000 euros y de deudores de cuantías similares a las anteriores.

El presidente de la Organización de Inspectores enmarcó todas estas medidas en la necesaria aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, ya anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que según explicó Pérez Boga, se quiere aprobar en paralelo a la reforma fiscal, pero su entrada en vigor no sería hasta 2016, coincidiendo con el 25 aniversario de la Agencia Tributaria.

Entre las medidas que incluiría dicho Estatuto, que ya ha sido entregado al director de la Agencia Tributaria, figurarían la necesidad de contar con un sistema de información único, de tal manera que exista una sola bases de datos gestionada por la AEAT, y cuyos usuarios sean todas las administraciones públicas. También apuestan por una caja única de gestión e ingreso de las retenciones de cualquier impuesto. “Ahora hay un batiburrillo legal que proporciona muchas ineficiencias”, subrayó.

Además de este sistema de base de datos única, los inspectores reclaman una reivindicación histórica que pasa por que el Congreso, con una mayoría cualificada de dos tercios, nombre al director de la Agencia Tributaria por un mandato de cinco años, renovables por otros cinco, y con causas de destitución regulados. A su vez, este director sólo podría nombrar por libre designación un grupo muy limitado de colaboradores y el resto, deberían ocupar sus cargos por concurso, de tal manera que se garantice la independencia del organismo.

Según Pérez Boga, este nuevo modelo mejoraría la “estabilidad, interdependencia y eficiencia” de la Agencia Tributaria, ya que el sistema actual, en el que el ministro de Hacienda nombra al director y en cascada hay un relevo de más de 200 funcionarios, ha supuesto que en 21 años haya habido 11 directores generales.

Propuesta de reforma fiscal

Ransés Pérez Boga ha valorado además algunas de las medidas que se han adelantado del plan de reforma fiscal que ultima el Ejecutivo. En opinión del representante de los inspectores, rebajar el tipo máximo del IRPF, el de sociedades y poner deducciones en las cuotas de la Seguridad Social de las empleadas del hogar, son tres medidas que podrían ir bien encaminadas a reducir el fraude.

Para Pérez Boga, el tipo marginal del IRPF situado ahora en el 56% hace que exista un incentivo muy grande a que los profesionales, que en realidad son asalariados, creen una sociedad ficticia para canalizar a través de ella sus ingresos y pagar únicamente un 25%. De igual manera, tener un tipo de Sociedades más alto que el de los países del entorno, impulsa la deslocalización de ciertas empresas. En esta misma línea, apostó por restringir el sistema de módulos a aquellos autónomos que no facturen con otras empresas, dado que los inspectores han observado que son “potenciales generadores de facturas falsas”.

También dentro de la reforma del IRPF, apuestan por establecer nuevas deducciones relacionadas con servicios domésticos, como la contratación de empleadas del hogar o reparaciones en los domicilios, así como por gastos médicos o educativos.

Pérez Boga indicó que en el caso de las empleadas de hogar se podría establecer una deducción en el IRPF equivalente a la cotización a la Seguridad Social del empleador, de tal manera que éste tendría un incentivo muy grande para dar de alta a su empleada, mientras que ésta dejaría de estar en la economía sumergida, toda vez que ciertos estudios apuntan a que el 40% de estas actividades están ocultas al fisco.

Por último, Pérez Boga admitió que España recauda menos por IVA en relación al PIB que otros países de su entorno y afirmó que además del fraude que pueda existir en este impuesto, también está relacionado con que en España están gravados al tipo reducido o súperreducido más productos. “Tal vez haya que hacer algo al respecto, pero ahora, con una caída del consumo, no es el momento más adecuado”, reiteró.