El lunes 11 de octubre, un incendio en un edificio en el centro de Vigo estremecía a la ciudad. El fuego provocó la muerte de Sara y de tres de sus hijos menores: Ezequiel, Aldara y Rosana. La suya era una de las familias desalojadas de un poblado chabolista que, tras no haber conseguido acceder a una vivienda, decidió refugiarse en aquel inmueble. Poco más de un mes antes, los bomberos habían advertido del peligro de aquel cuadro, al que se habían conectado de forma irregular y sin precauciones varios de los pisos. Fue la crónica de una muerte anunciada.
Siete meses después de aquel traumático suceso, diez de los habitantes del bloque trampa, cuatro familias, vuelven a estar con un pie en la calle. El ayuntamiento de Vigo, a través de un “dispositivo de emergencia”, se hizo cargo de su alojamiento en una pensión hasta este miércoles, día 1 de mayo, en que ha decidido dejar de pagarlo.
El gobierno local justifica su decisión señalando, en primer lugar, a la Xunta de Galicia, la administración con competencia en materia de vivienda y con la que se reunieron en dos ocasiones el pasado otoño. La respuesta del gobierno gallego, según el Ayuntamiento, fue que “no tiene viviendas en la ciudad de Vigo ni en el área metropolitana para atender la situación de estas familias”.
Fue entonces cuando el consistorio subscribió un contrato “con una entidad especializada en captación de vivienda en el mercado libre para personas vulnerables”. Así consiguió solucionar la situación de otras cuatro familias, 14 personas en total, a las que el ayuntamiento paga “fianzas, seguro multirriesgo de impago y de daños” además de “todo el mobiliario doméstico”. Sin embargo, las cuatro familias restantes, “rechazaron” -el comunicado municipal pone esta palabra en mayúscula- la solución o “mostraron mínima adherencia” al seguimiento para revertir su situación. Es por eso, y porque “todos ellos tienen ingresos económicos” que el ejecutivo local “da por finalizado el dispositivo de emergencia”.
Os Ninguéns, colectivo vigués que lucha contra la pobreza, y que ha estado siguiendo de cerca todo el proceso -desde antes incluso del incendio, ya que conocían bien a los antiguos habitantes del poblado chabolista-, ha acompañado durante toda la jornada del jueves a los antiguos vecinos de Alfonso X en su pensión. A la hora de escribir este artículo, todavía no sabían si podrían quedarse esta noche, a la espera de la reunión que este viernes mantendrán con la delegada de la Xunta en la ciudad, Marta Ortiz.
Uno de sus portavoces, Antón Bouzas, aseguró que el propietario de la pensión ya les comunicó que, si pretendían quedarse una noche más, no sería gratis. Carla Leiras, otra de sus integrantes, asegura que los afectados “niegan taxativamente” haber recibido alguna solución por parte del ayuntamiento. “Dicen que no les han propuesto nada que no sea irse con un amigo o un familiar, algo para lo que no necesitarían ayuda”.
Leiras responde también al argumento municipal de que todos ellos tienen ingresos. “Esos ingresos los mantienen por debajo del umbral de la pobreza. Si tienen que pagar un alquiler o una pensión de 400 o 500 euros al mes, se irá ahí todo su dinero y no les quedará nada para vestirse, alimentarse o cuidar su higiene”.
Del encuentro “clave” de este viernes esperan una solución de urgencia mientras Xunta y ayuntamiento “se ponen de acuerdo”. “Que paguen la pensión tres meses, o seis o los que sean necesarios” y que, mientras, ambas administraciones “se comprometan a sentarse a la misma mesa y no levantarse hasta llegar a un arreglo”.