“He sufrido torturas, cárcel y un intento de ejecución extrajudicial”

Ha sufrido de lleno el aplastante peso de la impunidad en “un país ensangrentado y convulso”, porque tomó la arriesgada opción de no asumir los delitos que se le imputaban, denunciar y enfrentarte al Estado de México, lo que le ha supuesto que “no solo vengan por mí sino también por mi familia”. El abogado Juan Sosa Maldonado es un defensor de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Oaxaca que tuvo que abandonar su país el 22 de noviembre de 2013, con destino a El Salvador, al sufrir “un intento de ejecución extrajudicial”. Desde el pasado 29 de abril reside en España acogido en el Programa de Protección para Defensores de los Derechos Humanos de Amnistía internacional (AI). Sosa Maldonado, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, se encuentra estos días en La Palma, invitado por el grupo local de AI, para dar a conocer a estudiantes de Secundaria la realidad de un país en el que “a diario se violan los derechos humanos”. Este viernes, a las 19.30 horas, participará en una charla-coloquio en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma.

En la conversación que mantuvo con LA PALMA AHORA, Sosa Maldonado repitió una y otra vez la palabra “desafortunadamente”. “Tenemos casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento de indígenas, reivindicaciones sociales de justicia, de reparación de daños, de memoria histórica, y desde 1993 hay presos indígenas acusados de delitos que no cometieron y que desafortunadamente permanecen hasta nuestros días en prisión”. “Desafortunadamente, la convulsión constante en la que vive México ha generado que cada día haya más causas que defender, de tal modo que en Derechos Humanos en México hay mucho por hacer”, dice.

El abogado Juan Sosa, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), en 1998, fue “detenido y desaparecido precisamente por policías estatales, y denunciamos que fue el Gobierno de México el que tuvo la responsabilidad de esa desaparición y de las torturas tanto físicas como psicológicas que padecía”, ha relatado a este digital. Se le acusó de asesinatos y se le condenó a penas que superaban los 40 años de cárcel. “Posteriormente, se me recluyó en tres penales, uno de máxima seguridad, para involucrarme en procesos judiciales totalmente prefabricados con un Poder Judicial que no tiene independencia del Ejecutivo y en un país donde no hay una división de poderes”. Ante esta situación, “teníamos dos opciones: aceptar que había cometido los delitos que se me imputaban y pagarlos con la cárcel o denunciar la situación y buscar mecanismos de liberación”. “Optamos por la segunda opción, a pesar de que había una amenaza de que si mi esposa seguía denunciando la desaparición forzada, y si yo también denunciaba que había sido víctima de esa desaparición y de torturas, iban a volver a por nosotros, pero decidimos enfrentarnos al Estado mexicano”, señala. “A partir de ahí, se inicia una denuncia a nivel local y nacional para obligar al Gobierno a que reconociera estos delitos de lesa humanidad que venía cometiendo en la región de Loxicha, en Oaxaca, en contra de una comunidad zapoteca a la que se le acusaba de ser parte de la guerrilla”, explica, y añade: “Logramos una primera liberación mediante una ley de amnistía estatal en el 2000, y en el 2001, conseguimos un sentencia absolutoria y yo salgo de prisión después de tres años”. “En ese momento, debíamos redefinir nuevamente qué hacíamos y decidimos seguir apoyando a decenas de indígenas zapotecas que en peores condiciones a las que nosotros nos habíamos enfrentado, estaban en prisión; hemos contribuido a la libertad de muchos, aunque, desafortunadamente, desde 1996 siguen algunos todavía en la cárcel”, se lamenta.

200 ejecuciones extrajudiciales

En Loxicha, subraya, “hemos documentado por lo menos 200 ejecuciones extrajudiciales, en una región que ha padecido un genocidio contra una comunidad indígena que en un 90% habla solo la lengua zapoteca”. “Enfrentarnos a nivel local y federal al Estado mexicano ha implicado que después de mucho tiempo -cuando para nosotros aquellas viejas amenazas ya habían quedado en el olvido- vuelven nuevamente, y no solo se dirijan a mí sino también a toda mi familia”.

El 16 de octubre de 2013, Sosa Maldonado, unos días después de interponer un juicio de amparo por el traslado de prisión de los presos Loxichas, sufrió “un intento de ejecución extrajudicial” cuando circulaba en su vehículo junto a su esposa y sus tres hijos y fue tiroteado desde una motocicleta. “Pude reaccionar oportunamente, porque nos dispararon varias veces, pero logramos escapar a esa agresión”, cuenta. Después de este intento de asesinato, “hubo una persecución a mi familia y decidimos salir del país el 22 de noviembre de 2013 con destino a El Salvador, donde estuvimos cinco meses, y allí nos acogió Amnistía Internacional en el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos”. Desde el pasado 29 de abril, junto a su esposa y sus tres hijos - Miguel (17 años), Dulce (11) y Sheila (7)- reside en Lugo en el marco del Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos de la Sección Española de Amnistía Internacional.

Este activista denuncia que México es “un país convulso porque hay cosas que no se saben, no hay castigo para los responsables de las masacres, no se busca ni a los autores materiales ni a los intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad, de tal manera que todas estas situaciones que estamos conociendo en estos días se han vivido permanentemente por décadas”. “A diferencia de las dictaduras latinoamericanas donde ha habido un general, por ejemplo, que ha sido el dictador por mucho tiempo, México ha tenido unas dictaduras del partido único, del partido que ha tenido otros partidos políticos que han entrado al juego de la democracia fingiendo que hay elecciones donde la gente puede elegir a sus gobernantes”. El Partido de Acción Nacional (PAN), que gobernó entre el 2000 y el 2012, sostiene Sosa Maldonado, “ha sido un partido de derechas que ha necesitado de la convivencia con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) e inicialmente era una formación comparsa que solo servía para simular que había democracia”.

“Pretendida guerra contra el narcotráfico”

El balance que hace del mandato de Felipe Calderón es desolador. “Nos ha dejado alrededor de 100.000 muertos entre ejecuciones extrajudiciales y crímenes contra la población civil en esta pretendida guerra contra el narcotráfico, que ha sido más bien un reacomodo de los viejos cárteles de la droga, que con el arribo de un nuevo gobernante con el que no había acuerdos hay una guerra simulada por parte del Estado mexicano en contra del narcotráfico, pero al final de cuentas, al estar involucrada toda la clase política al más alto nivel, ha sido prácticamente imposible acabar con los narcos y han convertido a México en una nueva Colombia, pero a grados mucho más elevados”. Y en México, a diferencia de Colombia, resalta, “no sabemos cuándo se va a producir un proceso de pacificación, porque los grupos de izquierda o los grupos armados revolucionarios que existen, no son lo suficientemente fuertes como para obligar al Estado mexicano a que cambie las políticas neoliberales que han dejado el país ensangrentado”.

Este activista, que tuvo también una destacada participación en el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el 2006, ha sufrido un continuo hostigamiento en su país “sobre todo, porque conozco el sistema político mexicano, porque nos hemos tenido que enfrentar a tres gobernadores en Oaxaca y salir a gritarles en la cara que son violadores de los derecho humanos y que han cometido irregularidades y que durante sus mandatos ha habido masacres de indígenas, persecución política y un saqueo indiscriminado de los recursos”. “En las cárceles de México no se está castigando el delito, se castiga la pobreza, y el 99% de los delitos que se cometen quedan impunes, pero hay un gran número de chivos expiatorios del sistema para aparentar que se persigue y se sanciona”.

El programa de Amnistía Internacional en el que está acogido en Lugo este defensor y su familia, finaliza en abril de 2015 y el futuro no es nada esperanzador. “Las condiciones en México no son propicias para el retorno, por lo que tenemos que buscar alguna alternativa que nos permita superar la crisis que nos ha supuesto esta agresión y saber que el Estado mexicano no está garantizando nuestra seguridad”. “Busco mecanismos fuera de mi país para seguir aportando y lograr que se mejoren las condiciones de vida de quienes están todavía en prisión, y debemos encontrar los caminos para su liberación, enfrentar esa coordinación a distancia para sensibilizar a las organizaciones sociales y a la sociedad civil, pero estos mecanismos tienen que ser por la vía política, porque por la judicial el Estado mexicano tiene tan armados los expedientes y hay tan poca independencia del poder judicial, que a los perseguidos políticos se les consigna por una decisión del Ejecutivo”, afirma.

Sosa Maldonado decidió estudiar la carrera de Derecho porque “en México hay una inmensa necesidad de justicia, de que se ayude a quienes han caído en manos del Estado por su condición de pobres, por su condición de indígenas”.