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CajaCanarias admite que concedió un préstamo millonario a un insolvente para financiar el pelotazo de Las Teresitas

El exdirector general Álvaro Arvelo reconoce que no estudió la solvencia del mileurista considerado "testaferro" de uno de los acusados, que solicitó los 5.500 millones de pesetas para la compraventa de la playa. “Para mí, quien solicitaba el préstamo era la promotora Punta Larga”

El extécnico de la entidad que hizo el estudio de viabilidad para la concesión del  dinero afirma que su dato era que estaban proyectados 790.000 metros cuadrados y negó conocer que esta edificabilidad estaba pendiente de una sentencia

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El expresidente de CajaCanarias, Álvaro Arvelo, tras testificar en el "caso de Las Teresitas" que celebra una nueva sesión en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.

El expresidente de CajaCanarias, Álvaro Arvelo, tras testificar en el caso de Las Teresitas que celebra una nueva sesión en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha

Inversiones Las Teresitas tenía proyectado construir, al menos sobre el papel, y al margen del Plan Parcial de Las Teresitas, que debería ser modificado, 2.580 viviendas, incluidas algunas de protección oficial y una ciudad jardín, desde le frente de la playa hasta el Valle Las Huertas y Montaña Morera, en su trasera. Son datos que le ha recordado este miércoles la fiscal a uno de los testigos en la décimo segunda sesión de la vista oral que se sigue en la Audiencia Provincial por el caso Las Teresitas.

Lo terrenos a construir suponían 790.000 metros cuadrados. Esos son algunos de los datos que manejó el técnico de la extinta CajaCanarias, José Ramos García, para elaborar un informe de viabilidad de cara a la concesión de un préstamo de más de 5.500 millones de pesetas, sin fijarse en que quien lo pedía era un simple empleado con nómina, Felipe Armas, el calificado por  la Fiscalía y Policía Judicial como el “testaferro” del acusado  Ignacio González.

Ramos dio una clase magistral de cómo se conceden los préstamos hipotecarios, según los riesgos, con intereses que oscilaban entre los 0,50 puntos y los 2 puntos de interés fijo, hasta que el magistrado presidente del tribunal juzgador, Astor Landete, le pidió que abreviara. El caso es que para una operación de alto riesgo (así la calificó el Banco de España) de 5.500 millones de pesetas, se puso un interés fijo de 0,75 puntos (similar al que se aplica para algunas hipotecas joven), interés que, según Ramos, “los fijaron los directivos de la Caja”.

“Se sabía la volumetría para construir, incluidos hoteles,  y que una primera fase estaría construida en 24 meses. Es lo que se me dijo. Y que automáticamente, estarían construidas unas 100 viviendas”.

El técnico aseguró que no conocía que esa posibilidad de gran negocio inmobiliario pendiera de una sentencia del Tribunal Supremo que, efectivamente, dio vía libre a la edificabilidad, pero que se conoció una vez concedido el préstamo.

“Nadie me dijo nada de una sentencia”, explicó Ramos, quien aseguró que recibió órdenes directas de su inmediato jefe, José Antonio Trujillo (entonces subdirector general de empresas y riesgos de Cajacanarias, y después vinculado con la Cámara de Comercio que presidió el acusado Ignacio González).

Un promotor con una liquidez semestral de 1.200 millones de pesetas

Tampoco sabía que esa edificabilidad no era posible con el deslinde de 1961, que era el entonces vigente, ni que el Plan Especial para Las Teresitas estaba recurrido. La clave en la operación, y en lo que le pidieron que se fijara, era en el igualmente acusado y socio de Ignacio González, Antonio Plasencia, que para los banqueros ha supuesto el máximo referente de la viabilidad.

“Si lo hubiera sabido (que la edificabilidad estaba pendiente de una sentencia que la aprobase y que chocaba con el deslinde) mi informe hubiese sido contrario”.

Plasencia era la garantía. Así lo testificó hace unos días el expresidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, y este miércoles lo ratificaron tanto Ramos como el tercer testigo, su ex jefe Alvaro Arvelo, que fue director general de la entidad financiera en esos años.

El promotor “tenía una liquidez semestral de más de 1.200 millones de pesetas, que ningún otro cliente la tenía”, añadió el técnico. Por eso, dijo,  no tuvo necesidad de estudiar la solvencia de la otra parte, el otro 50% que solicitaba ese crédito, Felipe Armas. “Sabía que quienes solicitan el préstamo eran Felipe Armas y la Promotora Punta Larga, pero si estaba detrás don Antonio...eso era una garantía”, apostilló el testigo, tras ser acorralado por la fiscal.

Ramos admitió que, en caso de que el préstamo no hubiese sido devuelto, Cajacanarias tendría que haber repuesto con sus fondos esos 5.500 millones en el plazo de un año de cara a la solvencia de la entidad ante el Banco de España. “Pero no ocurrió. Anoche hice un cálculo de los intereses a devolver y eran 600 millones de pesetas en dos años”.

Para Álvaro Arvelo, el que fue director general de CajaCanarias en 1998, cuando se concedió el préstamo, Plasencia era también la garantía. “Mantengo con el una relación estrictamente profesional y personal. Para nada empresarial”, aclaró al Tribunal. Por eso, testificó este miércoles que la operación, pese a su cuantía, “era normal”. “La cuantía no tiene importancia si la garantía hipotecaria real es un empresario con solvencia”.

Arvelo, que como Ramos y el “testaferro” Armas, declararon en calidad de testigos, propuestos por la acusación popular que ejerce el letrado José Pérez Ventura, respondió a  éste que “sí sabía que Vultesa era una empresa de Ignacio Gónzalez (quien se sentaba en el Consejo de Administración que aprobó la concesión del préstamo), pero que no se fijó en que Felipe Armas era empleado de la misma. “No analicé ese detalle”. “Para mí, quien solicitaba el préstamo era la Promotora Puntalarga”.

Detalles “irrelevantes”

A preguntas de la acusación popular, Arvelo respondió que le parecía “irrelevante” que, poco después se incorporara un tercer socio a la empresa a la que iba destinada el préstamo, aún en trámites de constitución.

De la misma manera que el técnico Ramos, Arvelo incidió en el gran negocio inmobiliario que había detrás de la concesión de ese préstamo y “en las plazas hoteleras proyectadas”. Negó que fuese parte activa de Comité de Riesgos de la Caja (“en teoría  sí figuro, pero en la práctica, no”), pese a que el informe de riesgos llevaba su firma, como le recordó la fiscal.

Reconoció que no vio la tasación de los terrenos elaborada por TINSA, ya que no le parecía necesario, e intentó quitar hierro a los reparos que pusieron de los inspectores del Banco de España a la sede de la entidad por el alto riesgo de la operación. Incluso, los negó. “Cuando vino el Banco de España, la operación ya estaba sonando en la calle, y nos dijo que cuidáramos un poco mas el riesgo. Para mí es un tema irrelevante”, apostilló.

Arvelo, como hizo la semana pasada otro testigo y compañero bancario, el expresidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, fue preguntado por abogados de la defensa sobre la declaración del ex consejero de la Caja, el empresario Amid Achi, quien declaró ante el tribunal que su primer voto fue contrario a la concesión del crédito, pero que fue presionado por el vicepresidente de la entidad, Nicolás Álvarez, para que se abstuviera.

“Nicolás Álvarez es un caballero y no concibo que practique amenazas, ni era necesario”, aseguró, “Puede que le hiciera algún comentario, pero no amenazas”, tras decir que había oído que Achi estaba enojado con Plasencia “porque quería entrar en el negocio”.

En cuanto al coro de 36.000 euros que recibió desde una empresa de Plasencia tras la concesión del crédito, Arvelo afirmó, que no era cierto.

Hubo otro testigo en la jornada de miércoles, aparte de Ramos, Arvelo y Felipe Armas. Se trató de Manuel Barrios, que en 2001 era jefe de Demarcación de Costas, aunque su testimonio,por vídeo conferencia poco ha aportado al juicio, ya que no recordaba nada, ni siquiera cuál era el deslinde en vigor entonces.

Solo a preguntas de la fiscal matizó que, en caso de modificación del deslinde, los terrenos que se hubieran visto afectados no pasarían a manos privadas, sino que de Costas “pasarían a ser patrimonio del Estado”.

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