Un perito de la defensa corrobora que Hayek cobró más de la cuenta

Mauricio Hayek, en la vista oral del caso Las Huertas

Belén Molina

Santa Cruz de Tenerife —

La penúltima sesión de la vista oral por el caso Las Huertas, pieza separada del caso Las Teresitas, ha dejado una sorpresa: la del perito propuesto por el abogado defensor de Mauricio Hayek, exasesor legal de la Junta de Compensación de Las Teresitas, quien corroboró este jueves que el acusado cobró más de lo que en realidad le correspondería por su participación como socio de la mercantil Playa de las Teresitas.

Javier Gargallo Martí, arquitecto superior especializado en edificación, fue contratado por la defensa de Mauricio Hayek, para quien las acusaciones pública y particular solicitan ocho de años de cárcel y la devolución de dos millones de euros que habrían acabado en su haber, y no en el de decenas de vecinos de las zonas traseras de la playa, conocidas como Valle Las Huertas y Montaña Morera, tras la venta por 33 millones de euros de los terrenos en 1998 por parte de la Junta de Compensación a Inversiones Las Teresitas, empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González Martín.

A Mauricio Hayek se le acusa de apropiación indebida y falsedad documental, los mismos delitos que recaen sobre los exdirectivos de la Junta de Compensación Jerónimo Delgado, Clemente Martín y Álvaro Fernaud.

El perito sostuvo que el coeficiente de compensación que le hubiera correspondido a Hayek por su participación del 30% en la empresa Mar Terre, que en 1990 compró los terrenos de la playa que eran propiedad de la Urbanizadora Santaella, sería de un 3,87%, y no del 7,2% que sostiene el acusado. El abogado defensor de Hayek, Pedro Revilla, le indicó a su perito que “hay un error en sus cálculos”, pero el testigo se ratificó.

Del total de sus participaciones en propiedades del parcelario, a Hayek le correspondería el 5,2542%, y no el 12,90%“, que sería el total de la participación de Mar Terre, porcentaje este que la Fiscalía rebaja al 10,60%. Ese porcentaje, sostuvo, ya había sido fijado a principio de los años 70.

Por esta participación en Mar Terre, empresa de la que Mauricio Hayek formaba parte, al tiempo que la formaba de la empresa que vendía, Santaella, cuando ya era además asesor de la Junta de Compensación, el acusado percibió 380 millones de pesetas, cifra que, según lo afirmado por el perito, debiera haber sido menor.

De acuerdo a lo dicho por el arquitecto este jueves, todas las parcelas formaban parte de la constitución de la Junta de Compensación, al margen de los terrenos ganados al mar “que se queda el Ayuntamiento”.

La batería militar en la que no se puede edificar

Gargallo Martí añadió que en ese 100% de las parcelas había tres grupos dentro de la Junta de Compensación: los propietarios incluidos que soportaron cargas y beneficios; lo no incluidos, que no pagaban las cuotas, y los excluidos. En este último grupo hay cuatro propiedades: las de Costas, la del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las del Club Deportivo San Andrés y la batería militar.

Sobre esta última, el perito señaló que no es edificable, lo que resultó llamativo al fiscal y a los dos abogados de la acusación particular, ya que en la actualidad es una parcela sobre la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife planea construir un hotel de cinco estrellas.

Añadió que no ha podido constatar que la Junta de Compensación haya abonado el coeficiente correspondiente por la venta de siete parcelas, lo que supondría cerca de 20 millones y medio de pesetas.

Otro punto en el que incidió estuvo relacionado con los llamados “extranjeros”, vecinos cuyas parcelas nunca han querido entregar a la Junta de Compensación y que han entablado numerosos litigios para defender sus derechos, con el objetivo no de cobrar cantidades sino de impugnar tanto el proyecto de reparcelación del Plan Parcial del Polígono Playa de las Teresitas como los acuerdos de las asambleas generales de la Junta de Compensación. En 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les dio la razón.

Además, según la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, “las edificaciones existentes seguirán siendo de su propiedad, y sus derechos y obligaciones se atienden solo por el valor de sus terrenos”, aunque indicaba que estaban obligados a contribuir a los gastos de urbanización de la zona, como el resto de propietarios.

Otro perito que intervino en la sesión de este jueves ratificó que los cheques innominados que la Policía encontró en el despacho de Hayek, en un registro llevado a cabo por orden judicial, se corresponderían, redondeo arriba o abajo, con los cheques consignados en la Gerencia de Urbanismo a favor de algunos vecinos, que consideran que son de una cuantía muy baja.

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