Andalucía da un 1% más a cooperación y recorta en agricultura y sostenibilidad un 42% en los presupuestos PP-Vox
La aprobación del anteproyecto de ley de los presupuestos andaluces para 2027, con cifra récord, tiene sus recovecos. Mientras que Sanidad, Dependencia y Educación aumentan las partidas, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, junto a la cartera de Sostenibilidad y Medio Ambiente reducen un 18,7% y un 24%, respectivamente, su peso en el Gobierno de Juanma Moreno. El primer comunicado que acompañó a la publicación advertía del rechazo a los menores migrantes no acompañados y de los recortes en cooperación al desarrollo en cumplimiento del acuerdo suscrito mientras Vox se arrogaba la creación de una partida de 15 millones de euros para “proteger el campo”. Sin embargo, la cooperación crece en 280.000 euros y el sector agrario cae en las políticas públicas.
En un comunicado emitido el viernes, los de Santiago Abascal aseguraban que el gasto en cooperación internacional “se reducía” para destinar a promover los planes de retorno a menores migrantes no acompañados (cuestión que no está entre las competencias de la Junta de Andalucía). Pero, ¿qué recortes se llevan a cabo? En principio, y a la vista de lo expuesto por la administración pública, el apoyo al sector productor agrícola y ganadero, el desarrollo rural o la economía azul sufren recortes, junto a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), que liquida la línea de actuación para la mejora de la producción agrícola para 2027.
El vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha intentado capitanear este viraje ultraconservador que, a la vista de las cifras, parecen más bien un espectro de lo esperado, como ha ocurrido con el recorte a los sindicatos. En un primer momento, anunció que la reducción sería de unos 3,5 millones de euros, sin embargo, el recorte más significativo ha sido de un 12,4%, es decir, unos 640.000 euros, mientras que otras partidas relacionadas con la actividad sindical y la prevención de riesgos laborales obtienen más recursos. UGT y CCOO ya muestran su disparidad con esta decisión, pero la incursión ha sido, hasta la fecha, tibia.
Recortes en agricultura y el fondo agrario crece un 2,6%
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, dirigida por Ramón Fernández-Pacheco, es una de las que más acusa el golpe. Decrece un 18,7%, de los 1.971 millones a los 1.602 millones de euros de 2027. La merma en las ayudas europeas, como el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), ha sido uno de los grandes hándicap para la cartera, donde el único apartado que ha crecido es el relativo a las actuaciones en materia de agua (de 736 millones a 756).
Agricultura posee actualmente cinco programas: Ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera (pasa de 372,3 millones a 170,6 millones a causa de la gran pérdida de transferencias de capital); y, en segundo lugar, la Incentivación del sector agroindustrial (que se reduce de 129,4 millones a 86,6).
A continuación, se encontraría el programa para el Apoyo al sector productor agrícola y ganadero (que tenía en 2026 unos 269,5 millones y finalmente dispondrá de 164,4 millones); al que le seguiría la línea de Desarrollo rural (con 80 millones de euros que quedan recortados casi a la mitad, con 48,5 millones); y, finalmente, Pesca, que para este ejercicio ha pasado a denominarse Pesca y economía azul (de los 60 millones en 2026 se quedará en 57,9 millones).
Así, a grandes rasgos, se quedaría la Consejería de Agricultura, en donde la ultraderecha ha anunciado que ha logrado implementar un fondo de 15 millones de euros que “por primera vez” contempla ayudas “excepcionales a agricultores y ganaderos afectados por plagas y enfermedades”. “Se trata de una partida que viene a complementar al fondo de contingencia que ya existía y que se amplía de 16 a 25 millones”, compartían en un comunicado.
Una nueva nomenclatura que en 2026 se recogía bajo el paraguas de “ayudas indemnizatorias a empresas privadas” y que ahora viene desplegados en varios subapartados, como indemnizaciones por daños de borrascas, inundaciones en explotaciones agrícolas o zonas no delimitadas en vista de las catástrofes medioambientales sufridas a inicios del año. En cuanto a las ayudas a los seguros agrarios, se fijan otra vez en 16,6 millones de euros, sin cambios.
En paralelo, el Fondo Andaluz de Garantía Agraria obtendrá un 2,6% más de recursos, unos 40,8 millones de euros. De un año a otro el programa de apoyo al sector productor agrícola y ganadero ha subido de 1.568 millones a 1.609 millones. Una cifra reducida en comparación con el montante que pierde la cartera del Gobierno.
Cooperación: menos prevención en violencia de género
Centrándonos en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), la cuantía no se ha reducido, al contrario, ha aumentado un ajustado 1,38%, pasando de 20.513.203 millones en 2026 a un total de 20.796.744 millones de euros en 2027. Fuentes del sector se muestran escépticos con este aumento presupuestario a partir de las declaraciones hechas por el Gobierno andaluz, así que explican que los ajustes se llevarán, probablemente, en las autoenmiendas de PP y Vox cuando se dé el debate parlamentario.
En los presupuestos, se constata que la Agencia congela las líneas de gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, las transferencias corrientes y las inversiones reales (relativas a mobiliario o equipos). Aún así, las universidades andaluzas dispondrán nuevamente de un 1 millón de euros para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional, mientras que las ONG nombradas, como Famsi, FAMP, Unicef o la Coordinadora Andaluza ONGD mantienen sus cuantías, que oscilan entre los 150.000 euros y los 70.000. Además, la acción en el exterior, con la implicación de Cruz Roja o ACNUR, entre otras, permanecerán con 100.000 y 150.000 euros, cada una.
En donde se aprecian reducciones es en el apartado de estudios y trabajos técnicos, punto clave para difundir la labor del sector y mejorar el diálogo entre los agentes sociales, con un recorte de 12.000 euros, pasando de 101.928 euros en el anterior ejercicio a 89.928 euros en el presente. También, las retribuciones para la alta dirección descienden unos 64.000 euros (pasando de 319.495 euros a 255.388 euros), al igual que el Grupo II del personal laboral no incluido en el VI convenio (que recortan de 216.405 euros en 2026 a 105.721 euros, pese a que la antigüedad, los complementos, incentivos y los sueldos de todos los grupos aumenten).
Lo que sí llama la atención a nivel cualitativo es el cambio de requisitos en la Agencia. Se elimina la previsión de número de personas beneficiarias (eran unas 820.000 en 2026) y se modifican los indicadores relativos a la violencia de género: las actuaciones orientadas a su erradicación equivalían a un 20% mientras que en 2027 cae a un 10%. También, las actividades para promorcionar la igualdad caen de un 20% a un 10% para este curso y la actuación de la cooperación andaluzan para erradicar la violencia machista pasan de un 10 a un 8%; un desplome generalizado que ahonda en la pérdida del enfoque transversal de género en los presupuestos andaluces.
Menos recursos para los espacios naturales o la gestión forestal
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente sufre un varapalo similar a la de Agricultura. Al frente está Adolfina Martínez, que sustituyó a Catalina García en este nuevo mandato, y tendrá que lidiar con una reducción del 24%. La cuantía total pasa de 655 millones a 498 millones para 2027.
La cartera está dividida en cuatro líneas generales. Una de ellas es Prevención y calidad ambiental, que en 2026 partía de 175 millones y ahora tendrá unos 86 millones; el segundo programa es Espacios naturales protegidos, en el que se registra un descenso de 73 millones a 61 millones; y en tercer lugar, la Gestión forestal y biodiversidad pierde de los 186 millones del ejercicio anterior a quedarse en 118 millones. El último apartado recoge el programa de Información, planificación y sensibilización ambiental, el único que crece: de 22 a 34 millones de euros. A ello, le afecta sobre todo la disminución de la transferencia de capitales o inversión.
A pesar del negacionismo climático del socio del PP, las ayudas a los planes municipales para el cambio climático ascienden de 2,7 millones a un total de 14 millones de euros para este 2027. Otro cambio que plasma la Consejería es que el 80% de los indicadores presupuestarios tienen que incluir la incidencia climática, frente al 40% del curso anterior. Asimismo, la Dirección General de Sostenibilidad ambiental y Economía Circular pasa a denominarse de Sostenibilidad ambiental y gestión del litoral, separándose del sector marítimo.
Eliminación de la mejora para la producción agrícola en AMAYA
Otro órgano en el que sí hay recortes es en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA): un 1,98% menos, es decir, el tijeretazo alcanza los 2.466.308 millones de euros al pasar de un montante de 126.194.498 millones en 2026 a 123.728.190 millones en 2027. ¿Cuáles son las partes más afectadas? AMAYA reparte la financiación en cuatro programas y dos líneas de actuación, una de ellas en materia de agua. Sin embargo, el anteproyecto de ley plasma la eliminación de las actuaciones para la ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera, que estaba dotada el año pasado con 156.000 euros.
En un verano marcado por la sequía y los incendios, esta reducción cumple con el negacionismo climático del que hace gala la ultraderecha y del que no había participado el PP. La financiación para el programa de espacios naturales protegidos cae desde 16 millones a los 12,7 millones. Un caso en negativo también para el programa de gestión forestal y biodiversidad, que pasa de los 51 millones en 2026 a los 47 millones; y, por último, el programa de información, planificación y sensibilización ambiental se escurre de los 5,4 millones a los 4,7 millones.
Un recorte de 10 millones de euros que no se trasvasa por entero a las demás áreas, ya que, según lo previsto, el programa de prevención y calidad ambiental aumentó de 6,7 millones a 8,1 millones mientras que las actuaciones en materia de agua crecieron de 18 millones a 21 millones de euros.
Otra reducción prevista es la venta de productos forestales y de la energía fotovoltaica por parte de AMAYA, que está recogido en la tasa de ingresos del organismo. La previsión pasa de 4.893.534 millones a 3.360.744 millones de un año a otro, por lo que, previsiblemente, afectará a las próximas cuentas.