Andalucía termina la regularización extraordinaria con más de 160.000 solicitudes pese a las barreras del proceso
Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que finalizó el 30 de junio. Un total de 161.557, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno a partir del balance del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un mes a contrarreloj y lleno de requisitos que, como el informe de vulnerabilidad, dejaron a las entidades perplejas por la barrera burocrática que suponía para el colectivo que, a sabiendas de su situación irregular, ya sufren la falta de accesibilidad tanto al mercado laboral, como de vivienda o servicios sociales. También, la falta de respuesta de la administración, los pagos de las tasas o la escasa colaboración de los países en origen han lastrado los resultados, mientras el Tribunal Supremo estudia la adecuación de la medida.
A nivel nacional, la cifra llega a las 1.174.987 solicitudes registradas, el doble de las previstas por el Ministerio, de las que 609.737 expedientes se encuentran en fase de tramitación, es decir, un 51,9% del montante administrativo. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) logró reunir más de medio millón de firmas con el respaldo de entidades como la Fundación para la Ciudadanía Global, Regularización Ya!, así como Fundación porCausa y decenas de organizaciones sociales para pedir conjuntamente una acción conjunta que diera respuesta a la situación irregular de tantas personas que conviven y trabajan en el territorio.
En el país, el pódium está liderado por Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, mientras que en Andalucía la provincia con más solicitudes fue Málaga (39.899). A ella, le siguió Sevilla (33.690); y Almería (32.638), donde Níjar, por ejemplo, es reflejo del progresivo peso de la población migrante en la carga productiva y el entramado social en el sur. Por debajo, se encontraría Granada (16.629); Cádiz (11.641); así como Huelva (10.359); Córdoba (9.951); y, por último, Jaén (6.750). Del número total un 58,2% corresponden a hombres mientras que un un 41,8% son mujeres.
Con respecto al más de 1,1 millón de solicitudes, el Ministerio especifica que un 79,6% fueron por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario y el 20,4% para solicitantes de protección internacional. De las mismas, el 83,2% se presentaron de forma telemática y el 16,8% a través de las oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas.
Jóvenes, de Colombia y en el sector hostelero
En cuanto al origen, la mayor parte de las personas acogidas a este proceso son de Colombia, con un 23,8% y, a renglón seguido, Marruecos, que corresponde a un 20,3%. A ellas, le seguirían Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); seguidamente, Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Honduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%), y el resto de nacionalidades suponen el 15,2% restante.
Asimismo, la edad, a nivel nacional, desvela que la mayor parte de los registros corresponden a jóvenes, ya que el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años. El 11,1% corresponde hasta los 15 años, mientras que el 17% va de los 16 a 24 años; le sigue, con un 31,3% a la franja de 25 a 34 años con el punto máximo; y, en descenso, el 21,6% va de los 35 a 44 años; el 11,9% de los 45 a 54 años; y, finalmente, de los 55 a 64 años representa el 5,2% y, para los mayores de 65 años, sería apenas un 1,9%. En todo caso, las ciudades españolas con mayor proporción de solicitudes fueron Madrid (17,23%), Barcelona (16,36%), Valencia (6,38%), Alicante (6,23%) y Murcia (3,85%).
El proceso de regularización extraordinaria ha logrado que, a 30 de junio, se dieran de alta 159.097 personas en la Seguridad Social en todo el país, de los que un 77,3% fueron contratados indefinidos y un 22,7% temporales. El mayor sector de actividad beneficiado fue el hostelero (24,4%), al igual que el comercio (12,7%) y las actividades administrativas (12,1%). Al cuarto lugar cae la construcción (11,5%), el ámbito agrícola (9%), el transporte y almacenamiento (7%) y la industria manufacturera (6%).
Trabas en los ayuntamientos y “tramitación compleja”
¿Cuáles son las principales trabas que han sorteado las asociaciones? La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), a preguntas de este medio, critica la falta de medios adicionales que han destinado la mayoría de entidades locales andaluzas, “cuyos servicios sociales deberían haber colaborado en este proceso”, al contrario que en otras comunidades autónomas. “También ha sido deficiente la labor de la propia Administración General del Estado, que ha promovido este proceso y que, sin embargo, no ha puesto los medios necesarios para la tramitación de expedientes”, lo cual queda patente en que el 48,1% de los expedientes no han sido tramitados.
En este sentido, la APDHA afirma que “la mayor parte” de las tramitaciones “siguen aún a la espera de ser aceptados a trámite por la Administración, con lo que, aunque el plazo para presentar solicitudes haya terminado, aún nos queda mucho trabajo por hacer”. La entidad atendió a más de 1.000 personas en Andalucía e intermediaron para que, al menos, otros 1.000 demandantes obtuvieran el certificado de vulnerabilidad. Una labor que han llevado con “orgullo” gracias a la colaboración de socios y socias, militantes, y activistas de colectivos afines. Sin embargo, recuerdan que “las grandes entidades del ámbito de la Cooperación, que reciben una ingente cantidad de fondos públicos, eligieron ponerse de perfil, siendo entidades más pequeñas que, como APDHA, las que han asumido esta tarea”, matizan.
Quejas que van en la línea de lo referido por el colectivo Regularización Ya!, que agrega que los pagos de tasas, al igual que las citas de huellas en comisaria para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), han sido obstáculos a lo largo de estos 60 días. En un comunicado, el colectivo hace referencia a la escasa colaboración de algunos países en origen que han hecho “imposible” la obtención de certificados y exige al Gobierno central que “frene las deportaciones” de personas en proceso de regularización, como se ha denunciado, y expresan su repulsa hacia el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y la Ley de Extranjería.
Por su parte, la Federación Sur Acoge atendió a través de 11 asociaciones y dos delegaciones con alrededor de 200 personas voluntarias a más de 20.000 personas en “una tramitación compleja y con plazos ajustados” entre el 20 de abril y el 30 de junio, tal y como describían en este medio. En vista de la urgencia de la medida, el colectivo cuestiona las políticas migratorias que imperan en el Estado: “¿Qué nos dice de nuestro modelo migratorio que más de un millón de personas hayan necesitado una medida excepcional para poder acceder a una autorización de residencia?”.
Una perspectiva que compartía la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho. La organización se reunió por primera vez en Andalucía con el propósito de exigir a las corporaciones locales que cumplieran con la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local e inscribieran al colectivo en el padrón, independientemente de su situación, ya que, en todo caso, se necesita conocer el total de población para planificar y gestionar los recursos. Es más, tal y como criticaron, el Gobierno central admite esta parálisis en las administraciones debido a que no se ha requerido el certificado de empadronamiento para el proceso de regularización y, por tanto, “se reconoce indirectamente que el bloqueo existe”.