“El padrón no es un regalo, es una obligación legal”: los colectivos denuncian la discriminación de los ayuntamientos
“¡Padrón por derecho!”, ese el grito al unísono de 33 colectivos sociales de todo el territorio español que denuncian la discriminación institucional que hay en el proceso de empadronamiento por parte de los ayuntamientos. Un rechazo que sufren los colectivos más vulnerables, ya sean personas migrantes en situación irregular, sin hogar o familias expulsadas por el mercado inmobiliario. El trámite es esencial para el acceso a la sanidad, a la escolarización, la apertura de una cuenta bancaria o para lograr la regularización. Desoyendo la ley, las barreras de las corporaciones locales dificultan el reconocimiento de estos derechos y provoca, entre otras cosas, la estafa por parte de mafias que se aprovechan de aquellos que, sin recursos, buscan una salida desesperada al desamparo.
Sevilla fue el lugar escogido este viernes por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho para criticar la actuación de las corporaciones que impiden la correcta aplicación de la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 15 establece que “toda persona que viva en territorio español está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Vivir, es decir, que exista y se desarrolle en el país, sin que esté el individuo condicionado por su situación administrativa, laboral o habitacional. Es más, toda esta movilización la contemplan como urgente a causa de la propia acción del Gobierno de España que, tanto para la regularización extraordianria como para la aprobación de la universalización de la sanidad, no requirió el certificado de empadronamiento, “se reconoce indirectamente que hay un problema, es decir, el bloqueo existe”, apuntaron.
Mazagón, la localidad onubense, será el enclave elegido para organizar el primer encuentro de la plataforma que tiene dos años de vida y presentó un informe el pasado mes de febrero. Este fin de semana convergerán en la provincia, símbolo de la precarización que enfrentan los trabajadores del fruto rojo. “Hoy hacemos frente a una realidad invisible pero devastadora: hay multitud de administraciones locales que ponen barreras arbitrarias contra los vecinos y las vecinas migrantes o contra las personas en situación de exclusión residencial”, defendió Pepa Suárez, portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón, “a aquellas personas que recogen las fresas en los campos de Huelva a 45 grados, que cuidan a nuestros mayores y limpian nuestras casas, que viven y consumen en nuestras ciudades pagando impuestos indirectos”. “Exigimos soluciones”, determinó.
“El mercado se aprovecha de la desesperación”
Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón, habló en nombre de los miles de trabajadores que viven en los asentamientos y sufren el racismo institucional: “Estamos en el corazón de la producción de los frutos rojos. Una tierra que da riqueza, pero que tiene una realidad muy dura donde los ayuntamientos no empadronan y los chicos lo pasan mal”. Ante la falta de agua, luz o de saneamiento en los poblados, criticó la “vergüenza” que significa para el conjunto del país permitir una desatención de tales magnitudes. “El padrón no es un regalo de los alcaldes, es una obligación legal”, subrayó, “los chicos no tienen más remedio que comprar el empadronamiento y ya no preguntan dónde pueden hacerlo, sino cuánto les cuesta o a quién tienen que ir, por lo que se provoca que haya un mercado que se aproveche de la desesperación de la gente”.
Hay anuncios que piden 300 euros e, incluso, 3.000 euros. Intermediaciones hechas por mafias que, como explicó Serigne Mbayé, del Sindicato de Manteros, utilizan pisos en los que hay hasta 15 personas registradas. “No hay ninguna falsedad en este proceso, porque viven aquí, pero no tienen otro remedio que pagar por eso”, detalló, siendo condición necesaria para recibir cartas, lograr prestaciones, simplemente, vivir. En cualquier caso, hizo hincapié en que el uso de “falsedad” era incorrecto, contraponiéndose a la guerra cultural que propaga la ultraderecha, desde donde se ha puesto en duda la veracidad del sistema. En este punto, Patricia Fernández, parte de la Coordinadora de Barrios en Madrid, mostró que “la mayor parte de las sanciones se producen con familias que falsean su empadronamiento para acceder a colegios privados y concertados o personas que mantienen su residencia en territorios insulares para conseguir beneficios en las subvenciones al transporte”, como ocurre con el 75% de Canarias y Baleares.
Frente a la prioridad nacional de Vox, la coordinadora estatal aboga por que los ayuntamientos cumplan la ley que proporciona a la ciudadanía la red de cuidados que garantiza el pleno desarrollo de su existencia. Sin embargo, la puerta está abierta a nuevos enfrentamientos, ya que los acuerdos de PP y Vox en Aragón y Extremadura contemplan la creación de un servicio de verificación del empadronamiento con base a las falsas premisas de que la inmigración dinamita los servicios públicos. Un requisito que podría llegar pronto a Andalucía, donde Juanma Moreno sopesa si vale la pena aliarse a los de Manuel Gavira o gobernar en solitario tras las elecciones del 17 de mayo. “Hablar de padrón es hablar de dignidad, de existencia, de democracia. Cuando una persona no puede empadronarse, no solo se le niega un trámite administrativo, se le niega la posibilidad de existir plenamente dentro del sistema de derechos”, resaltó Soledad Paola Lucero, portavoz del Foro Gallego de Migraciones.
Los casos de Huelva y Almería: “Mi vida son mis papeles”
Pero, fuera del embate político, la portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón no hace distinciones: “Da igual que esté PP o PSOE, en el caso de Huelva hacen exactamente lo mismo”. Pone encima de la mesa el mapa: “Entre Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer hay cientos de trabajadores de la fresa... Y solamente hay tres personas empadronadas”, denunció. La provincia onubense parece que no es la única que se desoye el mandato legal, sostuvo María Millán, parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Almería, quien señaló la doble vara de medir que utilizan las administraciones locales. “En este maremágnum de vulneración de derechos e injusticia social, la realidad del padrón cobra una importancia radical, ya sea en Huelva, Almería o cualquier otro lugar, la gente repite 'mi vida son mis papeles'”, compartió.
“Nos encontramos con que el padrón es denegado por el hecho de vivir en una infravivienda y muchos de los ayuntamientos que conocemos, como El Ejido, Roquetas de Mar o Mijas, le piden a la gente un contrato de alquiler o un permiso por parte de los propietarios para residir allí, rozando al extremo de que tengan que venir de la mano”, denunció, “los ayuntamientos inventan condiciones ad hoc en ese ejercicio de racismo institucional”. Además, aseguró que en El Ejido se está pidiendo el empadronamiento para realizar los informes de vulnerabilidad, cuando el primero no es un supuesto para adscribirse a la regularización extraordinaria mientras que el segundo sí.
Sevilla tampoco se queda atrás. El pacto municipal entre PP y Vox que necesitó el alcalde José Luis Sanz (PP) para sacar adelante los presupuestos dejó por escrito que habría un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes. El gobierno local justificaba que con ello se pretendía evitar que “se comentan fraudes con los migrantes” cuando la oposición tachó de “disparate” la medida, pese a que la portavoz de la ultraderecha había afirmado con contundencia que el objetivo era “evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad”.
“El deterioro de los servicios públicos”
En busca de soluciones, la Coordinadora Estatal hace una serie de recomendaciones a las personas que se encuentran con estos obstáculos en los ayuntamientos, a los que exigen más transparencia publicitando su normativa interna, y solo reciben respuestas verbales que luego serán insuficientes en un procedimiento legal. “Si una persona va a empadronarse y no se hace, se le debe dictar una resolución en la que conste por escrito si se inadmite su solicitud para que la pueda recurrir, o bien se requiera que aporte más documentación, para verificar luego si es legal o no y si estamos ante una situación de discriminación”, ejemplificó Fernández.
“Queremos saber a quién se deniega el empadronamiento, a quién se le exige que venga acompañada por su casero, si solo se hace con las personas migrantes y racializadas o también a las personas blancas y del norte global, y exigimos que se cumplan con la ley y las sentencias que, como en Madrid, obligaban a empadronar en colectivos sociales”, aseveró. Al fin y al cabo, la ley es clara en su articulado y el continuo incumplimiento, como mantienen desde la plataforma, provoca la ausencia de un padrón acorde al número de personas que conviven en un municipio.
Un hecho que, finalmente, perjudica a los usuarios del sistema, como señaló Fernández: “Los ayuntamientos no quieren ver que tenemos mayores niveles de hacinamiento en los barrios que en la España del tardofranquismo y que, por lo tanto, tienen una obligación de proporcionar vivienda pública”. Así, apuntó a que la incongruencia de los datos en el padrón “provoca un deterioro de los servicios públicos, provoca que las personas no puedan acceder a ellos y, quienes lo hacen, lo hagan en peores condiciones que provoca un efecto de expulsión hacia el negocio privado, ya sean clínicas, colegios...”, alertó, “no es un fallo inocuo del sistema, son las políticas diseñadas para el capital”, zanjó.