La derecha tumba en el Congreso el comisionado para paliar las condiciones infrahumanas del campo de Huelva
“No hay frutos rojos sin temporeros, pero sí hay temporeros sin techo ni agua ni electricidad”, recalcó Francisco Sierra (IU) frente al resto de partidos en la presentación de la proposición no de ley (PNL) para la constitución de un Comisionado para la Migración Temporera en Huelva. Una medida que busca la coordinación entre la administración estatal con la autonómica y local con el fin de lograr una solución efectiva contra un panorama que el propio relator de la ONU calificó como “impactante” a raíz de la pobreza y el abandono que sufren los trabajadores que se asientan en el territorio andaluz. Un texto que finalmente fue rechazado en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados con los 19 votos en contra de la oposición frente a los 18 síes del gobierno de coalición.
La Comisión de Política Territorial debatió la PNL impulsada por el diputado de IU Francisco Sierra Caballero, la cual fue elaborada junto a Marcos Toti, coordinador provincial de IU Huelva. El propósito de la iniciativa es dar solución a varios frentes abiertos en el campo onubense: viviendas dignas, regularización, dar cobertura en la Seguridad Social y los derechos básicos, y proporcionar atención prioritaria a los colectivos más vulnerables, además de aportar recursos específicos para mujeres y niños. “A estas alturas del siglo XXI, la situación es indignante”, subrayó Sierra durante su intervención en referencia a este sector estratégico que supone el 11% del PIB en la provincia y sitúa a Andalucía como la primera región proveedora de fresa y arándano en la Unión Europea y segunda en frambuesa.
Con el propósito de garantizar la coordinación interterritorial, el grupo Sumar propuso la creación del comisionado a estilo de lo hecho para el Reto Demográfico o la atención de barrios vulnerables, como el habilitado en el área del Polígono Sur en Sevilla. “No podemos fallar a la población ni a la sociedad civil”, recalcó. Aceptando las enmiendas del partido socialista, el diputado Juan Antonio González añadió que se debía ampliar el alcance de la propuesta a todas las autonomías y habilitar un espacio específico para personas en situación de pobreza y exclusión social.
“Los asentamientos existen desde hace más de 30 años”
Además, en esta jornada en la que se publica en el BOE el decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, sostuvo que “a día de hoy, sin inmigración el sector agrícola sería inviable y, si España lidera el crecimiento económico en Europa, es gracias, en parte, a la migración”. En este toma y daca con los partidos de la oposición, recomendó a los dirigentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que “hagan una campaña de fresas o de recogida de espárragos en Granada, muy duras y que exigen esfuerzos de piernas y espaldas, pero recomendable para combatir los discursos xenófobos que están llevando a cabo”.
En el turno de réplicas, Jorge Campos, diputado de la formación ultraderechista, calificó lo presentado como “falso” y alegó que la explotación laboral en el campo “no existe”. Entre los datos inexactos, aseveró que solo había 13.000 trabajadores extranjeros y que se daban alrededor de 164.000 puestos de trabajo. Sin embargo, la Orden GECCO establece que este año el contingente, que ha aumentado un 26% en comparación con el ejercicio anterior, está formado por 21.400 trabajadoras procedentes de hasta ocho países y, en todo caso, la plataforma Interfresa estima que hay 160.000 empleos indirectos, tomando en cuenta todo el sistema. A ello, habría que añadir que son las propias organizaciones las que se quejan de que hay falta de mano de obra local para estas campañas.
Por otra parte, el sueldo de las temporeras se ajusta a lo establecido en el convenio colectivo y lo que corresponde al jornal, es decir, cobran 62,39 euros —ligera subida gracias al aumento del salario mínimo interprofesional— por 6,5 horas. A ello, habría que añadir que las condiciones en las que vive la población en los asentamientos son penosas, tal y como señala el Informe Frontera Sur 2025, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), donde se da una radiografía de las cinco zonas principales donde se concentran: San Jorge (Palos de la Frontera), Las Madres (Moguer), El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena del Puerto) y Lepe. Las organizaciones, como Andalucía Acoge, estima que hay alrededor de 5.000 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad en Huelva, a las que habría que añadir a sus homónimos en Almería. Con datos inexactos y en continua negación de lo que ocurre en el campo andaluz, el diputado de Vox dio por terminada su intervención, mientras que la diputada del PP, Bella Verano, realizaba puntualizaciones al texto del grupo Sumar.
“Los asentamientos existen desde hace más de 30 años y la Junta no hizo absolutamente nada”, afeó la diputada, para quien la PNL es “una cortina de humo”. A tenor de estas palabras, hizo referencia a la aprobación del I Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía (Plan EASEN), realizado en 2023, que tomaba el relevo tras más de dos décadas al Plan Integral de Erradicación del Chabolismo en Andalucía, impulsado en 1997. Un acuerdo para el que la integrante del PP justificó que no está en pleno desarrollo y ejecución debido a que esperan, entre otras cuestiones, a la respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cargo de Elma Saiz, desde el 20 de enero de 2025. En todo caso, la APDHA reclama al gobierno de Juanma Moreno en su informe una mayor planificación de recursos y alternativas habitacionales “reales y dignas” para evitar la proliferación de infraviviendas.
“Más presión”
Carmen Vásquez, miembro del área de Migraciones de la APDHA, toma la iniciativa defendida por Izquierda Unida con precaución. “Cuanta más presión haya, más efectivo será el cambio, pero estas denuncias se llevan haciendo desde las asociaciones y los sindicatos desde hace diez años, como poco”, critica. Espera que la PNL avance, aunque reconoce que los intereses que hay en el mercado del fruto rojo, tanto a nivel provincial como mundial, hacen que este tipo de coordinación caiga en saco roto. Ni ella ni Ana Pinto, portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha, conocían hasta este mismo miércoles que se discutiera sobre las temporeras de Huelva en la comisión del Congreso.
Pinto subraya que las propias comisiones para abordar la contratación en origen tienen carencias. “Todo esto significa poco”, y pone como ejemplo los informes que expuso Philip Alston como relator de la ONU en 2020, “las cosas siguen igual”. Así, advierte que los grupos políticos recobrarían la confianza de las organizaciones remaran todos para solucionar este panorama acuciante y se vieran resultados palpables. Al margen de lo debatido en la Cámara Baja, la sindicalista celebra este jueves que haya prosperado una demanda transnacional que había presentado el sindicato ante el caso de una trabajadora marroquí que había sido despedida tras haber sido operada de cáncer.
Después de 20 años ligada a una empresa onubense dedicada a la recogida de fresa, se prescindió de los servicios de la mujer trabajadora alegando que no estaba en condiciones físicas, aun habiendo superado la enfermedad y pasando por un tratamiento. Con el apoyo del sindicato, denunció y en el acto de conciliación se logró su readmisión. “Que no se queden con nuestros derechos, luchar sirve de algo, porque a la vez que defendemos a nuestros vecinos y vecinas, nuestras compas en origen también tienen unas condiciones que hay que respetarse”, sentencia.