ENTREVISTA Secretario general de CCOO
Unai Sordo: “Vivimos riesgos involutivos en Andalucía y en España en un momento de excepcionalidad democrática”
Unai Sordo (Bilbao, 1972) analiza desde Sevilla el contexto sociopolítico en el que España goza de una macroeconomía fuerte aunque atravesada por una crisis habitacional y una amenazadora inflación frente a una guerra que pone en apuros el orden internacional. El secretario general de CCOO, elegido para un tercer y último mandato, descarta participar en cualquier confluencia de izquierdas, pero su visión es nítida: más vale dejar a un lado las luchas internas para conformar un mensaje claro y directo para la movilización del voto. Ante unos 2.000 delegados, arengó a la asamblea andaluza a pasar a la acción, pese a la resistencia de la patronal para la mejora de los salarios o el registro horario, en donde también reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que no asuma una postura única en su compromiso con los sindicatos.
Acabamos marzo con datos récord, tanto a nivel nacional como en Andalucía. Mientras que el Ejecutivo nacional y autonómico lo celebran, la oposición lo tacha de maquillaje. ¿Cuál es la lectura que saca el sindicato?
Los datos de empleo son los mejores que ha dado España a lo largo de su historia y esto es incontestable. Es muy curioso que cada una de las comunidades autónomas, incluso las 11 del PP, lo digan, mientras que el acumulado sostengan que son datos “maquillados”. Más allá del politiqueo, nunca ha habido más gente trabajando que ahora en el país. España está en disposición de alcanzar el pleno empleo en el próximo lustro si continúa la transición energética como un factor de atracción de inversión productiva. Ahora, el reto es que ese empleo sea de calidad y lleve asociado salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes. Ese es el gran reto, porque hay 10 millones de personas en España cuyos salarios están estancados desde hace años.
En ese proceso de transición, Andalucía atrae la industria del hidrógeno verde, pero falta mano de obra especializada, mientras que, por ejemplo, la generación Z no quiere trabajar en la hostelería dada las condiciones que ofrece. ¿Cómo se logra que la patronal responda a estos requerimientos?
El problema de vacantes que aludían los empresarios era bastante tramposo, pero creo que a partir de ahora sí será real. En algunos casos, está relacionado con los salarios y, en otros, con el coste asociado a trabajar, por ejemplo, a aquella gente que se tiene que desplazar a las costas para trabajar en la hostelería y tiene que pagarse un piso no le sale a cuenta. Por tanto, la vivienda empieza a ser un problema grave en la movilidad laboral interior de España. Los sectores que necesiten mano de obra van a tener que pagar buenos salarios, y España tiene que aspirar a transformar paulatinamente su modelo productivo, recuperando industria y que el precio de la energía sea atracción de inversión para reequilibrar.
Es una transformación que a muchos le quedará muy lejos.
Las cosas no cambian de un día para otro. Da la impresión que olvidamos cómo era la economía de nuestro país hace apenas diez o 20 años, dependientes de sectores que se basaban en una enorme burbuja financiera y especulativa y sectores que se vinieron abajo en la anterior crisis.
Por tanto, la transformación del modelo productivo requiere de políticas industriales, de planificación sectorial, mucha inversión pública que a la vez movilice inversión privada, un poco lo que se ha hecho tras la pandemia. Todavía es insuficiente, pero no cabe en ningún caso dar marcha atrás. Igualmente, es muy peligroso que haya fuerzas que bajo el paraguas del negacionismo climático aspiren a que España vuelva a seguir dependiendo del petróleo y del gas que hay que comprar fuera en un contexto de inestabilidad mundial como no hemos conocido en décadas.
Nunca ha habido más gente trabajando en el país y el reto es que sea empleo de calidad, con salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes
En Andalucía, CCOO, junto a UGT y otras asociaciones, presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el derecho efectivo de acceso a la vivienda. Sin embargo, se presenta en un momento en el que se acaba de aprobar la ley autonómica. ¿Será efectiva una medida y se replicará en otras comunidades?
Hay que dejar claro que las competencias en materia de vivienda son autonómicas y el bloqueo de la ley estatal, que se quedó corta, está en las comunidades. Por ejemplo, no decretando la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas. España necesita hacer un gran pacto de país para garantizar el acceso a la vivienda, porque se necesitan 2 millones de casas a precios asequibles en la próxima década, además de movilizar vivienda vacía y poner freno a los nuevos usos especulativos de la compra o el uso abusivo como bien turístico.
Aparte, hay que favorecer medidas de carácter fiscal para evitar que los pisos permanezcan cerrados, al igual que garantizar precios de alquiler asequibles pudiendo dar a la vez garantías de cobro a los propietarios y la construcción de un parque de vivienda pública que nunca se desclasifique. Hay que hacer todo esto, y todo a la vez. Con medidas paliativas no se va a arreglar este gran problema de fractura social que ahora mismo existe en España.
¿CCOO impulsará la medida en otras comunidades?
Se estaba planteando la posibilidad de hacerlo en Madrid, pero en este momento no hay planificadas más ILP. En todo caso, es una reivindicación muy sentida en la ciudadanía. La gente joven está demorando su vida autónoma y, por otro lado, hay una parte de la población donde el 50% o el 60% de sus ingresos se tienen que dedicar a alquileres abusivos o a hipotecas desmesuradas. Esto es un desastre en términos sociales y económicos, como los desplazamientos laborales. En las islas es evidente, y no solo en hostelería, ya que ni los empleados públicos quieren ir a trabajar a un sitio donde casi todo el sueldo se lo dejan en un alquiler.
En el ámbito de las movilizaciones sociales, el Estatuto Marco ha levantado ampollas en el sector médico y, en Andalucía y el resto del país, estas protestas han sido lideradas por los sindicatos sectoriales. ¿Hasta qué punto sustituyen a los sindicatos de clase como CCOO o UGT?
Nuestro secretario general de la Federación de Sanidad es médico. No está escrito en ningún sitio que los sindicatos corporativos representen en exclusiva a los médicos y nos parece legítimo que cualquiera reivindique lo que quiera, faltaría más.
Ahora, no compartimos la corporativización de la función pública hasta el punto de que, en este caso, se segregue un colectivo y los médicos busquen un rancho aparte a través de un estatuto propio que les independice de alguna manera del conjunto de los empleados de la sanidad pública. El acuerdo marco es muy relevante y muchas de las reivindicaciones que están ahora encima de la mesa pueden ser compartidas, aunque buena parte de las condiciones están en manos de las comunidades autonómicas. Insisto, cada uno tiene legitimidad de hacer lo que considere.
No es de recibo que el Gobierno en su totalidad no reme a favor de la reglamentación del control horario. No puede ser bicéfalo, perdería la buena fe en la negociación con los sindicatos
Solo el 18% de los asalariados entre los 25 y 44 años están en un sindicato. ¿De qué forma se retoma su confianza?
Hay un cierto problema de afiliación de la gente joven en los sindicatos. En España, la gente se afilia cuando va estabilizando sus condiciones laborales, en torno a los 30 años. Esto es así y debemos tener más presencia, por ejemplo, en los centros formativos y un mensaje más comprensible.
En todo caso, una tasa de afiliación del 18% en un país como España, donde los derechos que se consiguen en el convenio colectivo son de aplicación igual, tanto para el afiliado como para el que no, no es ningún tema menor. Hay países en el que el sindicalismo gestiona el acceso a la prestación de desempleo o a la pensión, o que el convenio colectivo solo se aplica a las personas afiliadas. Los datos de afiliación son los que son, pero nadie tiene más afiliados que CCOO, con 1,8 millones de personas y 112.000 delegados y delegadas de personal elegidos en las empresas, mientras que en Andalucía es el más representativo con 150.000 afiliados y algo más de 18.000 delegados.
¿Cómo van los contactos con la patronal para sentarse a negociar el gran pacto de negociación colectiva pendiente (AENC), clave para las subidas de salarios?
Va lento. Pusimos encima la mesa una propuesta salarial que era una subida para este año y los dos siguientes de al menos el 4% y en los convenios que estén por debajo de la media con incrementos adicionales de hasta un 3%. En total, un 7% que podía parecer una subida desmesurada, pero tal como están yendo las empresas españolas y según se prevé la evolución la inflación, no me parece ningún disparate. ¿Qué pasa? Ante la incertidumbre de la guerra, de los precios, del posible corte en las cadenas de suministro, se da un escenario que complica muchísimo una negociación para llegar a un acuerdo marco de convenios.
¿De qué manera presionarán?
De momento, estamos todavía en la fase de inicio de contactos. En todo caso, si vemos una negativa de la patronal a abordar esta negociación, promoveremos movilizaciones desde la realidad de los convenios colectivos. Creo que habrá alguna noticia antes de verano.
Acerca de los horarios, se alcanzó el acuerdo para las 35 horas en la Administración General del Estado, mientras que la reducción de la jornada a 37'5 horas no se logró. ¿Esta reivindicación quedará en papel mojado?
La intención era situar esta reivindicación en el marco de este acuerdo de convenios colectivos, ver cómo evoluciona y, antes de que acabe la legislatura, volver a reiterar la necesidad de aprobar por ley la reducción de la jornada laboral. Aun así, somos conscientes de las mayorías políticas que otorgó la ciudadanía en las elecciones generales y la reducción de la jornada laboral no sale con los números que hay en el Congreso. Estamos haciendo la guerra de guerrillas de los convenios colectivos y, si hay un bloqueo, plantearemos elementos de protesta.
Si vemos una negativa de la patronal a abordar la negociación a la subida salarial, promoveremos movilizaciones a través de los convenios colectivos
¿Cómo ve la prórroga de un año que ha pedido Economía a Trabajo para el refuerzo de los registros horarios?
El hecho de que el Consejo de Estado haya dado audiencia a las organizaciones empresariales y no a las sindicales, me parece desleal con la negociación que hemos llevado con el propio Gobierno. El gobierno es uno para los sindicatos, no hay dos ni tres. Es uno.
Hemos negociado de buena fe con la patronal, sin que fuera posible llegar a un acuerdo, y hemos negociado de buena fe con el Gobierno, siendo capaces de llegar a un acuerdo. Se bloqueó la reducción de jornada y pensábamos que se podía aplicar el control horario. Ahora bien, no es de recibo que la totalidad del Gobierno no reme a favor de esa reglamentación del control horario y el pronunciamiento del Consejo de Estado no lo compartimos en absoluto.
¿Cree que el ministro Carlos Cuerpo será el contrapunto de Yolanda Díaz?
Insisto, el Gobierno no puede ser un bicéfalo. Tiene que argumentar y pactar sus propias posiciones internas como gobierno de coalición, pero cuando negocia con los agentes sociales, sea Trabajo, Seguridad Social, Igualdad, Migración, la posición que está sobre la mesa es la del conjunto, si no, no sería un gobierno serio.
Por tanto, no vamos a aceptar que negociemos con el Gobierno, lleguemos a un acuerdo con el Gobierno y luego el Gobierno diga que no está de acuerdo con lo que hemos pactado consigo mismo, porque esto sería perder la buena fe en la negociación.
Clamaba por un impuesto negativo al IRPF para paliar los efectos de la guerra en Irán. ¿Cree que son insuficientes las medidas del Ejecutivo central?
Sí, porque las medidas han de ser escalonadas en función de cómo evoluciona la guerra y de su impacto económico. Las primeras han ido dirigidas a tratar de contener el impacto sobre los combustibles en transportes y de los fertilizantes para el mundo agrario, pero el conflicto ha seguido y los precios acaban contaminando el conjunto de la cesta de la compra.
Veremos cómo evolucionan las cosas en Irán, pero la inflación se incrementará en los próximos meses, así que lo lógico sería proteger la renta de las familias con menos ingresos de la forma más simple posible, en vez de demandar ayudas, ya que hay mucha gente que las desconoce o no tiene los medios para hacerlo. Por tanto, un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Podemos, Izquierda Unida y Sumar han confluido en Por Andalucía. ¿Cómo valora este pacto de última hora? ¿Cree que se puede replicar a nivel nacional?
Mantenemos un absoluto respeto institucional a las decisiones que tome cada partido. A partir de ahí, cuanto menos se le hable a la gente de las cuitas de los partidos y más de los problemas de la gente, será más fácil que te voten. En general, cuanto antes se salgan los partidos de la metapolítica, casi que mejor, y estoy convencido de que las fuerzas de izquierda están haciendo eso ya.
¿Es eso trasladable al conjunto de España? No tengo ni idea. Lo que tiene que ocurrir es que las fuerzas que concurran en la izquierda lo han de hacer con un mensaje nítido, identificable y confiable. La gente tiene que saber cuáles son los objetivos prioritarios en un contexto, no olvidemos, donde el riesgo reaccionario que tiene España, como otros países europeos, no es una amenaza, ya está aquí. La extrema derecha está gobernando Estados Unidos y es la antesala del caos y, quizás, de la fragmentación y del declive europeo.
Las condiciones materiales de vida de la gente son fundamentales en este contexto y creo que las izquierdas se tienen que situar ahí. Luego, que concurran como decidan, si bien la fragmentación por provincias se paga. Vuelvo a lo mismo, más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, lo que tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad.
Un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España
¿Le han propuesto pertenecer a alguna confluencia y dar el salto político?
No me lo ha planteado nadie y con buen criterio, porque no hace ni siquiera un año que empecé el tercer mandato en CCOO. Sé que ha habido rumorologías de todo tipo, pero, en fin, no le doy mayor importancia.
En las elecciones de 2012 cuando se postulaba Javier Arenas (PP), la movilización de los sindicatos fue clave para alentar el voto progresista. ¿Podría suceder ahora lo mismo ante un Juanma Moreno que quiere revalidar su mayoría absoluta?
No somos un agente político en el sentido de que no estamos para pedir el voto para ninguna sigla, esto tiene que quedar absolutamente claro. Somos una organización autónoma, pero no quiere decir que seamos una organización ni equidistante ni que no se sienta apelada por la vida política. En función de cómo se determinen las mayorías en las instituciones, las políticas para la gente trabajadora son unas u otras y, desde ese punto vista, lo que vamos a hacer en Andalucía es sacar una batería de propuestas y trasladarlas a los partidos políticos. Lo que sí haremos será una apelación a la participación y también dejaremos un mensaje claro: vivimos un momento de excepcionalidad democrática donde hay que ser conscientes de los riesgos involutivos que vivimos en Andalucía, en España y, me atrevería a decir, en Occidente.
Más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, las izquierdas tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad
En la asamblea organizada en Sevilla decía que se habían votado a mamarrachos y a delincuentes. Hay una desafección y una inmovilización por parte de la izquierda, pero es lo votado.
Si se vota a un personaje como Trump, evidentemente antidemócrata, un narcisista de libro, una persona que intentó forzar poco menos que un golpe de estado con el asalto al Capitolio, pues lo lógico es ver cómo a un mono le das una pistola y se lía a tiros. Es lo que está haciendo, poniendo patas arriba el mundo con un riesgo de escalada militar, incluso de carácter nuclear, como no hemos conocido en décadas y, en efecto, es el resultado de unas elecciones. Cuando la gente vota con las tripas pueden ocurrir barbaridades de este calibre. Hay que decirle a la gente la verdad: votar a reaccionarios provoca políticas reaccionarias.
El comienzo de la campaña andaluza es el 1 de mayo. ¿Cómo ve esta coincidencia y cuáles son los objetivos del sindicato para el Día Internacional del Trabajo?
Esa coincidencia la decreta Moreno Bonilla. El primero de mayo tiene una característica, y es que siempre cae el primero de mayo, así que nos movilizaremos y plantearemos las reivindicaciones bajo el esquema de las asambleas: salario, tiempo, techo, servicios públicos, democracia y paz. La necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, de contener los precios de la vivienda, de no solo reducir la jornada de trabajo, sino organizar convenientemente el tiempo de trabajo, así como reforzar los servicios públicos y hablar de la vigencia de la democracia, que está amenazada como pocas veces.