ENTREVISTA Secretario general de CCOO

Unai Sordo: “Derivar a la privada la atención sanitaria es romper el modelo social y constitucional”

Unai Sordo (Bilbao, 1972) sube por primera vez a lo más alto de 'las Setas' en la Plaza de la Encarnación de Sevilla, desde donde fotografía la Giralda. Acaba de inaugurar el foro 'Diálogos para una década' organizado por CCOO, el sindicato que lidera. Precisamente el diálogo (social) centra buena parte de la conversación con elDiario.es Andalucía y que viene demandando a la Junta de Andalucía sus “compañeros” de la comunidad autónoma. Sordo espera voluntad de cambio en ese sentido por parte del Gobierno dirigido por Juan Manuel Moreno, igual que el Museo Guggenheim de su ciudad natal, como las 'Setas', cambiaron la panorámica del centro histórico de la capital hispalense, como él mismo comenta. Con el anuncio aún reciente de la marcha de la multinacional Ferrovial a Países Bajos, el secretario general de CCOO aborda varios asuntos de actualidad nacional y autonómica.

Ferrovial tiene una importante implantación en Andalucía en cuanto a contratos públicos con las administraciones. ¿Cómo podría afectar aquí la marcha de la multinacional a Países Bajos?

Afección en cuanto a empleo y mantenimiento de empleo y de inversiones no hay ningún riesgo. Pero no se está hablando de esto. Aquí lo que se está hablando es del traslado de una sede de un país a otro para ahorrarse una serie de costes fiscales. Y una empresa que ha nutrido sus ingresos durante décadas enteras de recursos públicos a través de licitaciones y de concursos públicos, que se ha forrado durante muchos años, que fue sancionada por el Servicio de Defensa de la Competencia por concertar con otras empresas de la construcción licitaciones para no competir y para extraer más dinero y más recursos públicos, me parece poco presentable que se vaya a otro país para ahorrarse 39 millones de euros, que en términos de lo que factura una empresa multinacional como Ferrovial es el chocolate del loro.

Es un mensaje que se pretende trasladar, de ojo con la política fiscal que se hace, ojo con exigir corresponsabilidad fiscal a las empresas o los bancos, y eso me parece un desatino y me parece criticable en una empresa que, como digo, se ha nutrido de los recursos de todos los españoles para hacer negocio.

En ese sentido, ¿qué le parece la reforma fiscal que planteó este otoño el presidente Moreno de bajar impuestos para atraer nuevos contribuyentes para que instalen su domicilio fiscal en Andalucía?

Creo que es falso concluir que cuando se bajan impuestos se recauda más. Cuando se bajan impuestos a las empresas, se recauda menos, y por tanto hay peores servicios públicos, peores infraestructuras, peor atención a la sanidad y a la educación de la población, todo lo cual en el futuro repercute en negativo también para las empresas. La trampa fiscal, la trampa antiimpuestos que pretenden impulsar gobiernos como los de Madrid, y del que ahora hacen copias torpes algún otro gobierno, en el fondo lo que pretende es deteriorar los servicios públicos para que la ciudadanía paulatinamente vaya a los mercados privados (sanitarios, de pensiones, educativos o de atención a los cuidados) y tengan que dedicar ese dinero a nutrir a las empresas privadas. Es una trampa y no conlleva ningún beneficio a la sociedad.

Hay que evitar que los sistemas públicos, y particularmente los sanitarios, acaben siendo sistemas que sólo atiendan a las personas con muy poquitas rentas porque al resto de las personas se les incentive a contratar seguros privados

Lo que necesitamos es que España tenga una corresponsabilidad fiscal similar a la de la Unión Europea. España no es ningún infierno fiscal, todo lo contrario. En España las empresas pagan menos impuestos que la media de la Unión Europea. Y si se quiere un país moderno en el futuro, un país que no compita en base a bajos salarios y a bajos impuestos, sino que compita en base a la formación, la digitalización o las infraestructuras digitales, no puede aspirar a competir a ver quién le rebaja más impuestos a las empresas. Esto es falso, esto no funciona así y además es mentira. A la Comunidad de Madrid va mucha inversión pero no porque bajen los impuestos sino por 'efecto capitalidad', y hacer eso en territorios como Andalucía o como Castilla y León es un disparate y es un suicidio de los servicios públicos.

Hablando de servicios públicos, el Gobierno andaluz acaba de aprobar la orden que permite concertar la atención primaria con la sanidad privada. ¿Qué opinión le merece?

Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es una salvaguarda y una reinversión, un repensar los servicios de atención primaria y de sanidad pública. Nosotros, como país, necesitamos dar un salto adelante en la inversión. Necesitamos llegar a un 7,5% de gasto del PIB en materia sanitaria y, de eso, al menos una cuarta parte tiene que dedicarse a la atención primaria. En España, el 40% de la población a mediados de siglo vamos a tener más de 65 años. Por tanto, el envejecimiento de la población es absolutamente clave, y necesitamos que tanto en sanidad, educación y atención a las situaciones de dependencia haya una mejora muy intensa de la inversión.

¿Está caminando Andalucía hacia una privatización en ese sentido al habilitar a médicos privados para operar en hospitales públicos y fijar precio a la consulta del médico de cabecera en la privada?

Ese es un camino que desde el sindicato se va a combatir, que no compartimos y que acabaría deteriorando la atención sanitaria, sobre todo a las personas con menos recursos. Hay que evitar que los sistemas públicos, y particularmente los sanitarios, acaben siendo sistemas que sólo atiendan a las personas con muy poquitas rentas porque al resto de las personas se les incentive a contratar seguros privados. Y a veces, tras estas políticas, lo que se esconde es un intento de dualizar la atención sanitaria de manera que lo público quede solo para atender a aquellos ciudadanos que no generan negocio para empresas privadas. Y eso, desde el sindicalismo, se va a combatir sin ninguna duda porque es romper el modelo social y constitucional del que nos hemos dotado.

Ha inaugurado usted en Sevilla un foro de diálogo. Su homóloga en Andalucía, Nuria López, viene reivindicando la falta de comunicación y de diálogo social por parte de la Junta. ¿Le ha trasladado ella avances en ese sentido?

Lo que me trasladan casi siempre desde Comisiones Obreras de Andalucía es que el Gobierno de la Junta no tiene una mala palabra, no tiene un mal gesto (a diferencia de otros gobiernos que gestiona el Partido Popular, particularmente el de Madrid y el de Castilla y León), pero no acaba de dar una dimensión real al diálogo social y no acaba de alcanzar acuerdos de calado en el marco del diálogo social. CCOO siempre ha sido un sindicato que tiene muy claro que, más allá de quién gobierne en cada momento, nuestra interlocución es con la institución y, por tanto, no hacemos vetos. Nosotros llegamos a acuerdos con el Gobierno de España, que es un gobierno situado en la izquierda, y estamos dispuestos a llegar a acuerdos en aquellos espacios donde gobierna el centro derecha, siempre y cuando estos acuerdos sean buenos para la mayoría de la población y para la clase trabajadora. Pero lo que se me traslada continuamente es que el Gobierno de la Junta es un gobierno que no acaba ni mucho menos de dar el salto de conformar un espacio de diálogo social profundo. Es verdad que tiene mejores formas, pero esto no va de formas, esto va de fondo.

¿Hay alguna medida que se intente impulsar desde CCOO en particular en Andalucía?

Alguna ya se tomó cuando se pactó el complemento en los ERTE, dentro de las competencias que puede tener el Gobierno de la Junta. Y yo creo que, teniendo en cuenta las tasas de desempleo que existen en Andalucía, algún tipo de plan de empleo juvenil que facilite la inserción de los trabajadores jóvenes en el mundo del trabajo sería una medida muy procedente a negociar en el marco andaluz.

Pero de ese plan o de ese tipo de políticas para impulsar el empleo entre los más jóvenes se lleva hablando muchos años, ¿no cree? ¿Por qué no cuaja?

Pues supongo que porque, como decía antes, normalmente los gobiernos, en este caso el Gobierno de la Junta, tiene una tendencia a tomar medidas de muy poca efectividad. La experiencia que tengo en el diálogo social autonómico en general es que los gobiernos se limitan a hacer una selección de medidas que ya se venían dando, meterlas en un paquete y darle un título rimbombante. Y aquí lo que se trata es de mejorar en profundidad las políticas de inserción. Además, en los ámbitos autonómicos están algunas de las competencias más importantes en materia laboral para los próximos años.

Se equivocaría mucho Moreno Bonilla si piensa que, por no tener problemas de gestión parlamentaria por su mayoría absoluta, puede renunciar o debe renunciar al diálogo social

¿Por ejemplo?

Pues por ejemplo todo lo que tiene que ver con la formación permanente y con la cualificación permanente de los trabajadores y las trabajadoras en un momento en el que se van a producir transiciones de empleo porque está cambiando la forma de trabajar respecto de la digitalización o de los cambios en la transición energético-ecológica. Y también porque hay sectores maduros que cada vez son más pequeños y otros sectores emergentes que cada vez serán más grandes, pero que no requieren las mismas cualificaciones y las mismas competencias para trabajar. Y ahí, el impulso de los procesos de formación permanente, de reciclaje y de cualificación permanente van a ser determinantes. Se pueden gobernar los cambios, y los gobiernos autonómicos tienen que desempeñar un papel muy importante, pero no puede ser con un diálogo social de cartón piedra, sino que hay que dar verdadera dimensión a esas políticas.

Hablando de cambios, ustedes vienen demandando mayor interlocución con la Junta. ¿Han apreciado algún cambio en estos meses de legislatura en que el PP gobierna ahora en mayoría absoluta? 

Yo creo que el hecho de que por tener una mayoría consolidada, una mayoría absoluta, renuncias a los marcos del diálogo social es tener una visión muy limitada del mundo hoy en día. El diálogo social no es una especie de muleta que cogen los gobiernos cuando tienen dificultades parlamentarias. O no debiera ser eso. El diálogo social lo que hace es mejorar cualitativamente las medidas que se toman desde un Boletín Oficial, porque esas medidas luego tienen que ir a las empresas. Y cuando van a las empresas, si cuentan con el favor y con el impulso de los empresarios y de los representantes de los trabajadores son medidas muchísimo más efectivas.

¿En qué sentido lo dice?

Pues que no va a haber ningún decreto que arregle el problema de la formación continua si no hay una implicación de los agentes directamente implicados. El diálogo social lo que hace es cualificar la democracia e impulsar la utilidad de las medidas. Si los gobiernos lo ven solo como una muletilla cuando tengo problemas para que me vote un parlamentario no sé qué medida porque si viene avalada con un acuerdo social es más fácil sacarla, pues no es una visión moderna del diálogo social. Quiero decir con esto que se equivocaría mucho Moreno Bonilla si piensa que, por no tener problemas de gestión parlamentaria por su mayoría absoluta, puede renunciar o debe renunciar al diálogo social. Sería una torpeza enorme y espero que no lo haga.

¿Tienen entonces ustedes la sensación de una política de hechos consumados, también en la cuestión sanitaria?

Esa es otra de las características de los gobiernos que normalmente limitan mucho el diálogo social a los temas estrictamente laborales o de formación para el empleo o de orientación para el empleo. Y tal como CCOO concibe el diálogo social, tiene que tener un perímetro amplio y hay que abordar las políticas públicas que afectan a los trabajadores y las trabajadoras, que dependen de la nómina en relación a la calidad de la sanidad, a la calidad de la educación o a la calidad de la política de cuidados, por decir algo. Habría que abrir esos marcos de diálogo social y los gobiernos, y en este caso el de la Junta, no es nada partidario de abrir esos marcos. Me parece otro error, pero además me parece que es incumplir el mandato constitucional. La Constitución no dice que los agentes sociales tengan que ocuparse de los convenios y las nóminas. La Constitución dice en su título preliminar que somos las organizaciones legitimadas para defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en el marco del conjunto de las políticas públicas. 

¿Cómo valora que la empresa Cosentino haya admitido recientemente su responsabilidad por la silicosis en trabajadores del mármol y que la Junta haya dejado caducar en 2021 el plan contra la silicosis sin cumplir sus objetivos?

El problema de las enfermedades profesionales en general, y de la silicosis, como el amianto y como alguna más, son problemas que los gobiernos suelen tener una tendencia a esconderlos debajo de la alfombra, pero luego los problemas siempre emergen, porque además el sindicato se va a encargar de que emerjan. En general, muchas de esas enfermedades profesionales han sido tapadas y camufladas como enfermedades comunes, porque distinguir o demostrar la relación causa-efecto entre haber trabajado en contacto con alguna sustancia tóxica y que ésta sea la causa de la enfermedad que surge décadas después, porque los periodos de latencia son muy largos, no siempre es sencillo.

Muchas veces las empresas han desaparecido, otras veces ni siquiera hay a quien reclamar ya por aquella enfermedad que se contrajo hace 20 años en el puesto de trabajo. Y aquí los gobiernos no se pueden poner de perfil. Hay que impulsar precisamente sacar a la luz esta realidad, resarcir a los afectados, y a veces a sus herederos porque es gente que fallece, pero además porque es una condición necesaria para la prevención de futuras enfermedades profesionales. Todas las administraciones tendrían que tomar mucha nota de la importancia que tiene destapar y desentrañar las enfermedades profesionales, que es un gran drama desconocido en la sociedad española.