ENTREVISTA Secretaria general de CCOO Andalucía

Nuria López: “Me sorprende oír hablar a Juanma Moreno de diálogo y moderación: hay falta de escucha y radicalidad en sus propuestas”

Apenas ha pasado un año desde que Nuria López (Écija, 1978) fuera reelegida como secretaria general de CCOO en Andalucía. Es la cara visible de más de 150.000 afiliados y otros 14.000 representantes sindicales, quienes ponen sobre sus hombros la responsabilidad de defender día tras día el derecho de la clase trabajadora. A pesar del tiempo transcurrido, afronta esta nueva etapa con una dosis de espontaneidad, cierta sorpresa que nunca la abandona, con tal de no ceder a la fatiga de los días o a los desmanes tanto de la patronal como de la administración. Habla de dependencia, de sanidad, de vivienda, de todos los caminos posibles para conseguir un reparto equitativo de la riqueza que se genera en un territorio aquejado históricamente por sus altas tasas de desigualdad, mientras unos versos de Walt Whitman cuelgan en la entrada de su despacho: No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.

Hay un tema acuciante que mueve a la sociedad andaluza: la vivienda. Como uno de los sindicatos mayoritarios, ¿cuáles son sus peticiones más inmediatas?

Pedimos un pacto de Estado con implicación de todas las administraciones. La vivienda es el principal problema que tienen los trabajadores junto a la subida de los precios de todos los productos: la carestía de la vida ha subido enormemente. Todo ello, acompañado con una pérdida del poder adquisitivo que todavía no ha absorbido las pérdidas desde 2021. Nos gustaría que los partidos fueran capaces de abandonar el cortoplacismo electoral y pusieran encima de la mesa propuestas serias con políticas a corto, a medio y a largo plazo. Por ejemplo, la construcción de viviendas es necesaria, pero ¿a qué precio? No hablamos ya ni de precios asequibles, sino de precios de distintas tipologías según la renta de las familias.

La construcción necesita años, mientras tanto, ¿cómo se puede intervenir en el mercado de la vivienda? Porque hay que intervenir, hasta Trump lo ha dicho, para que no se especule y se deje a las familias fuera de sus casas o en manos de fondos buitres que especulan. ¿Dónde están los 60.000 millones de euros que les prestamos a los bancos en la crisis anterior cuando ahora desalojan a familias? La política del Gobierno de España se ha quedado corta y, por supuesto, la del Gobierno andaluz, que ignora la legislación para las zonas tensionadas y ha sacado una ley que nos parece un fiasco. De repente, hay un montón de suelo para construir, cosa de la que ya éramos conscientes, pero se va a poner a disposición de las empresas inmobiliarias. Eso no vale.

A corto plazo, apostamos por establecer sistemas de ayudas y tener reservado un tercio de las viviendas a regímenes de VPO, al igual que tiene que haber una promoción del registro de demandantes municipales que rigiera la política de planificación de Andalucía, gracias a los perfiles de esas más de 400.000 familias inscritas.

El Ministerio de Trabajo ha lanzado una nueva propuesta a los sindicatos: subir el salario mínimo interprofesional en 2026 a los 1.221 euros brutos. ¿Es suficiente para vivir dignamente en Andalucía?

Vivir dignamente lo marca el salario y, también, los precios de los productos. Hay que seguir subiendo el SMI, y hay un espacio de interlocución con el Gobierno de España, pero no es solamente un punto de llegada, sino que tiene que ser un punto de partida. Queremos que se sigan subiendo los salarios en este país en su conjunto, tanto del mínimo como de todas las categorías profesionales. Por otra parte, hay que ver la realidad: muchas empresas acaban haciendo trampa, ya que traducen la subida del SMI en la añadidura de otros complementos con los que absorben lo ganado o en el impago de las horas extras, así que hay margen suficiente para seguir subiendo los salarios, compensar y redistribuir la riqueza que se genera.

Andalucía terminó 2025 con la cifra más baja de parados desde el año 2007, pero hay varios convenios que están en aras de ser renovados, como el de comercio. ¿Cuántos hay pendientes y a cuántos trabajadores afecta?

Casi el 70% de los 190 convenios sectoriales se encuentran en situación de prórroga o en proceso de negociación para este año, mientras que el 52% de ellos llevan bloqueados desde 2023, lo que afecta a unos 580.000 trabajadores andaluces. Hay una parte del empresariado que se descuelga del avance general de Andalucía, pese a que hay más compañías y más trabajadores. Una coyuntura que no es el milagro de Moreno Bonilla, que no ha hecho nada, sino de una reforma laboral pactada entre el Gobierno de España, empresarios y sindicatos, que dio estabilidad y permitió recuperar la negociación colectiva. Ahora toca repartir, si no otra vez nos quedaremos descolgados del crecimiento económico y, curiosamente, las brechas de desigualdad vuelven a aumentar, sobre todo en la región, en un momento en el que hay más dinero que nunca, dicho por el presidente de la Junta.

¿Qué hay del absentismo laboral?

Los trabajadores no somos unos flojos, los trabajadores estamos reventados, estamos echando más horas que nunca y se nos paga menos, porque no llegamos a final de mes. En Andalucía, la atención primaria está colapsada y, si pides una cita y te la dan para el mes que viene, el dolor de espalda ya se ha convertido en un problema más gordo. Ese es un hándicap, y otro es el aumento de una población de más edad en la que afloran los achaques por una falta de prevención en riesgos laborales a lo largo de su trayectoria. Llaman absentismo a los derechos laborales, a coger las vacaciones, a cuidar de la familia o a tener un permiso de maternidad o paternidad. ¿Quieren esclavos?

Hablemos de Ayesa, una de las principales tecnológicas de Andalucía, que ha sido vendida a un consorcio en el que está el Gobierno vasco. Hay 3.500 trabajadores a la espera, ¿qué escenarios ve plausibles?

Lo primero, nos preocupa el empleo de las personas y hay que hacer todo lo posible para dar seguridad, estabilidad y certeza. Lo segundo que nos preocupa son las declaraciones que se hacen tan a la ligera por parte de nuestros responsables políticos: escucho al consejero de Industria decir que esto es un problema de financiación autonómica... ¿Nadie sabe de dónde venimos? Aquí hay una responsabilidad y se están lavando las manos como Poncio Pilato. ¿Por qué el Gobierno vasco es capaz de hacer una apuesta por la intervención pública mientras el andaluz echa culpas? Aquí había instrumentos de intervención pública que se han desmantelado, como ocurrió con Sadiel o en el pasado con la energética Abengoa, y eso tiene consecuencias para los andaluces. La Junta es un simple intermediario de fondos públicos que se transfieren desde el Gobierno central o de la Unión Europea, en vez de intervenir.

La inserción de las personas mayores de 55 años en el mercado laboral está siendo cada vez más dificultosa. ¿Qué medidas plantean?

De forma histórica, reivindicamos que las ayudas dadas a las empresas privadas tienen que estar condicionadas por el mantenimiento del empleo. Estas subvenciones van a sus resultados y, cuando ya no les interesa, se van. Ante los cambios tecnológicos y digitales, las transiciones tendrán que ser justas. Si Andalucía está en un momento estupendo, deberíamos aprovecharlo y no dejar a nadie atrás. Hay trabajadores que necesitan un reciclaje y, si aprovechamos su experiencia y conocimiento, podremos unirlo a lo nuevo: no hay una lucha entre jóvenes y mayores, como pretenden hacernos creer. En la comunidad hay que recuperar la formación pública, ya que, desde el año 2010, han crecido un 991% las plazas privadas, mientras que la pública solo representa un 51%, cuando hay 30.000 personas esperando por una plaza. No puede ser que las empresas planifiquen la formación de la Junta de Andalucía.

Hay que recuperar la formación pública, ya que, desde 2010 ha crecido un 991% las plazas privadas

Ustedes pedían un pacto con la Junta en esta materia.

Un pacto real, no ficticio. Se está desmantelando lo público, dado que la Junta ha hecho su modelo favoreciendo la iniciativa privada y dándole la formación profesional a las empresas privadas. El propósito es reforzar los ciclos formativos, reforzar la escuela pública, mejorar el sistema que nos permita garantizar esa cadena y, sin embargo, ahí pinchamos. ¿Por qué no se encuentran empresas para hacer las prácticas? Ahí, el sistema ha fracasado.

En cuanto a la siniestralidad laboral, firmaron un acuerdo con la Junta, ¿en qué términos se encuentra?

El plan de choque se quedó corto desde nuestra perspectiva.

¿Por qué?

Hay una pérdida de presupuestos por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros no queremos que se sancione a las empresas, sino que la gente no muera ni enferme, es decir, que haya una prevención de riesgo en los centros de trabajo. Queremos que se recupere la fuerza y el vigor del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, además de las campañas de prevención y, también, le pedimos al Gobierno, al Ministerio de Trabajo, más inspectores, ya que estamos bajo mínimos.

Ratificaron la mejora salarial de 80.000 trabajadores públicos. ¿Qué queda pendiente en esta materia?

Queda cumplirlo. Este logro sindical se remonta atrás y, si tiramos de hemeroteca, me viene a la cabeza la manifestación del 18 de junio de 2024, en solitario, a las puertas de San Telmo con más de 4.000 delegados de CCOO por dos motivos: recuperar la negociación colectiva con la administración pública de Andalucía, que estaba bloqueada, y recuperar el poder adquisitivo y mejorar las condiciones de un sector del que depende la ciudadanía. Una de las prioridades de este 2026 es su consecución y esto requiere celeridad del Gobierno andaluz ante unas elecciones que están a la vuelta de la esquina.

Tildaron los presupuestos autonómicos de “desconexión total” con la sociedad andaluza. En referencia a la ley de dependencia y las largas lista de espera, ¿cómo se soluciona al haber una simplificación administrativa dispuesta?

A los andaluces nos vendieron que el sistema necesitaba una actualización y con esta ley de simplificación administrativa se fue directamente a la columna vertebral del sistema de dependencia, cuya naturaleza era mixta pero prioritariamente pública. Quiebran esa idea de una manera sibilina y sin prisa, escondiendo trampas y simplificación. No le llaman simplificación a que los ciudadanos tengamos rápidamente el derecho. Así, vemos que las listas de espera aumentan, tanto para la solicitud como en el resto del proceso. Tememos que sea otro agujero negro que está creando el Gobierno andaluz, como ha ocurrido con la sanidad pública, con tal de favorecer la iniciativa privada a costa de los usuarios debido a que se trata de un negocio muy goloso. El envejecimiento es un nicho de negocio.

A mí me sorprende mucho cuando escucho al presidente de la Junta de Andalucía hablar de diálogo y de moderación. Ni hay diálogo ni hay moderación, porque hay una radicalidad en las propuestas y hay una falta de escucha.

¿No se sienten escuchados?

Dialogar y negociar es acercar posturas y buscar puntos de encuentro y, para eso, el Gobierno andaluz tiene que ceder en sus pretensiones. A según qué consejería, le falta escucha empática. Lo vemos con sanidad, dependencia, vivienda, aunque hay otras que tienen cambios de postura a valorar, como en Agricultura, donde, al menos, dan propuestas, como con la Estrategia Agroindustrial que afecta a 400.000 cartillas agrícolas. El resto, más allá del canutazo, hablan todo el día de España y no de Andalucía. ¿Qué medida se ha puesto para contener los precios de los productos o de la vivienda, más allá del tracatraca con el Gobierno central? Por tanto, ante estas rigideces, hay una radicalidad y no hay moderación.

Vienen las elecciones autonómicas, ¿cuál es su visión al respecto? ¿Cree posible que la izquierda dé una respuesta unitaria ante la posible pérdida de la mayoría absoluta del PP andaluz?

Eso lo tienen que decir los actores principales de la izquierda. En cuanto a CCOO, esperamos que las propuestas sean recogidas por la inmensa mayoría de los partidos que van a las elecciones, especialmente del arco progresista, en materia de empleo estable, reparto de la riqueza y contra la gran desigualdad que hay en esta tierra. Queremos que Andalucía crezca en su conjunto, sin dejar atrás al 98% que somos trabajadores y trabajadoras de esta tierra. Tenemos que hablar de innovación, de energía, de refuerzo de los servicios públicos, de cambio climático, agua o infraestructuras, y, también de iniciativa privada. Necesitamos alternativas claras frente al modelo de privatización cuando hay otros que refuerzan lo común, lo público, la integración con el vecino de al lado, la cotidianidad, porque los trabajadores formamos parte de un sistema que queremos mejorar y cambiar.

Si el Gobierno andaluz dice que la nueva financiación perjudica, ¿cuáles son sus propuestas?

El movimiento sindicalista también sufre la desconfianza de la ciudadanía. ¿En qué medida hacen autocrítica?

Hacemos autocrítica cuatro veces al día y hay cuestiones que se pueden hacer mejor, siempre. Las puertas están abiertas para saber en qué podemos ayudar y cómo podemos mejorar. Pero no olvidemos que hay interés en que los sindicatos no tengan la fortaleza para negociar la mejora colectiva ante el empresario o el gobierno de turno. Hay campañas injustas que intentan romper la credibilidad de los trabajadores, por ejemplo, Canal Sur solo nos llaman el 28 de febrero y el 1 de mayo dado que hay una línea editorial que no quiere que aparezcamos.

Al margen de eso, cuando hay un conflicto la gente sabe que CCOO es la primera que va y, también, quisiera decir que los trabajadores tenemos que ser conscientes de que la organización sindical es clave. Tenemos 14.000 representantes sindicales y 150.000 afiliados que nos proporcionan una autonomía política y financiera, ya que el 90% de nuestros ingresos son recursos propios, con lo que logramos hacer propuestas, estudios y trabajar por ellos.

¿Qué opina sobre la nueva propuesta de financiación autonómica por parte del Gobierno central?

Hay que tener rigurosidad. En el año 2017, nos sumamos a la propuesta del Parlamento de Andalucía, la valoramos y nos sumamos. Ahora mismo, no nos vale un sí o un no rotundo. Si el Gobierno andaluz dice que este nuevo sistema perjudica, ¿cuáles son las propuestas? Aparte, quedan cuestiones por explicar por parte del Gobierno de España. Queremos conocer el modelo en profundidad y CCOO siempre se va a plantear qué es lo que beneficia a los trabajadores de Andalucía para su desarrollo, sin perder de vista el modelo de igualdad de España. En esta región, las tasas de paro y desigualdad son históricas, hay lastre, y debemos evitar que las brechas se amplíen.