El año que Andalucía expropió viviendas a los bancos o cómo un decreto rompió otro Gobierno de coalición de izquierdas
Entre 2012 y 2015, Andalucía se situó a la vanguardia de las políticas públicas en materia de vivienda en una España aplastada por la gran recesión, donde la gente se arrojaba por las ventanas cuando venían a desahuciarlas de sus casas. 2012, el año en que el PSOE perdió las elecciones andaluzas por primera vez en su historia, la crisis habitacional tocó techo: 500 desahucios diarios, unos 70.000 en total.
Durante tres meses, entre septiembre de 2013 y enero de 2014, un Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida tramitó medio millar de solicitudes de expropiación de viviendas a entidades bancarias, al amparo de la conocida como 'ley antidesahucios', para evitar que familias vulnerables fueran desalojadas de sus casas.
Todo lo que está pasando ahora mismo en España ya pasó antes en Andalucía: el problema, los protagonistas, las reivindicaciones y las dificultades para aprobarlas. En este mismo momento, otro Gobierno de coalición de izquierdas se tambalea, como un trapecista en el alambre, buscando el equilibrio imposible entre propietarios e inquilinos.
Una parte de España -representada por miles de personas acampadas en la Puerta del Sol de Madrid- contiene el aliento, pendiente del Consejo de Ministros de este martes, donde PSOE y Sumar se han citado para aprobar un decreto de vivienda que revierta la terrible imagen internacional de un país tras el desahucio de Maricarmen: una anciana de 87 años, con discapacidad en la mitad de su cuerpo, que llevaba 70 años en su casa sin dejar de pagar un solo mes, expulsada por un fondo buitre que compró su piso y le subió un 250% el alquiler.
La encrucijada del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios a la izquierda tiene un precedente andaluz, muy útil para calibrar las expectativas y el mayor o menor riesgo de frustración. ¿Qué va a ocurrir? “Ojo, porque en la puerta de la casa de Maricarmen está en juego una legislatura, no ésta, sino la que viene”, avisa, desde Sevilla, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.
Maíllo era el líder recién llegado de IU en Andalucía, cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, expulsó a los suyos del Gobierno de coalición acusándoles de una “deriva radical”. Meses antes, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), había desobedecido una orden de la presidenta, al realojar a familias que llevaban meses ocupando pisos en un edificio vacío propiedad de Ibercaja. Díaz le retiró a su consejera las competencias para adjudicar VPO, para devolvérselas 48 horas después, escenificando la mayor crisis política de un Gobierno progresista de coalición.
Juanma Moreno: “Menos ideología y más gestión”
Las discrepancias sobre políticas de vivienda tuvieron mucho que ver con la ruptura de aquella alianza de izquierdas (eso, y el tacticismo de Susana Díaz, que adelantó las elecciones un año para cortocircuitar el ascenso de un nuevo fenómeno político a su izquierda: Podemos).
Ahora España está instada, de sopetón, en un debate social que lleva enquistado décadas: la vivienda en este país no cumple su función social, por tanto, no cumple con los requisitos que aparece en la Constitución.
PP y Vox se han autoexcluido de este debate, aunque los populares gobiernan 11 comunidades autónomas y tienen las competencias en materia de vivienda. Han boicoteado la ley estatal del Ejecutivo de Sánchez, porque la consideran excesivamente intervencionista, se han negado a declarar zonas tensionadas (para topar el precio de los alquileres).
Los populares apuestan por fórmulas que no solivianten el mercado inmobiliario ni el turismo, como bajar impuestos a quienes aún pueden comprarse una casa (1,2 millones de contribuyentes andaluces está exento de hacer la declaración de la renta, porque sus ingresos no llegan al mínimo): “El problema se empieza a resolver cuando se construye más”, asegura el presidente andaluz, Juanma Moreno, que este lunes ha participado en el acto de la primera piedra de una promoción de viviendas de alquiler “a precio asequible” en Sevilla, una colaboración público privada con dinero del promotor, de las administraciones y de fondos europeos.
Es el mayor proyecto de vivienda pública y privada de Andalucía -691 pisos a alquiler asequible-, cofinanciado con fondos europeos, la participación del Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento, junto con la promotora. Dadas las circunstancias, Moreno ha preferido estar en la presentación de este proyecto en Sevilla que en Madrid, donde Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado de sus barones territoriales para intentar resituar el debate público en un marco más propicio a sus intereses políticos: la corrupción del PSOE, la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta.
“El problema de la vivienda en España necesita menos ideología y más gestión”, ha sentenciado Moreno. Un minuto antes que él, el CEO de la promotora Lagoon Living, Javier Braza, ha dicho prácticamente lo mismo: Dejémonos de ideologías. No demonicemos al sector privado. Hace falta un pacto de Estado por la vivienda“.
Pero España está lejos de un pacto de Estado. De cualquier tipo de pacto de Estado. La vicepresidenta primera del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, acaba de pedir explícitamente que la gente se movilice contra el Gobierno del que forma parte. A la parte socialista del Ejecutivo le ha indignado, como le indignó en 2023 cuando hizo exactamente lo mismo otra ministra, Ione Belarra, líder nacional de Podemos, también acusando a sus socios de “arrastrar los pies” en materia de vivienda.
Este momento álgido del Gobierno de coalición de izquierdas tiene reminiscencias del pasado. Basta retroceder a la legislatura 2012-2015 en Andalucía, cuando se gestó el primer Ejecutivo de PSOE-IU. La legislatura en la que los comunistas se estrenaron en la Junta asumiendo las competencias en materia de vivienda, cuando aprobaron la polémica 'ley antidesahucios'.
Elena Cortés (IU): “Con nuestra ley llegamos hasta donde quisimos llegar”
La ley que vino a cambiar el paradigma del debate público sobre vivienda, al regular por primera vez la “expropiación temporal de su uso” a personas jurídicas (bancos, fondos de inversión), “en una España donde la gente se tiraba por la ventana cuando venían a desalojarlas de sus casas”, recuerda la autora material de aquella ley, la exconsejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés.
En una entrevista telefónica con elDiario.es, Cortés reconoce que todo lo que está sucediendo ahora le está “removiendo cosas por dentro”, porque los paralelismos con la encrucijada en la que hoy se encuentra el Gobierno de Sánchez son evidentes. La Ley de la Función Pública de la Vivienda de Andalucía se popularizó en los medios como 'ley antidesahucios', porque venía a responder de urgencia al drama de impagos hipotecarios que había dejado la gran recesión de 2008.
Pero el nombre original que se eligió no era casual: emanaba de la propia Constitución, para subrayar que la vivienda debía tener una “función social” y que la propiedad privada debía estar limitada por dicha función, así lo reconoce el artículo 33 de la Carta Magna. “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes” (art. 33.3).
En 2013, el Gobierno andaluz, entonces presidido por José Antonio Griñán, aprobó por la vía de urgencia un ambicioso decreto ley que le permitía sancionar a las entidades bancarias por no sacar sus casas vacías al mercado –entonces se estimaban un millón de viviendas vacías en Andalucía– y la expropiación temporal para evitar desahucios.
“Aquella norma sacudió el debate público y puso a IU por encima del PSOE en todos los titulares de prensa”, recuerda un miembro socialista de aquel Gobierno, que reconoce que sus socios “supieron capitalizar el 100%” de aquella ley que “opacó todo lo demás que se estaba haciendo en ese momento”. “En los telediarios se hablaba de la expropiación de casas en Andalucía, pero aquello, aunque luego lo tumbara la Justicia, se corrigió mucho jurídicamente para que pudiera salir: el acierto fue expropiar el uso, no el inmueble en sí”.
En efecto, la Justicia terminaría tumbando aquella ley, aunque los mismos jueces reconocieron en la sentencia que “era necesaria una acción normativa absolutamente inmediata” en una España sacudida por la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, con las órdenes de levantamiento disparadas. La política nacional –sobre todo los partidos de la izquierda tradicional (PSOE e IU)– aún estaba desnortada por la indignación social del 15M.
El PP de Arenas se abstuvo; el Gobierno de Rajoy recurrió
La presión social era tan elevada, que incluso el PP de Javier Arenas (que venía de ganar las elecciones andaluzas de 2012, pero no pudo gobernar) no se atrevió a votar en contra del decreto en el Parlamento. Se abstuvo.
Los populares andaluces se quedaron en tierra de nadie. Pero, al poco de aprobarse el decreto antidesahaucios, el Gobierno de Mariano Rajoy lo recurrió ante el Tribunal Constitucional y logró que se paralizase cautelarmente. Estuvo en vigor apenas unos meses: se habían iniciado 18 expedientes de expropiación de viviendas a bancos –la norma sólo se activaba a petición expresa de las familias que iban a ser desahuciadas– y dejó en espera 520 solicitudes. Ninguna prosperaría, porque año y medio después los jueces tumbaron parcialmente la ley y declararon nulos los artículos más ambiciosos.
“Nosotros sí llegamos hasta donde quisimos llegar con aquella ley”, dice Cortés. La exconsejera andaluza de Vivienda recuerda que el proyecto de ley llegó al Consejo de Gobierno “avalado por un informe jurídico específico”, con el objetivo de “exprimir al máximo las competencias autonómicas en materia de vivienda”, y siguiendo el mismo recorrido que, años atrás, hizo la Ley de la Reforma Agraria para regular la expropiación de tierras baldías, sobre todo latifundios.
El Constitucional asestó un golpe duro a la ley, pero no la suspendió en su totalidad. Sin embargo, el siguiente Gobierno de Susana Díaz dio un volantazo en política de vivienda: metió la norma antidesahucios en un cajón y llevó al Parlamento andaluz una Ley de Tanteo y Retracto –sustituyó la expropiación por la compra preferente de viviendas a los bancos antes de que desahuciasen a sus inquilinos–, aprobada con los votos del PSOE y su nuevo socio (Ciudadanos), la abstención del PP y de Podemos, y el único rechazo de IU.
En diciembre del año pasado, el Parlamento andaluz aprobó la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Juanma Moreno, con los únicos votos favorables del PP y su mayoría absoluta. La norma derogó todas las leyes anteriores de gobiernos progresistas.
“Al PSOE le presionan en los despachos, a la izquierda le presiona la calle”
A Elena Cortés no le suena raro que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, haga hoy un llamamiento a la movilización de la gente para presionar al mismo Gobierno del que forma parte, horas antes del Consejo de Ministros clave para aprobar el decreto de vivienda. “No es contradictorio, al revés, es necesario: todos los gobiernos reciben presiones, el PSOE las recibe en los despachos, y la izquierda transformadora la recibe de la calle. El capital sabe cómo meterse en los despachos: yo llevaba una semana de consejera de Vivienda, y el primer empresario que recibí me preguntó: ¿a quién le doy el maletín con dinero? La concentración en la Puerta del Sol es lo que da fuerza a Sumar para negociar con el PSOE. Ojalá yo hubiera tenido una manifestación así en Plaza Nueva entonces. La movilización ayuda mucho”, asegura.
La sentencia que tumbó la 'ley andaluza antidesahucios' puso el derecho a la propiedad privada por encima de la función social de la vivienda. El drama de Maricarmen ha reabierto el debate sobre dónde residen las competencias en materia de vivienda, con el Gobierno central y las comunidades del PP intercambiando acusaciones.
En enero de 2014, el Constitucional que tumbó la ley andaluza antidesahucios consideró que la política de vivienda forma parte de la “regulación económica” de un país y, por tanto, es competencia del Estado, aunque la gestionen las comunidades. El Tribunal de Garantías no consideró este asunto al nivel de otras políticas delegadas, como la sanidad o la educación.
El Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando su decreto –presionado por sus socios de izquierdas– sabiendo que su malísima sintonía con los tribunales puede echarle por tierra una norma tan ambiciosa como la que están exigiendo los acampados en la Puerta del Sol. Pero, al tratarse de una norma de rango estatal, no corre el mismo riesgo de la andaluza, de ser paralizada de forma cautelar por invasión de competencias.
Cortés está convencida de que la jueza podía haber impedido el desahucio de Maricarmen. “El primer artículo de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. El legislador no eligió ese orden al azar: un Estado social no puede desahuciar a una anciana de 87 años con discapacidad que siempre ha pagado su alquiler. La ley tiene que atender al Estado social”, sentencia.