El Gobierno ultima el decreto de vivienda para aprobarlo el martes presionado por la calle y las exigencias de los socios
El Gobierno apura las últimas horas de negociación con sus socios y, particularmente, con Junts para aprobar este martes el decreto de vivienda con el que quiere responder al malestar social generado a raíz del desahucio de Maricarmen. El Ministerio que lidera Isabel Rodríguez ha mantenido durante todo el fin de semana abiertas las conversaciones con los grupos para llegar al primer Consejo de Ministros tras el polémico desalojo con un texto ya encarrilado. Y, aunque a última hora de este domingo el paquete de medidas aún no estaba cerrado, la decisión de no retrasar más su puesta en marcha es firme, habida cuenta de la presión que no afloja por parte del Sindicato de Inquilinos, que este domingo suma su segunda noche de acampada en la madrileña Puerta del Sol.
Las negociaciones han discurrido a toda velocidad tras el enorme impacto que provocó el desalojo de una mujer de 87 años de su vivienda, en la que llevaba residiendo 70. Lejos de ser un desahucio más, el de Maricarmen ha cobrado en los últimos días categoría de símbolo y ha puesto contra las cuerdas a un Ministerio de Vivienda que lleva desde julio retrasando la aprobación del decreto de medidas para hacer frente a la crisis de acceso a un techo. El ala socialista del Gobierno apostaba hasta el martes pasado —pese a la presión de Sumar— por no dar luz verde al texto hasta tener atados los apoyos para sacarlo adelante. Pero la ola de indignación social y las críticas por su izquierda han forzado al presidente Pedro Sánchez a cambiar de posición.
La intención de Vivienda ha sido, desde la semana pasada, aprobar el decreto el martes. Pero no ha sido hasta este mismo domingo, menos de 24 horas después de la masiva manifestación en Madrid por el derecho a un techo que ha desembocado en una acampada en la Puerta del Sol de la capital, cuando el Gobierno ha confirmado con total certeza que el texto estará listo para esta semana. El propio Sánchez, durante su intervención en un mitin del PSOE madrileño, se dirigió expresamente a la recién desalojada Maricarmen para asegurar el Ejecutivo “está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes” el paquete de medidas al Consejo de Ministros con el finde “empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional”.
La confirmación de que el decreto se aprobará finalmente el martes desactiva parcialmente el órdago lanzado el sábado por Sumar, que amenazó con volver a “plantarse” y no entrar al Consejo de Ministros —como ya hicieran los cinco ministros de la formación hace medio año— si la intención de Vivienda era no dar “ya” luz verde al paquete de medidas. Fuentes de Sumar explican que, durante unas horas en el fin de semana, temieron que la Moncloa retrasara la puesta en marcha del texto, aunque finalmente ese no ha sido el caso.
Las conversaciones continúan
No obstante, pese al avance de las negociaciones del Gobierno con cada uno de sus socios, a última hora del domingo los grupos parlamentarios no habían recibido aún una versión completa del decreto que el Gobierno tiene previsto aprobar, según las fuentes consultadas. En su intervención de este domingo, Sánchez pidió a sus aliados en el Congreso hacer “un último esfuerzo” para que el texto sea convalidado dentro de unas semanas en la Cámara Baja. Pero lo cierto es que el Ejecutivo se va a ver obligado a hacer encaje de bolillos para conciliar las exigencias de sus socios de derechas y las de los partidos de izquierdas.
Aún se desconoce cuáles serán las medidas que se incluirán en el paquete. Y además, el hecho de que se vaya a aprobar este martes un decreto en el Consejo de Ministros no es el final del camino, sino solo el primer hito del mismo. Una vez recibida la luz verde del Gobierno, el texto entraría en vigor, pero la ley establece que, en el plazo de un mes, tendrá que ser sometido a votación en el Congreso para ser convalidado o derogado. Como ya ha ocurrido en varias ocasiones durante la legislatura, no puede descartarse que la negociación se alargue hasta el fin del plazo, aunque la intención de Vivienda es tener los votos lo más atados posible antes del martes.
Además, el Ejecutivo va a tener que afrontar la presión del Sindicato de Inquilinos, que logró mantener activa la acampada de la Puerta del Sol durante todo el domingo y que ha avisado de que no tiene intención de levantarla a corto plazo. El colectivo exige a Vivienda que el decreto del martes contenga cinco puntos: “medidas estructurales para impedir los desahucios”, la regulación de “los alquileres por temporada y por habitaciones”, “la congelación de los precios actuales del alquiler”, “la aprobación de prórrogas efectivas” y “la renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos, como ya ocurre en países como Inglaterra”. Sin todas esas medidas, considera el Sindicato de Inquilinos, “este Gobierno no tiene sentido”.
De estas exigencias, el Ejecutivo lleva meses trabajando en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones para que estén sujetos a las mismas restricciones y normas que los arrendamientos ordinarios, y también se prevé que el decreto incluya la posibilidad de que los inquilinos soliciten una prórroga de sus contratos por dos años al mismo precio. No obstante, parece más complicado que el texto vaya a establecer “medidas estructurales para impedir los desahucios”, puesto que, en todos los escudos sociales aprobados en los últimos años, estas iniciativas han tenido carácter temporal y han tenido que ir prorrogándose. Igualmente, la conversión de todos los arrendamientos en indefinidos tampoco es compartida por el ala socialista del Gobierno.
Convencer a Junts y Podemos
La base sobre la que ha negociado Vivienda con sus aliados durante los últimos días es el borrador de decreto que les envió en el mes de julio. Entonces, ese paquete fue recibido con frialdad por Junts y Podemos, que aseguraron que no estaban dispuestos a apoyarlo en esos términos. Las razones de ambos, no obstante, eran radicalmente diferentes. Los morados rechazaban que incluyera una reforma de la ley del suelo para relajar la regulación para la construcción de vivienda. Los independentistas, por su parte, exigían incluir un número mayor de sus exigencias, como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.
En esta última semana, aunque ha mantenido contactos con todos los grupos, Vivienda se ha centrado en intentar atraer al acuerdo a Junts, que el ministerio considera el socio más escurridizo. Para ello, el Gobierno ha negociado en los últimos días concesiones a la formación liderada por Carles Puigdemont en materia fiscal, habida cuenta de que los independentistas, por primera vez en meses, han expresado públicamente su voluntad de negociar y han señalado que sus reivindicaciones pasan por que el Ejecutivo asumiera las “medidas concretas” —la mayor parte, de carácter impositivo— que ha ido presentando en los últimos tiempos en el Congreso.
Junts lleva meses exigiendo la puesta en marcha de deducciones por adquisición de vivienda habitual y también para cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda, así como exenciones para los inquilinos con rentas por debajo de los 33.000 euros anuales por el alquiler de su vivienda habitual. En la misma línea, los independentistas propusieron hace unos meses la reducción al 0% del IVA para la compra de vivienda habitual en el caso de los menores de 35 años, así como la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb ubicados en Catalunya. Algunas de esas medidas, aunque no todas, ya estaban contempladas en el borrador del decreto que el Ministerio de Vivienda hizo llegar a los grupos parlamentarios en julio, si bien para Junts ese texto se quedaba corto.
Además, el viernes pasado trascendió que el Gobierno también estaba negociando con Junts otras dos iniciativas para incluir en el decreto: prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que estén arrendando un piso propiedad de una de estas empresas. Estas dos medidas suponen sendos cambios de posición tanto de Junts como del PSOE. Los socialistas, hace un par de semanas, se abstuvieron en la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que pretendía, precisamente, iniciar la tramitación de una ley para prohibir la compra de viviendas a las personas jurídicas, entre ellas los fondos buitre. Por su parte, Junts tumbó —junto a PP y Vox— a principios de este año el escudo antidesahucios que se encontraba vigente desde la pandemia.
La fórmula que negocia ahora Vivienda con Junts buscaría intentar acercar a los independentistas a un acuerdo, dado que los de Carles Puigdemont se abrirían, por primera vez en meses, a recuperar una cierta protección a los inquilinos vulnerables que no pueden pagar su alquiler. No obstante, la medida tan solo afectaría a las familias que vivan alquiladas en pisos propiedad de empresas y fondos, que son la minoría, puesto que el parque de vivienda en alquiler en España pertenece muy mayoritariamente a particulares.
Para solventar este agujero, el Gobierno negocia también con Junts —como adelantó hace unos días elDiario.es— una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que los desalojos de familias vulnerables de inmuebles propiedad de particulares se paralicen hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa, pero que sea la administración competente y no el dueño del piso quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso.