El Gobierno aplaza a septiembre el decreto de alquileres tras el rechazo de Junts y Podemos al primer borrador
El decreto con medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda, cuya aprobación el Gobierno tenía prevista para antes de que acabara el mes de julio, se pospone hasta septiembre. El Ejecutivo prometió hace un mes —y se reafirmó en ello en múltiples ocasiones durante las últimas semanas— que pondría en marcha este paquete de medidas antes del parón veraniego, con la idea de negociarlo con sus socios durante en agosto y conseguir los apoyos que le permitieran convalidarlo en septiembre. Pero fuentes del Ministerio de Vivienda confirmaron este lunes que el Consejo de Ministros aplazará hasta después de las vacaciones la aprobación del decreto con el fin de “culminar un acuerdo amplio y transversal”.
La decisión de aplazar la aprobación del decreto llega tras el rechazo mostrado por Junts y Podemos al primer borrador, por motivos radicalmente diferentes. Los morados se mostraron críticos con la intención del Gobierno de incluir en el paquete buena parte de la reforma de la ley del suelo que lleva intentando aprobar toda la legislatura sin éxito por la falta de apoyo de sus aliados de izquierdas. Para Podemos, estas modificaciones legislativas suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”, y por ello el partido asegura que no aprobará ningún decreto que incluya cambios en la ley del suelo, aunque el resto de su contenido sí le satisfaga.
Por su parte, los independentistas catalanes se han mostrado críticos con un texto que, entienden “mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. Junts se queja de que no se incluyan propuestas suyas como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitan esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.
Este mismo lunes, la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, espetó en un artículo que “si el Gobierno español quiere frenar la crisis de vivienda que hoy es insostenible, sabe qué tiene que hacer”, pero “si lo que quiere es contentar a Podemos o a los Comuns, Junts no estará ahí”. Y fuentes del partido independentista, en la misma línea, aseguraron tras conocer la decisión del Gobierno que el Ejecutivo “no puede tomarse vacaciones políticas ante una emergencia social como esta; debe aprovechar este período para hacer una reflexión profunda, estudiar de verdad nuestras propuestas e incorporarlas de una vez de cara al nuevo curso político”.
Fuentes del Ministerio de Vivienda, que lleva semanas manteniendo contactos con Junts, aseguran que “la responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura”, pero también admiten que “se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto”. “Por este motivo, se ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios”, señalan estas fuentes, que aseguran que el Gobierno sigue confiando en que hay opciones de lograr “un acuerdo amplio y transversal para sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible”.
Por su parte, el ala minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, intentó quitar importancia este lunes al retraso en la aprobación del decreto, pese a que la formación había hecho bandera de él y de su medida estrella, la prórroga de los alquileres. “Las conversaciones avanzan bien, aunque los grupos nos han podido un poco más de tiempo”, aseguró el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que aseguró que el Gobierno está “dispuesto a dar” este plazo extra pero también exigió alcanzar un acuerdo “lo más rápidamente posible, porque hay muchas familias que están esperando que se apruebe la prórroga de su contrato, la regulación del alquiler de temporada” o “una fiscalidad justa para los pisos turísticos”.
Urtasun, asimismo, quiso poner el foco en que “no hay ningún grupo que se haya bajado del diálogo” y haya roto las negociaciones. “Pero, de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a aceptar ese tiempo extra para negociar, es necesario que corramos” y que los grupos estén “a la altura” y cierren un acuerdo lo antes posible, insistió el ministro.
El aplazamiento del decreto de vivienda supone que no entren en vigor hasta septiembre, como mínimo, medidas como la inclusión del alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La intención del Gobierno era establecer un tope máximo de 12 meses para los contratos de temporada, así como obligar a que se firmasen con una justificación de la temporalidad del inquilino. Una vez superado ese marco temporal, el Ejectivo quiere que este tipo de alquileres sean considerados como de vivienda habitual.
En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, el nuevo decreto también preveía equipararlos a los alquileres de vivienda habitual y someterlos a las mismas regulaciones. Eso significa que los contratos pasarían a ser de cinco años —de siete si el casero es una empresa—, y estarían afectads por las mismas prórrogas y condiciones. La idea del Gobierno era que el nuevo decreto prohibiera que la suma de los precios de las cuotas de habitaciones fuera mayor al precio total de la vivienda, pero esto podría tener solo validez en las comunidades o ciudades en las que se aplica el control de precios.