A 25 metros del suelo y sin fecha de bajada: 20 días de protesta en una grúa de Navantia en San Fernando
A 25 metros de altura, sobre una grúa del astillero de Navantia en San Fernando, dos colchones, comida que les hacen llegar desde abajo y un teléfono sin cámara ni Internet marcan la rutina diaria de Manuel Balber y Jesús Galván. Los dos soldadores han cumplido 20 días encaramados en una protesta extrema que ha convertido su conflicto laboral en un foco político de alcance nacional.
Su reivindicación es conocida: denuncian que existen “listas negras” en el sector del metal de la Bahía de Cádiz que les impiden trabajar por su actividad sindical en los últimos años, cuando como miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) han participado en recientes paros y huelgas. Sostienen que, pese a su experiencia en otras zonas de España, llevan años sin ser contratados en un contexto de alta carga de trabajo en la industria naval de la Bahía de Cádiz.
Esa denuncia, apoyada por la CTM y otros sindicatos minoritarios, ha sido el motor de una protesta que no ha dejado de crecer en visibilidad, mientras que la empresa y los comités mantienen una posición tajante: niegan la existencia de cualquier veto laboral.
El conflicto estalla en un momento de especial actividad para los astilleros de la Bahía de Cádiz, que afrontan una de las mayores cargas de trabajo de las últimas décadas. Los programas de construcción naval, tanto civiles como militares, junto al volumen de reparaciones y trabajos auxiliares, sostienen miles de empleos directos e indirectos y han convertido al metal en uno de los principales motores industriales de la comarca. Este contexto de demanda de mano de obra es el que los dos trabajadores esgrimen para cuestionar por qué no logran ser contratados pese a su cualificación y trayectoria.
Navantia ha rechazado “de forma tajante” que existan listas negras en sus procesos de contratación y defiende que no interviene en la selección de personal de las empresas auxiliares, además de subrayar que atraviesa una etapa de elevada actividad y necesidad de mano de obra cualificada. La singular protesta ha generado una notable incomodidad entre sus responsables.
Primero, porque la entrada de ambos en el astillero ha evidenciado un fallo de seguridad inédito, ya que ni Balber ni Galván tenían permiso para entrar en una factoría que tiene especiales restricciones de acceso por su carácter militar. Segundo, por la dificultad de ponerle fin, dado que resulta complejo plantear un desalojo a 25 metros de altura. Y tercero, por las denuncias que reciben del trato “inhumano” dispensado a los dos operarios: sin luz, sin teléfonos móviles propios y bajo un control estricto de lo que reciben del exterior. La compañía insiste en que las condiciones en la grúa están condicionadas por criterios de seguridad, como la imposibilidad de conectar suministro eléctrico directamente a la estructura para no poner en riesgo a los manifestantes.
Dimensión política
En la misma línea se ha expresado el comité intercentros de la empresa, que engloba a los sindicatos mayoritarios como CSIF, UGT y CCOO. En un comunicado interno que trascendió públicamente en los primeros días de la protesta, la representación sindical aseguró que “no existe constancia ni pruebas” de persecución o discriminación por motivos sindicales en la contratación. El texto añade que dentro de la compañía “no consta ningún tipo de veto o discriminación” y que los procesos de incorporación se rigen por criterios de igualdad, mérito y capacidad, además de estar sometidos a control y normativa.
Mientras tanto, la protesta ha ido escalando en dimensión política. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, visitó el pasado viernes a los trabajadores después de un primer intento frustrado y tras obtener el amparo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Allí denunció una posible vulneración de derechos laborales y reclamó la necesidad de investigar las supuestas listas negras. El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se reunió la pasada semana con la Coordinadora de Trabajadores del Metal. También Adelante Andalucía ha respaldado la protesta y considera necesario amplificar la repercusión de un conflicto que, a su juicio, no se limita al ámbito industrial.
En el otro lado, el PSOE interpreta la escalada política como una estrategia de desgaste en plena antesala electoral andaluza, especialmente contra la que era vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (responsable política de Navantia), y ahora candidata a presidir la Junta.
En paralelo, el desarrollo de la protesta sigue condicionado por la resistencia física de los dos trabajadores. Viven en una estructura elevada, sin baño, con acceso limitado a la comunicación y dependiendo de la logística que les hacen llegar desde abajo. La situación se ha prolongado durante semanas, con episodios de tensión y negociaciones que, por ahora, no han desembocado en una solución.
Durante estos días ha habido intentos de mediación y dos ofertas laborales que no han prosperado. La CTM asegura que eran “engañosas”. Se mantiene la vía del diálogo para intentar reconducir el conflicto por vías institucionales y laborales, aunque no parece que Balber ni Galván tengan intención de bajar de la grúa. De hecho, para este miércoles se ha convocado una protesta por la tarde en Cádiz, que recorrerá la sede de la patronal gaditana, el astillero de Navantia en Cádiz y la sede de los sindicatos UGT y Comisiones en la capital gaditana. El objetivo será recordar que dos trabajadores llevan 20 días subidos a una grúa a 25 metros de altura.