Comer no es un lujo: enfado contra la Junta por las insuficientes ayudas para centros andaluces de educación especial
Esperanza Fernández tiene dos mellizos. La niña se llama como ella. El niño se llama Francisco. Los dos nacieron con una discapacidad y son atendidos cada día en el centro de educación especial Infanta Doña Cristina, perteneciente a la asociación UPACE de San Fernando. De 13:30 a 15:00 almuerzan dentro de estas instalaciones. No es solo una comida. Forma parte del aprendizaje de ambos. La Junta ha mantenido este año la misma subvención a comedores escolares, pero, al presentarse más centros, ha excluido a este y otros centros similares de Andalucía. El criterio técnico barema el número de estudiantes, pero no atiende sus necesidades especiales. Es lo que ha llevado a Esperanza, a todas las familias del colegio de sus hijos y a otros centros de la provincia a elevar su voz indignada contra la Junta de Andalucía.
“Sin comedor no hay inclusión”, comenzó a leer Esperanza. Ella ha sido la encargada de poner voz a la concentración con la que las familias se han manifestado ante la puerta de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz. Asistían familias, asociaciones y profesionales del ámbito de la discapacidad para denunciar la falta de financiación para los comedores en centros de educación especial tras la última resolución de ayudas de la Junta de Andalucía. Para Esperanza Fernández, el problema no es abstracto ni administrativo: tiene nombres propios y forma parte de la rutina diaria de sus hijos.
En centros como UPACE San Fernando, el comedor no es un simple lugar donde los alumnos almuerzan antes de volver a casa. Forma parte de la atención especializada y del aprendizaje diario de niños con grandes necesidades de apoyo. Algunos requieren ayuda para mantener la postura al comer, supervisión para masticar o tragar, o asistencia completa en la alimentación, que en determinados casos se realiza mediante sonda y personal cualificado. La ausencia de financiación convierte un servicio educativo en un obstáculo diario.
“La dotación tiene que crecer”
El problema se refleja en una cifra que las familias repiten con indignación: de los 19 centros de educación especial que solicitaron la subvención en Andalucía, solo seis han recibido ayuda. 11 quedaron en lista de espera y dos fueron excluidos por completo. Para muchos, la sensación es que el sistema les está dando la espalda. “El presupuesto lleva años prácticamente congelado, mientras que el número de centros y de alumnado ha aumentado”, explica Ana Lorenzo, gerente de UPACE San Fernando. “Si cada vez hay más centros y más niños que necesitan estos servicios, la dotación tiene que crecer. Si no, inevitablemente muchos se quedan fuera”. En este caso, es la primera vez que UPACE San Fernando queda sin apoyo económico para el comedor, un golpe que las familias sienten con fuerza. Si no hay remedio, calculan que tendrán pagar más de mil euros. Son familias que ya tienen que abonar a diario las costosas terapias que reciben sus hijos.
En los centros de educación especial, el comedor no puede ser un servicio opcional o complementario: forma parte del proyecto educativo y del horario lectivo. Los alumnos necesitan apoyo profesional para adquirir y mantener habilidades básicas relacionadas con la alimentación, como controlar la postura, masticar o tragar, o seguir rutinas que fomenten su autonomía. Por eso, el manifiesto insistía en que el comedor debe considerarse un derecho educativo y no una actividad suplementaria. Las familias también denuncian que los criterios de las convocatorias no contemplan las necesidades específicas de este alumnado, que en muchos casos tiene grados de discapacidad superiores al 50%.
La situación no es nueva, según Antonio Fernández, presidente de Plena Inclusión Andalucía, quien recuerda que la falta de financiación para los comedores escolares en centros de educación especial lleva repitiéndose en los últimos diez años. Parte del problema reside en la falta de coordinación entre las ayudas del Ministerio y las de la administración autonómica. “Hay becas que son compatibles, pero los datos no se cruzan. Al final, incluso hay centros que deben devolver dinero cuando se detecta duplicidad”, explica Fernández. La burocracia, advierte, termina penalizando a quienes más dependen de la administración para garantizar servicios esenciales.
Mayor competencia
La Junta de Andalucía, que ya se ha reunido con la Federación Feproami, que representa a las organizaciones de personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral de Cádiz, ha defendido que las ayudas para comedores en centros privados que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales o que se encuentran en zonas de transformación social no habían tenido problema hasta este curso. Según ha explicado, la convocatoria ha dispuesto de dos millones de euros y ha funcionado mediante concurrencia competitiva, con un baremo público para determinar qué centros han recibido la subvención.
Educación ha señalado que este año se han presentado más centros que cumplen los requisitos, y que el listado provisional, publicado en noviembre, ha dejado al centro UPACE San Fernando entre los suplentes, con la misma puntuación que el año pasado. La diferencia, ha indicado, es que el último centro que ha entrado en la subvención este año ha obtenido 13 puntos, mientras que UPACE ha tenido 12. La resolución definitiva se ha publicado en diciembre y ha sido incluida en el BOJA en enero.
La consejera, Carmen Castillo, ha anunciado mejoras para el curso que viene. Entre las medidas que ha contemplado están aumentar ligeramente el presupuesto, para atender la creciente demanda, y revisar el baremo, que no ha cambiado en los últimos años, para garantizar que los criterios se han actualizado. Castillo ha reconocido que, aunque UPACE había recibido la subvención con la misma puntuación en cursos anteriores, este año no ha podido ser incluido por las limitaciones presupuestarias y la mayor competencia.
Luchar por la ayuda
Pero estas explicaciones no atienden lo que piden las familias. Creen que sus centros no deberían ser sometidos a una baremación ni tener que luchar entre ellos para obtener una ayuda. Porque, como han insistido en sus cánticos, sin comedor no es posible la inclusión plena. Muchas de las entidades que gestionan estos centros nacieron de la iniciativa de padres y madres. “No somos empresas privadas; los dueños somos los padres”, recuerda Javier Díaz, presidente de AFANAS Cádiz. Mantener estos centros implica un esfuerzo económico constante: pagar trabajadores, mantener instalaciones y cubrir servicios que en ocasiones no reciben financiación oficial.
La demanda de las familias es clara: ampliar la partida presupuestaria o cambiar el sistema de financiación para que el comedor deje de depender de convocatorias competitivas. Y, sobre todo, una solución urgente para este mismo año. Mientras tanto, la protesta dejó un mensaje contundente: para niños como Esperanza y Francisco, y para muchos otros, comer también forma parte de aprender.