Justicia gratuita

No es cierto que la Justicia en este país sea ciega, ya que ve bastante bien hacia la parte izquierda; y tampoco es verdad que la impartición de Justicia dependa del juzgado que te toque, que si eres sindicalista y el juez granadino es seguro que sobre ti caerá todo el peso de la ley. De la ley del embudo, que tan bien se ha aplicado a Rafael Blasco, consejero del PP en la Comunidad Valenciana, condenado a ocho años de prisión por robar ocho millones de euros de la ayuda al desarrollo. Considerando que está el hombre muy mayor y como la sentencia todavía no es firme, el juez ha tenido a bien pensar que podemos liberar y liberamos de la cárcel al susodicho presunto individuo, mediante el pago de una caución de 200.000 euros, aunque no sabemos cómo el pobre hombre va a reunir ese dineral.

Otrosí, considerando que un incauto joven guardia civil, a la sazón hijo de un concejal del PP, actuó sin maldad al grabar un vídeo mientras un amigote agredía sexualmente a una mujer, el ministro de Gracia y Justicia (menos gracia que Justicia, si ello fuera posible) ha decidido que puede indultar e indulta al susodicho benemérito número, que la seguridad española se vería seriamente comprometida si pierde a tan ilustre miembro viril.

Además, este gracioso indulto servirá de precedente al ministro Gallardón en el hipotético e improbable caso de que sea condenado su niño, Gallardón III, que huyó de la escena de un accidente de tráfico antes de que se le pudiera realizar el test de alcoholemia, que la Patria no puede permitirse el lujo de prescindir del hijísimo de Gallardón II y nietísimo del gran Gallardón I y padrísimo de Gallardón IV.

Otrosí, considerando que doña Yolanda Barcina, presidenta de Navarra por UPN (franquicia navarra del PP, y nunca mejor dicho lo de franquicia) acusada injustamente de malversación en las dietas de Caja Navarra y de favorecer fiscalmente a empresas amigas, todo lo hizo por amor a España y a la tierra que acoge amorosamente al Opus Dei, debemos decidir y decidimos que no se le aprecia relevancia penal y pelillos a la mar.

Otrosí, considerando el CGPJ que el magistrado del Tribunal Constitucional, excrecentísimo señor don Enrique López, es pieza esencial de la maquinaria justiciera española, debemos readmitir y lo readmitimos en la carrera judicial a pesar de haber sido pillado borracho conduciendo una moto sin casco y saltándose los semáforos en rojo, ya que sin su concurso quedarían muy perjudicados la justicia popular (del PP) y los denodados esfuerzos para acabar con los excedentes vitivinícolas de España. Como diría Rajoy, ¡Viva el vino!

Delito de leso capitalismo

Resultando que la Justicia tiene que ser equitativa tras aplicar tantos atenuantes, eximentes y hasta astringentes, se hace preciso aplicar también los correspondientes agravantes. Y para ello nada mejor que el juzgado número 1 de lo Penal y la Audiencia Provincial de Granada, que en estricta aplicación de la antedicha Ley del Embudo debe condenar y condena a los peligrosos sindicalistas Carlos Cano y Carmen B.C. a la pena de ¡tres años de cárcel! por sendos delitos de lesa patria y de leso capitalismo, por el horripilante crimen de formar parte de un piquete que causó daños en un bar por valor de 700 euros, con los agravantes de nocturnidad mañanera, premeditación, ensañamiento con el bote de pintura e inundación del establecimiento con hasta ocho panfletos.

A decir verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, puedo asegurar y aseguro que el PP, y en su nombre la mayoría de los jueces, ha conseguido que la Justicia española sea gratuita, o sea, arbitraria y sin fundamento.

No es cierto que la Justicia en este país sea ciega, ya que ve bastante bien hacia la parte izquierda; y tampoco es verdad que la impartición de Justicia dependa del juzgado que te toque, que si eres sindicalista y el juez granadino es seguro que sobre ti caerá todo el peso de la ley. De la ley del embudo, que tan bien se ha aplicado a Rafael Blasco, consejero del PP en la Comunidad Valenciana, condenado a ocho años de prisión por robar ocho millones de euros de la ayuda al desarrollo. Considerando que está el hombre muy mayor y como la sentencia todavía no es firme, el juez ha tenido a bien pensar que podemos liberar y liberamos de la cárcel al susodicho presunto individuo, mediante el pago de una caución de 200.000 euros, aunque no sabemos cómo el pobre hombre va a reunir ese dineral.

Otrosí, considerando que un incauto joven guardia civil, a la sazón hijo de un concejal del PP, actuó sin maldad al grabar un vídeo mientras un amigote agredía sexualmente a una mujer, el ministro de Gracia y Justicia (menos gracia que Justicia, si ello fuera posible) ha decidido que puede indultar e indulta al susodicho benemérito número, que la seguridad española se vería seriamente comprometida si pierde a tan ilustre miembro viril.