La comunidad educativa llama a la huelga el 11 de noviembre
La vuelta a las aulas en septiembre debería ser para la comunidad educativa un momento de ilusión, un retorno a la normalidad sembrando futuro para las nuevas generaciones. Sin embargo, el inicio de curso en Andalucía, que estrena cogobierno del PP con la extrema derecha, vuelve a poner de manifiesto carencias estructurales que dificultan la labor docente y la atención a nuestro alumnado.
Las elevadas ratios en las aulas, el abuso y la precariedad que viene arrastrando el profesorado interino, el déficit persistente de medios y recursos para la atención a la diversidad, la parsimonia en la adaptación de los centros a temperaturas extremas (pese a la Ley de Bioclimatización aprobada hace más de un lustro) y la asfixiante sobrecarga burocrática son solo algunas pinceladas sobre un panorama desgastante que sufren diariamente familias y docentes.
Esta dinámica repercute de manera directa en las condiciones laborales de las plantillas docentes, que acumulan una pérdida de poder adquisitivo estimada en un 14% durante los últimos ocho años. Dignificar la profesión docente requiere actualizar las retribuciones conforme al incremento del coste de la vida, mejorando asimismo los complementos salariales por destino en zonas tensionadas (cruciales en un momento como este de crisis habitacional y urgente necesidad de medidas valientes en materia de vivienda). Urge asimismo reducir la carga lectiva para un seguimiento individualizado, revisar el complemento de tutoría y mejorar las condiciones de trabajo del personal interino en aspectos clave como más opciones para la conciliación en la petición de destinos (zonificación) y la garantía de su estabilidad laboral vía planes excepcionales de refuerzo y aumento de las plantillas docentes.
La inclusión educativa no puede quedar supeditada a recursos temporales e insuficientes que dependen de fondos europeos
A todo ello se suma la necesidad de abordar con sensibilidad el envejecimiento de los claustros. Quince años después de los recortes de los años de la crisis financiera global, ya somos la mitad de la plantilla docente quienes nos vemos abocados a la jubilación con 67 años.
Desde USTEA y los STEs reclamamos la recuperación de la jubilación voluntaria a los 60 porque los retos educativos del futuro requieren de equipos docentes jóvenes de los que las bolsas de trabajo y las universidades están repletos. Y porque a largo plazo, el sistema es insostenible si no ofrecemos una dignificación de las condiciones laborales que haga de la docencia una profesión atractiva. Por ello, para cuidar a nuestros docentes más veteranos, desde USTEA reclamamos un plan de estabilización que garantice las vacantes al personal interino mayor de 55 años, aumentar los días de libre disposición, reducciones horarias adicionales para el profesorado mayor de 60 y reducciones de jornada voluntarias para el personal con menos de cinco años para la edad de jubilación ordinaria.
La inclusión educativa no puede quedar supeditada a recursos temporales e insuficientes que dependen de fondos europeos. En el contexto socioeconómico andaluz, donde las desigualdades crecen y nuestro alumnado corre el riesgo de quedarse atrás, urge garantizar un aumento de las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación y PTIS con plazas estables en cada centro, así como poner un tope a las ratios por especialista. De igual modo, la Formación Profesional requiere una oferta pública amplia, recursos adecuados y una implantación de la modalidad dual que no sobrecargue a las plantillas ni genere desigualdades territoriales.
Las organizaciones sindicales y la comunidad educativa tenemos por delante el reto de levantar un escudo en defensa de la escuela pública: de la atención a la diversidad, de las condiciones de sus profesionales y de sus valores democráticos, coeducativos y multiculturales. Por eso este 11 de noviembre llamamos a la huelga y a la movilización recordando que, en esta legislatura, la escuela pública está en juego.