Germán Girela, presidente de CSIF en Andalucía: “Faltan 25.000 trabajadores en sanidad, educación y justicia”

Reforzar plantillas, mejorar los salarios para no perder poder adquisitivo o cumplir con los compromisos adquiridos a través de la firma de los convenios. Los objetivos son muchos y Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, apremia a la Junta de Andalucía, el principal interlocutor del sindicato, a avanzar paulatinamente en vez de firmar deprisa y corriendo en el último tramo de la legislatura, como ocurrió antes de las elecciones autonómicas de mayo.

El tono de Girela no ha cambiado en su última etapa en el frente andaluz: es claro y, al mismo tiempo, amable en formas. Pero mantiene que su principal función está enfocada en mantenerse vigilantes y dispuestos a la negociación, más en un momento en el que Vox, en el Gobierno andaluz, marca distancias con las organizaciones sindicales. La mayor crítica es la falta estructural de trabajadores en Sanidad, Educación y Justicia, que se estima en unas 25.000 personas, en un periodo en el que avanza la privatización de la formación profesional o se sobresaturan los juzgados.

Alcanzaron un preacuerdo para el VII Convenio Colectivo que afecta a 21.000 personas. ¿En qué mejora las condiciones de los trabajadores? Tras más de dos décadas para aprobarse, ¿se puede revertir esta tónica?

Hay que revertirla, y tenemos que impulsar espacios de negociación para poder revertir esa tónica. No es de recibo que un convenio no se actualice en 24 años, el antiguo databa de 2002. Estamos muy satisfechos con la firma de este preacuerdo, aunque ahora requiere de un desarrollo reglamentario que también va a surtir los efectos oportunos, pero hay avances importantísimos.

Entre ellos, hay una actualización en cuanto a avances retributivos que tienen que ver con la carrera profesional, reclasificación, cuestiones que tienen que ver con mejora en la jubilación, en la movilidad, en la conciliación, en la posibilidad del teletrabajo. Esperemos que el VIII convenio no tarde tanto como este.

¿Qué fechas manejan?

Ahora tiene que pasar todos los trámites del Consejo de Gobierno, pero entendemos que la firma del preacuerdo tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero del 26, por lo que antes de finalizar el año estará perfectamente vigente.

¿Qué convenios colectivos son los más urgentes de renovar?

Tenemos pendientes los que se derivan de los acuerdos que firmamos en Mesa General, entre ellos, este VII Convenio que ya tiene un preacuerdo y que servirá como faro guía para el resto del sector público instrumental, que tiene, aproximadamente, 27.000 trabajadores repartidos en más de 70 organismos que tienen que actualizar su convenio. Es bastante trabajo.

Venimos de unas elecciones autonómicas en donde se puso el foco en los servicios públicos. Desde CSIF, se estima que falta un gran contingente profesional. ¿Cree que la contratación es posible tras un periodo de estabilización?

Esta cuestión no tendrá la inmediatez que nos gustaría, ni será fácil, pero como organización sindical no podemos renunciar a que las plantillas se refuercen con carácter estructural ante la falta de unos 25.000 efectivos, hablando solo de los servicios esenciales. Sanidad requiere unos 18.000 efectivos, no ya para mejorar la sanidad y dar la calidad que nos gustaría sino para igualar la media nacional de ratio entre profesional y paciente. En el caso de Educación, son unos 6.000 profesionales, mientras que en Justicia unos 500, como mínimo. Estamos hablando de servicios públicos esenciales para poder ofrecer a la ciudadanía un servicio de mayor calidad. Vamos a estar en esa lucha.

Ya hay fecha para la huelga general, el 11 de noviembre, ¿cuál es su posicionamiento?

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas, CSIF no va a secundar la huelga general convocada. Somos un sindicato profesional e independiente y nuestra actividad responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.

Sin embargo, la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia. Ya anunciamos una huelga general cuando estábamos negociando la subida salarial de las empleadas y empleados públicos de todo el país, pero llegamos a un buen acuerdo. Lo que ahora toca es reunirse con los partidos políticos para trasladarles nuestras propuestas de mejora en la sanidad, la educación, la justicia y otros tantos ámbitos.

Volviendo a lo autonómico, Educación tuvo un error técnico en la adjudicación de plazas a interinos al inicio de este curso. Tras haberse reunido con la Consejería, ¿cómo valoran esta situación y qué mejoras se necesitan?

El fallo de la adjudicación de SIPRI es imperdonable y grave. Un fallo que ha afectado a muchos compañeros que se han desplazado a los sitios donde les habían dado destino con una reserva de alojamiento ya hecha, por lo que ha ocasionado un daño importante. No se puede consentir en la administración del siglo XXI este tipo de errores. Ahora tenemos por delante movilizaciones relacionadas con los interinos, porque solicitamos que haya peticiones comarcales y las adecúen a las posibilidades de conciliación con su familia. Vamos a estar en eso.

En el final de la legislatura pasada tuvimos algún avance importante, como el acuerdo que permitirá una bajada progresiva de ratio y la disminución de la burocracia. Un acuerdo que va en la dirección correcta, pero es insuficiente y tenemos que profundizar más. Está en juego la calidad del sistema educativo, como hemos visto en el último informe PISA, que nos pone en muy mal lugar y nos tiene que hacer reflexionar cuando la inversión que hay por alumno en Andalucía es sensiblemente inferior a la media nacional, casi 500 euros menos.

El crecimiento que ha tenido la FP privada ha sido de un 1.200% mientras que en la pública ha sido del 50%

¿Cree que se traducirá esta demanda en los próximos presupuestos autonómicos?

Desgraciadamente, no se está haciendo. Espero que en los próximos lo tengan en cuenta, ya que, sin menospreciar el argumento de las pantallas digitales y de lo que supone como obstáculo a tener mejores resultados, el sistema educativo tiene que avanzar en otras muchas cosas, como el refuerzo de las plantillas.

En la última década, ha habido un aumento importantísimo de alumnado con necesidades educativas especiales y con necesidades específicas de apoyo educativo, en alrededor de un 50%, lo que hace mucho más compleja la situación en un aula para mejorar y avanzar. Al igual que reducir la burocracia: los profesionales de la docencia tiene que dedicarse a lo que saben hacer, que es enseñar a los niños en todas las competencias.

Aquí al lado tenemos un centro de formación profesional. ¿Van a emprender acciones concretas para pedirle a la Junta que revierta la privatización de esta enseñanza?

Es una constante que se repite en cada reunión con la Consejería de Educación. No es posible que este Gobierno esté dejando que caiga en manos de la privada toda la oferta, o de una manera muy importante. El crecimiento que ha tenido la FP privada ha sido de un 1.200% mientras que en la pública ha sido del 50%. Eso requiere que la administración haga una apuesta importante por la FP en la red pública.

Lo hemos pedido primero en la vía de la negociación, luego en la vía de la movilización y llegaremos a los extremos que haya que llegar para revertir esta medida. Es una irresponsabilidad por parte de la administración andaluza, que está dejando en manos de la privada la formación de muchos jóvenes andaluces.

El dispositivo Infoca que ha estado en la época de riesgo no ha estado al 100% en ningún momento

Esa fue la tónica de la pasada legislatura: negociación, presión y movilización. ¿Creen que se repetirá en esta?

En la última fase de la legislatura se avanzó en algunos sectores con déficits importantísimos. Al final, es el ABC de una organización sindical: negociación, movilización e, incluso, huelga cuando sea necesario para revertir situaciones tan dramáticas como esta.

¿Hay suficientes efectivos en el Infoca?

Es una de las asignaturas pendientes de muchas administraciones, en especial en Andalucía. El dispositivo Infoca que ha estado en la época de riesgo, que se prolonga hasta el 15 de octubre, no ha estado al 100% en ningún momento.

Esto hace que se colapse de manera importante la atención y la respuesta rápida a dar. Me parece una irresponsabilidad y, siempre lo decimos, los incendios se apagan en invierno con un importante dispositivo que trabaje en prevención y en la preparación de nuestros montes para que el verano no se corran los peligros actuales. Hay mucho camino por recorrer.

Se cumplió un año de la crisis de cribado de cáncer de mama y, en respuesta, se puso en marcha un plan de choque. ¿Cómo valora el servicio y la transparencia de la Junta, ya que el Defensor del Pueblo o las propias asociaciones, como Amama y la Asociación Española Contra el Cáncer, piden más datos?

Las explicaciones de la Junta de Andalucía nos parecen del todo insuficientes y de lo que sí estamos convencidos, y lo hemos dicho, es de que esto es un ejemplo dramático y gravísimo de la falta de plantilla de forma estructural que hay en determinados servicios, que, a veces, conduce a ciertos errores que no son achacables a los profesionales sino a la ausencia de efectivos. Esperamos que haya transparencia y que los mecanismos que se pongan en marcha funcionen y, sobre todo, que nos trasladen toda la información porque, en estos momentos, nosotros tenemos la que tiene el resto de la ciudadanía.

En cuanto a la información que tenemos sobre las contrataciones, se ha aumentado el número de trabajadores que tienen entre sus competencias el cribado, pero no el que se pretendía en un principio, entre otras cosas, porque es difícil encontrarlos. El problema de fondo de retener el talento, como lo denominan, es que en nuestra comunidad subyace una falta de refuerzos estructurales, una cuestión que tiene que abordar el Gobierno andaluz: si queremos tener un número suficiente de profesionales, debemos replantear qué tienen que cobrar y cuáles son sus condiciones laborales, que van atadas a la movilidad o a la vivienda.

La crisis de los cribados es un ejemplo dramático y gravísimo de la falta de plantilla de forma estructural que hay en determinados servicios

¿Cómo se está viendo perjudicado el poder adquisitivo del trabajador andaluz?

Depende de cada categoría profesional, pero en torno a un 50% o más en el caso de muchos empleados públicos. Tenemos casos sangrantes en la Costa del Sol, donde hay compañeros que trabajan en los hospitales y están durmiendo en una furgoneta adaptada o en caravanas porque son incapaces de pagar un alquiler. Un problema muy importante en el que la administración tiene mucho camino que recorrer y, en ese sentido, veremos si la nueva Consejería de Vivienda es capaz de dar respuesta a la ciudadanía y, especialmente, a la juventud.

El interlocutor de CSIF es, sobre todo, la administración pública. ¿Cuán importante es lo que se consiga en este sector para que se replique en el privado?

Es importantísimo, porque la administración ejerce como punta de lanza para las mejoras y conquistas de los derechos laborales. Lo viene haciendo en múltiples facetas, ya sean las bajas maternales y paternales con el aumento de semanas, y todos los pasos que dé para facilitar la vivienda a sus empleados públicos y adecuarlo al poder adquisitivo seguro que serán ejemplificantes para la empresa privada.

En cuanto al Pacto para la mejora de la atención primaria, ¿cómo está siendo el seguimiento?

Una de las reivindicaciones que tenemos es su cumplimiento y sufre una evolución muy desigual, como el de otros muchos acuerdos. Esta tiene que ser la legislatura del cumplimiento. Uno de ellos es el pacto por la mejora de la atención primaria. La atención primaria es la puerta de acceso al sistema sanitario y ahí hay que poner toda la carne del asador para aliviar la presión asistencial de los hospitales, a pesar de las dificultades, como ha ocurrido con la última OPE para cubrir las plazas de médicos, que no se ha hecho en su totalidad.

Exigimos la actualización retributiva de los profesionales de la Justicia en Andalucía ante el agravio comparativo con el resto del país

También, comentaba la falta de profesionales en justicia, un área que está en manos de Vox, partido que está en contra de las organizaciones sindicales. ¿Se han reunido con el consejero Manuel Gavira?

No, aún no nos hemos reunido. CSIF se ha reunido con dirigentes de la Consejería y del sector y hemos puesto encima de la mesa las no pocas urgencias que hay, como el incremento de algunos efectivos o la implantación de los nuevos juzgados de instancia, que están siendo un absoluto caos. También, hay otro obstáculo estructural a modificar: Adriano, el programa informático que gestiona todos los trámites de la Consejería de Justicia. Y otra cuestión urgente es la actualización retributiva de los profesionales de la Justicia en Andalucía ante el agravio comparativo con el resto del país, en el que todos han llegado a un acuerdo para aumentar el complemento específico.

La reciente polémica entre el Ministerio de Igualdad y la Consejería sobre las unidades de valoración para las víctimas de violencia de género también está relacionada con que Vox ya pidió una relación de sus trabajadores cuando entró en el Parlamento andaluz.

Vamos a estar vigilantes en una cuestión tan importante y tan real como es la violencia de género, además de para que no se reviertan en estas políticas y no demos ni un paso atrás para el cumplimiento de los planes que hay y que se conduzca a mejorar este drama que no solo tenemos en Andalucía, sino en el país. La igualdad está en el ADN de nuestra organización, siempre lucharemos por ella.

¿En cuanto al posicionamiento de Vox con respecto a los sindicatos?

Es algo que a nadie se le escapa. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox hay alguna cuestión relacionada con la disminución de las subvenciones a las organizaciones sindicales: a nosotros no nos preocupa en absoluto, porque no necesitamos subvenciones para funcionar. Somos independientes, no solo en términos ideológicos sino económicos. Pero sí estaremos vigilantes en la negociación colectiva y el diálogo social necesario con las organizaciones sindicales para que se lleven con normalidad. En todo caso, esperamos que sea más abierto y plural de lo que ha sido hasta ahora para tener una imagen más moderna y representativa del mundo actual.

¿Qué esperan de la nueva Consejería de Inteligencia Artificial?

Esperamos información sobre las cuestiones que hará. Nos movemos en el mundo de la digitalización y la inteligencia artificial va a afectar al mundo laboral y hay que ponerlo en juego de la mano de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores, por lo que hay que tener una comunicación fluida con las organizaciones sindicales. Eso hasta ahora no ha ocurrido. De todas formas, espero y deseo que el consejero tenga una relación fluida con nosotros, ya que es responsable de Función Pública. Así que espero que trabajemos en la incorporación de la IA o los procesos de digitalización sin que afecte a la calidad de empleo y al tejido de la administración.

¿Cómo ve la diferencia entre el teletrabajo en lo público, que ya está consolidado, y en lo privado, en retroceso?

En principio, tenemos este acuerdo de teletrabajo que debería haber salido para este mes de septiembre. Se va a retrasar y eso incumple lo comprometido por la administración. En todo caso, el teletrabajo es una forma no presencial de trabajo y tiene que haber un control efectivo sobre las tareas. Nadie tiene que tener ninguna duda sobre que la jornada de teletrabajo tiene que ser igual de efectiva que una jornada de trabajo presencial.

Cierto es que, en la empresa privada, hay un aumento importantísimo, sobre todo en los sectores tecnológicos y de perfiles informáticos, pero hay un cierto retroceso, para lo que tenemos que hacer una reflexión al respecto y valorarlo, porque hay puestos de trabajo para desempeñarse de forma no presencial que permiten una mayor conciliación y una menor huella en el impacto ambiental. Todo ello, hay que hacerlo de manera responsable, planificada y consensuada.

El colapso existe en, prácticamente, todos los centros penitenciarios de Andalucía, y hay una falta de personal importante

La apertura del nuevo hospital psiquiátrico penitenciario en Alcalá de Guadaíra parece que se retrasará por el hallazgo de amianto. Sin embargo, la presión que sufre el actual hace que los trabajadores clamen por mejoras. ¿Esta saturación se extiende al resto del sistema penitenciario andaluz?

El colapso existe en, prácticamente, todos los centros penitenciarios de Andalucía, y hay una falta de personal importante. Como competencia nacional, hay reivindicaciones urgentes, como el plan de reestructuración de instalaciones, al igual que ser capaces de activar mecanismos de emergencia, como el botón del pánico, para anticiparnos a lo que sufren los compañeros y que pueden acabar en agresiones.

También, ser capaces de establecer medios coercitivos como las pistolas táser que, aunque haya visiones encontradas en la ciudadanía, puedo hablar del día a día de los compañeros delegados en las prisiones, que viven situaciones muy peligrosas, para lo que hay que darles herramientas suficientes. Además, hay que construir más centros penitenciarios o establecer una reorganización de los presos en función de su catalogación, por eso nosotros pedimos un nuevo sistema de clasificación.

A la vista de lo que ha sucedido con Airbus, que no solo se ha saldado con una huelga importante, también ha habido desconfianza hacia los sindicatos y peleas internas. ¿Notan que haya desafección?

A veces, las organizaciones sindicales tenemos criterios diferentes a la hora de llegar a un mismo objetivo, pero, en nuestros principios, está la coherencia y la cercanía con los trabajadores: explicamos lo que hacemos. Creo que los sindicatos crecen y tienen crédito cuando son útiles a los trabajadores y son responsables, es decir, elegir el camino más largo aunque el corto sea el más tentador.

¿En CSIF tienen afiliados jóvenes? ¿En qué situación se encuentran ahora?

Estamos en el mejor momento de la historia de CSIF en cuanto a afiliación. A nivel nacional tenemos más de 265.000 afiliados y aquí tenemos más de 88.000 personas afiliadas, que es la mayor cifra a nivel andaluz. Aunque es verdad que los empleados públicos tienen una media de edad muy elevada, incluso por encima de los 50 años, cada vez se incorporan más jóvenes.

Hacemos gala de ser un sindicato independiente, profesional y moderno, y eso atrae a muchos trabajadores jóvenes, y explicamos lo que hacemos en cada momento y tenemos unos principios clarísimos. Somos el sindicato más representativo en las administraciones públicas, pero también el que más crece en empresas privadas. No podemos estar más que muy satisfechos.

Espero que trabajemos en la incorporación de la IA o los procesos de digitalización sin que afecte a la calidad de empleo y al tejido de la administración

¿Cómo ve esta legislatura?

Esta legislatura vamos a velar por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el tramo final de la pasada, que no es poca cosa, porque las administraciones, desgraciadamente, muchas veces acuerdan cosas que les cuesta luego poner en juego. Vamos a avanzar en reforzar los servicios públicos porque es una de nuestras máximas, al igual que la consecución del empleo de calidad, la mejora de la negociación colectiva y la igualdad; esos son nuestros cuatro pilares por los que velaremos.

¿Qué opina sobre las declaraciones vertidas por Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral y las bajas?

Se habla de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la administración y de la empresa privada con cierta ligereza. El mundo laboral de hoy es complejo y hay una afectación muy importante de todos los cambios habidos, como en la salud mental. Sin embargo, no se trabaja en prevención de manera decidida cuando es un eje fundamental en la política de empleo y en los centros de trabajo. Tanto la administración como la empresa privada deben cuidar a las personas trabajadoras para que tengan suficiente dignidad y calidad de empleo con el fin de minimizar ese absentismo laboral o esas bajas laborales, que no son lo mismo.

Cuando una persona está de baja laboral es porque tiene un problema sanitario y el médico le ha prescrito una baja médica y, por tanto, se ausenta del trabajo, mientras que el absentismo está relacionado con otras cuestiones que habrá que analizar en cada caso y hacerle un seguimiento de las mismas. En cualquier caso, invito a las administraciones y a las empresas privadas a que pongan la prevención de riesgos laborales en el centro de sus políticas.

Invito a las administraciones y a las empresas privadas a que pongan la prevención de riesgos laborales en el centro de sus políticas

A nivel nacional, CSIF prepara acciones jurídicas sobre la actuación de las administraciones públicas en Ceuta. ¿Desde Andalucía harán alguna recomendación particular, mas cuando no se ha activado el convenio que existe entre las dos administraciones para el traslado de menores extranjeros no acompañados?

Las denuncias van dirigidas a ver si las administraciones están haciendo todo lo que deben para poder dar servicio y cobertura a las necesidades que surgen en la sociedad. Ante una crisis como esta, nos ponemos al lado de los compañeros de nacional, que gestionen este tipo de reclamaciones.

En cuanto al tema del traslado sobre los menores no acompañados, lo que tenemos que decir al respecto es que desde la dimensión de los servicios públicos tiene que dar cobertura a las necesidades que en cada momento se produzca y, para ello, las administraciones se tienen que poner de acuerdo y coordinarse. El colapso sanitario en Ceuta es brutal y los compañeros de las fuerzas y seguridad del Estado están doblando turnos continuamente, así que no se están poniendo todos los mecanismos para dar cobertura a esta situación tan crítica.