La alcaldesa de Motril reconoce que usó dinero público del grupo municipal para pagar la multa de una condena

Álvaro López

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El pago con fondos públicos de una sentencia contra la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), ha desatado una tempestad en el seno de los populares por las dudas sobre la legalidad de esa operación. Un grupo de afiliados del Partido Popular en el municipio motrileño ha desvelado dos extractos bancarios que relacionan directamente a la regidora con el ingreso de 4.000 euros que habrían servido para pagar una sentencia en la que fue condenada por injuriar a José Luis Hernández (PSOE), exgerente de Visogsa, una empresa de la Diputación de Granada dedicada a la gestión de suelo y viviendas en la provincia. García Chamorro lo reconoce, aunque con matices.

Los extractos, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, detallan dos pagos de 2.000 euros, cada uno procedente de las cuentas del grupo municipal del Partido Popular de Motril. Es decir, dinero extraído de los presupuestos de la localidad granadina y por lo tanto de fondos públicos. Son dos ingresos bancarios a la cuenta personal de la alcaldesa y que se ejecutaron entre el 4 y el 7 de noviembre de 2019, dos meses después de que el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada condenase a Luisa García Chamorro a tener que abonar 4.616,15 euros por injuriar al exgerente de Visogsa en el año 2011.

En aquella ocasión, la hoy alcaldesa de Motril y única candidata a la presidencia del PP en esta localidad, era vicepresidenta de la Diputación e insinuó que el ex alto cargo había hecho uso de una tarjeta Visa Oro al margen de su contrato y de su sueldo anual. Una acusación por la que Hernández la denunció por un delito de calumnias y otro de injurias graves. Al tiempo, aunque en un principio la justicia archivó el caso, la Audiencia de Granada le dio la razón al exgerente de Visogsa y condenó, en el año 2017, en primera instancia a Luisa García Chamorro a pagar 1.080 euros de multa por injuriarle. Dos años después, el juzgado incrementó esa cuantía hasta los 4.616,15 euros al añadir las costas procesales, la propia multa inicial y el coste de publicar en los medios de comunicación la sentencia que la condenó.

Una filtración interna

Dos meses después de que la decisión judicial fuese firme es cuando se hacen los ingresos desde la cuenta del grupo municipal del PP a la cuenta personal de la alcaldesa y en ambos extractos bancarios se indica como concepto “indemnización”. Sin embargo, estas operaciones no habían salido a la luz hasta ahora cuando un grupo de afiliados del Partido Popular de Motril ha decidido hacerlas públicas. Lo han hecho a través de varias cartas remitidas a miembros de la formación, incluyendo al presidente provincial de los populares granadinos, Francisco Rodríguez. En ellas adjuntan los polémicos extractos bancarios y se preguntan cómo es posible que nadie haya hecho nada con esa información.

La primera misiva se envió en agosto al presidente del PP de Granada, según consta en la propia carta; después la recibieron un diputado provincial, uno de los candidatos a la presidencia local de Motril y el gerente del partido sin que trascendiese nada. De hecho, en la última carta, este grupo de afiliados llegan a decir que “como vemos que la dirección del partido no toma ninguna medida al respecto y que con su actitud se hace cómplice de la situación que detallamos en nuestra anterior carta, pasamos a la fase de la publicación de esta documentación justificativa de la irregularidad cometida”. Un paso que han dado en los últimos días y que ha hecho que la información sobre el uso de los fondos públicos por parte de la alcaldesa haya llegado al resto de grupos municipales del Ayuntamiento de Motril.

La alcaldesa defiende la legalidad de los hechos

Este medio se ha puesto en contacto con Luisa García Chamorro para obtener su versión de los hechos. La dirigente motrileña confirma que pagó la multa de 1.080 euros que se le puso en primera instancia a través de comprobantes de ingreso a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Sin embargo, la alcaldesa considera que el resto del dinero que tuvo que abonar fue para “gastos jurídicos que sí se pueden pagar por parte del grupo municipal”. “Esos ingresos se hicieron para pagar las costas”, puntualiza y añade que “con el dinero del grupo lo único que no se puede pagar son nóminas o gastos de campaña electoral”.

Pero las diferentes fuentes políticas y jurídicas consultadas cuestionan no solo la legitimidad de los ingresos, sino por qué se hicieron desde el grupo municipal si las injurias las cometió en calidad de diputada provincial. Por otra parte, hay casos en los que señala que “la dotación a los grupos municipales no puede tener otro destino que sufragar gastos relacionados con la actuación corporativa de dichos grupos”. En este caso el gasto, como explican los afiliados denunciantes, se destinó a un fin personal de la alcaldesa, ya que ella fue la denunciada, y dicho gasto no tenía nada que ver con su condición de concejal, ya que injurió siendo diputada provincial.

Al respecto, la alcaldesa sostiene que el grupo municipal se lo paga “por ser concejal”, aunque no da más detalles al respecto. Tampoco sabe por qué los 4.000 euros se abonaron en dos pagos y no en uno. “Imagino que los dos pagos se harían en lugar de uno por temas bancarios… La verdad es que lo desconozco”. Argumenta que en aquel momento ella no llevaba las cuentas del grupo, sino que se encargaba la secretaria del partido a nivel municipal y que la intervención del Ayuntamiento apuntó esos ingresos como “gastos jurídicos”. Sin embargo, según fuentes del Consistorio de Motril, hace al menos tres años que “no se fiscalizan las cuentas de los partidos políticos”.

Influir en el Congreso local

Luisa García Chamorro, que denunciará ante la justicia la publicación de sus datos bancarios, considera que este asunto es una maniobra orquestada desde el seno del propio Partido Popular. Insiste en que “todo es perfectamente legal” y que “está claro que esto viene de filtración interna” porque este viernes se celebra el Congreso local en el que saldrá elegida presidenta del PP de Motril si no hay cambios de última hora. Una cita marcada en rojo en el calendario porque supone la salida del diputado nacional Carlos Rojas como dirigente motrileño y la llegada de Chamorro en un momento en el que su relación con los afiliados está tocada.

La alcaldesa carece de apoyos internos en la formación a nivel local, lo que choca con el respaldo que ha recibido del aparato provincial de los populares. De hecho, el presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, inició el curso político en Motril en un claro acto de respaldo hacia la regidora que no fue entendido por gran parte de la militancia. Las disputas de Chamorro con algunas de las personas de su círculo de confianza son más que notables y conocidas a nivel provincial, por lo que aquella unión fue calificada por algunas fuentes internas como un acuerdo entre líderes sin respaldo orgánico de las bases.

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